Por: Jorge Burgos
Tegucigalpa, Honduras. – La Mesa Ciudadana, en un comunicado titulado Inseguridad, Extorsión y Acción Gubernamental, señala que la acción estatal no debe limitarse a la captura de supuestos extorsionadores porque la iniciativa quedaría incompleta.
En el control de la extorsión es necesario enfrentar a las pandillas y al crimen organizado, pero también debe desarticularse la red de complicidad que existe en instituciones policiales, militares, bancarias y comunitarias, dice el comunicado.
Honduras está en estado de excepción desde el pasado 6 de diciembre con vigencia de un mes, con el argumento de combatir la criminalidad, en especial el delito de la extorsión y podría ser ampliado, según lo han adelantado fuentes policiales.
El estado de excepción ha sido duramente criticado por los organismos defensores de derechos humanos, quienes han solicitado la suspensión del mismo y la puesta en marcha de otras medidas.
Bajo este panorama es que la Mesa Ciudadana manifiesta que los ejecutores del plan gubernamental deben reunir las pruebas suficientes que permitan a los fiscales preparar un caso con la consistencia necesaria para que un juez los condene por los delitos demostrados.
La simple captura y los operativos de impacto no son suficientes para el éxito esperado, lo que obliga a pensar en lo que va a pasar después, sobre todo si los fiscales no están incorporados para dirigir la recolección de pruebas y más aún, desconociendo en dónde meterán a los capturados si las cárceles están saturadas.
El abordaje integral va más allá de la persecución y captura de supuestos extorsionadores y esto debe quedar claro en cualquier plan antiextorsión, señala la Mesa Ciudadana.
La plataforma de reconocidas figuras del ámbito político, social y científico, que conforman la Mesa Ciudadana, sugiere la que la utilización de medidas de excepción para enfrentar la inseguridad en general y la extorsión en particular debe ir acompañada de cinco condiciones complementarias: ser limitada en el tiempo; estar coordinada con otras instancias del sistema de justicia y del sistema bancario; estar combinada con acciones de prevención; ser controlada desde la ciudadanía en general y desde los organismos defensores de derechos humanos en particular; y debe quedar comprometida a rendir cuentas sobre los resultados ante la ciudadanía y ante el Congreso Nacional.
Analiza que, actuando de esta manera, se garantizará una acción gubernamental responsable, eficaz y sostenida, y se compensará la desconfianza y el temor que suscita siempre la suspensión de garantías y derechos constitucionales, sobre todo con la participación de policías y militares que son expertos en violarlas.
La mesa propone que es indispensable un abordaje integral, con enfoque de prevención y control. La acción preventiva no requiere de la suspensión de derechos y se ejecutará a más largo plazo. La prevención requiere igual atención que el control.
Argumentan que los policías y militares no deben monopolizar la acción antiextorsión. El abordaje integral supone también la incorporación de los otros componentes del sistema de justicia que son indispensables para el éxito de esta iniciativa.
El comunicado contempla, además, que es indispensable dar seguimiento al rumbo que toma el dinero de la extorsión. Si se logra establecer hacia dónde va el dinero cobrado por la extorsión y en qué se invierte, será posible llegar a niveles superiores de la cadena del delito, perseguirlo y asegurar que se someta a la justicia.
También señala que es necesario iniciar, desde que empieza a ejecutarse el Plan, una acción de seguimiento y evaluación, que permita controlar excesos, hacer ajustes, enmendar errores, identificar los mecanismos que posibilitan el éxito, deducir aprendizajes y diseñar las siguientes etapas del Plan.
Este Plan debe estar bajo la supervisión y control personal y directo de la presidenta de la República para su intervención oportuna y enmendar acciones inapropiadas sobre los encargados directos de ejecutar el plan.
Al final de cada etapa, debe rendirse cuentas a la ciudadanía respecto a las acciones ejecutadas, los problemas encontrados, los logros y los fracasos obtenidos, así como el uso detallado de todos los fondos asignados al Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión.
Finalmente, reconoce que el abordaje de la criminalidad común y organizada es de mucha complejidad y mucho riesgo político y social, particularmente cuando se enfrenta un delito como el de la extorsión que ha crecido de forma desmesurada echando raíces en varias instancias estatales y sociales.
Ante esa realidad, la Mesa Ciudadana propone impulsar planes para enfrentarlo es oportuno y altamente positivo, siempre y cuando se recuerde que el objetivo final es la tranquilidad de la ciudadanía y aquí se vuelve fundamental el control directo y responsable de la acción policial y militar involucrada.
