La historia de Pandora I se repite. La actual CSJ emitió sobreseimientos definitivos contra tres de los implicados en Pandora II, incluido el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y sobreseimientos provisionales para la mayoría de los sindicados por fraude
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque algunas esperanzas fueron depositadas sobre la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), la última resolución dictada en el caso Pandora II, que involucra a los expresidentes Juan Orlando Hernández (2014-2022) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) en una red de corrupción, ha puesto en entredicho la independencia del Alto Tribunal.
El jueves 1 de febrero, en audiencia inicial, el magistrado de la CSJ y juez natural asignado al caso Pandora II, Walter Miranda, dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y el exdirector de Presupuestos de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona.
El juez basó su fallo en «la falta de acreditación con el mínimo de indicio racional de la prueba de participación en los hechos indicados en el requerimiento fiscal».
Estas tres personas habían sido acusadas por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, el 11 de octubre de 2023, por su participación en el caso Pandora II.
Además de ellos, de acuerdo con las investigaciones de la Uferco, estaban implicados el expresidente Juan Orlando Hernández, el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, los exgerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas, James Aldana Medina y Lilian María Bográn Rivera, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
Según la Uferco, el caso Pandora II se enfocó en una red de exfuncionarios del Estado que entre 2010 y 2013 facilitó desembolsos de más de 288 millones de lempiras a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista. Este entramado incluyó instancias como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
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Juan Orlando Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, se benefició de estos desembolsos, recibiendo al menos 62 millones de lempiras para financiar su campaña política en las elecciones generales de 2013.
Los fondos públicos se destinaron a movimientos como «Azules Unidos», «Amigos de JOH», la sociedad mercantil «La Cachureca» y gerentes de campaña departamentales.
Por otro lado, el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa facilitó desembolsos al autorizar traslados de fondos entre secretarías en todas las ampliaciones presupuestarias.
Al margen de lo anterior, y además de los tres sobreseimientos definitivos a favor de Porfirio Lobo Sosa, Jorge Johny Handal Hawit y Roberto Alonso Zúniga Barahona, el juez Walter Miranda también emitió sobreseimiento provisional por fraude a Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, exsecretario de Finanzas, y a Lilian María Bográn Rivera, exgerente administrativa de la Secretaría de Finanzas.
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Según el requerimiento fiscal que presentó la Uferco el 11 de octubre de 2023, había indicios de que tanto Cerrato Rodríguez como Bográn Rivera habían cometido fraude. Sin embargo, el juez basó su fallo en que no existió indicio racional de que ambos exfuncionarios hayan participado en ese delito, y únicamente dictó auto de formal procesamiento por violación de los deberes de los funcionarios, un delito que no se paga con cárcel.
De hecho, solo contra James Aldana Medina, exgerente administrativo de la Secretaría de Finanzas, se abrió un auto de formal procesamiento por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La audiencia preliminar a la que deberán comparecer Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, Lilian María Bográn Rivera y James Aldana Medina se efectuará el próximo 20 de febrero, informó una fuente del Poder Judicial.
El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, declaró a través de la red social X que respeta la resolución dictada por el juez Walter Miranda, que dejó a tres implicados en Pandora II con sobreseimientos definitivos, pero que no la comparte.
«Consideramos que se acreditaron los presupuestos necesarios para dictar un auto de formal procesamiento en contra de todos los imputados, razón por la cual, como es nuestro deber, procederemos a presentar los recursos que corresponden», manifestó.
Además de la designación de Walter Miranda como juez natural, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también nombró a los magistrados Francisca Villela, Gaudy Bustillo y Nelson Mairena como magistrados de Corte de Apelaciones. Estas personas serán las encargadas de revertir o ratificar la resolución dictada.
POLÍTICOS JUZGAN A POLÍTICOS
Walter Miranda resultó electo magistrado de la Corte Suprema el 16 de febrero de 2023, gracias a más de 115 diputados del Congreso Nacional y como parte de un acuerdo entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal para repartirse el más alto tribunal de justicia del país entre 2023 y 2030. A Miranda lo postuló el Partido Nacional.
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A consideración del analista jurídico y abogado penalista Salomón Amador, la impunidad en el caso Pandora II es solo una demostración de que el intento por despolitizar a la CSJ fracasó.
«Aunque la Uferco presentó pruebas que arrojaban el mínimo indicio racional de participación en el delito, se observó que, en el momento procesal oportuno, el magistrado designado como juez natural es afiliado al nacionalismo. Esto es un show en el que políticos juzgan a políticos», dijo a Criterio.hn.
Desde su análisis jurídico y experiencia en los tribunales, Amador explicó que el delito de fraude conlleva una prueba muy técnica y que durante la audiencia inicial solo se requería la mínima actividad probatoria.
«La Uferco consideró que contaba con los elementos suficientes: el perjuicio al Estado, la forma en que operaron estos funcionarios, y, aun así, el juez natural dictó sobreseimientos. Se tenía que llevar a estas personas a un juicio oral y público», agregó Amador en su conversación con este medio digital.
PANDORA I
El 13 de junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih) presentaron el caso Pandora I, revelando malversación de L282 millones y acusando a 38 personas.
Las órdenes de captura fueron emitidas el 21 de julio por la jueza Lidia Álvarez Sagastume, afín al Partido Nacional.
Sin embargo, el 27 de julio, emitió un fallo que absolvía a los implicados del lavado de activos, aplicando medidas sustitutivas y liberándolos.
Finalmente, el 5 de agosto de 2020, una Corte de Apelaciones, integrada por los magistrados nacionalistas Jorge Zelaya y Edwin Ortez, y la liberal María Fernanda Castro, emitió sobreseimientos contra 22 imputados, incluyendo diputados y alcaldes del Partido Nacional y Partido Liberal.
