Por: Redacción (Análisis InSight Crime
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Un reciente informe indica que el expresidente y la exvicepresidenta del país siguen ejerciendo poder desde detrás de las rejas a más de un año de su caída en desgracia, lo que arroja nuevas dudas sobre si este monumental caso ha ganado algún triunfo duradero contra la impunidad.
Los analistas consultados por el medio informativo de Guatemala La Hora afirman que el expresidente preso Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti siguen ejerciendo poder dentro de las estructuras criminales que ayudaron a construir. Ambos funcionarios públicos renunciaron y fueron detenidos en 2015, luego de que se supiera que dirige una red de fraude aduanero llamada “La Línea”.
Desde entonces, el gobierno ha confiscado varios bienes de ambos, incluyendo cuentas bancarias y propiedad raíz.
Sin embargo, expertos políticos señalan que tanto Pérez Molina como Baldetti podrían conservar el control sobre activos que no han sido detectados. El reportaje de La Hora también señala que el poder de los exfuncionarios trasciende su influencia económica.
“El poder tiene que ver con el dinero […], pero también con la capacidad de influir”, comentó a La Hora el analista político Renzo Rosal. En el caso de Pérez Molina y de Baldetti “esa capacidad está afectada o herida, pero no está totalmente perdida”, añadió.
Una de las muestras más marcadas de este poder tiene que ver con la compra de los activos confiscados al expresidente. La empresa Canyon Group, que licitó para adquirir una gran cantidad de aguacates de una hacienda incautada a Pérez Molina, tiene al parecer vínculos con otras empresas implicadas en la financiación ilegal de las campañas y con la red de contratación del gobierno, denominada “Cooptación del Estado”. Rosal señaló a La Hora que este caso demuestra cómo Pérez Molina mantiene control de empresas de papel en un intento por recuperar los bienes ilegales que se le confiscaron.
El reportaje también llama la atención sobre el traslado reciente de nueve presos fuera del centro de detención militar Mariscal Zavala, que al parecer deja al descubierto la presencia de redes criminales en la instalación. Según fuentes consultadas por La Prensa Gráfica en el momento, los traslados desintegraron una estructura de poder dirigida por Pérez Molina y su compañero de prisión Gustavo Alejos —antiguo funcionario del gobierno también implicado en el caso de Cooptación del Estado —quienes al parecer impartían órdenes por teléfono a personas cercanas—.
Sin embargo, Alejos, que se encontraba entre los trasladados de Mariscal Zavala, volvió pocos días después. Según los analistas citados por La Hora, esta desconcertante decisión es un ejemplo de la cooptación en marcha del sistema judicial por parte de las élites corruptas.
Análisis de InSight Crime
Que Pérez Molina y Baldetti pudieran mover los hilos de sus redes criminales desde la cárcel no es difícil de entender, dadas las capacidades demostradas de las élites guatemaltecas de cooptar la instituciones del estado. Pese al progreso en el sistema de justicia del país en el último año, este es un indicio más de que la esperanza de una “primavera guatemalteca” puede estar aún fuera del alcance.
El sistema de prisiones en Guatemala es notoriamente corrupto, lo que da espacio para que figuras poderosas, como el expresidente y la vicepresidenta usen su influencia económica y política en beneficio propio. De hecho, poco después de ingresar a la cárcel se supo que Pérez Molina gozaba de condiciones de lujo en su antigua celda en la guarnición militar Matamoros.
Su actual situación puede no ser muy distinta. Como le explicó el analista político Édgar Gutiérrez a InSight Crime, “en Guatemala le llaman al Mariscal Zavala la cárcel VIP, por los lujos y privilegios que se concede a los reclusos, y también porque la mayoría de exfuncionarios de gobierno de alto rango y empresarios acusados de corrupción se encuentran detenidos allí”.
“Pérez Molina ‘da órdenes’ desde su apartamento-prisión… y mantiene buenas relaciones con jueces, congresistas y asesores del actual presidente Jimmy Morales” —personas que intentaron influir en la escogencia del presidente del Congreso y los magistrados de la corte, según Gutiérrez—.
Los expertos coinciden en afirmar que en su calidad de exoficial del ejército, es más fácil para Pérez Molina intercambiar favores con sus antiguos colegas mientras siga retenido en bases militares. Más aún, Pérez Molina tuvo una relación de larga data con el “rey” del sistema carcelario en Guatemala —el convicto Byron Lima, asesinado en la cárcel en julio de 2016— que se remonta a la época en la que ambos sirvieron en las fuerzas armadas.
Los casos de Pérez Molina y Baldetti también ilustran cómo los esfuerzos por enfrentar las estructuras criminales en Guatemala pueden simplemente haber llevado a una reacomodación en lugar de contribuir a su disolución. Mientras las estructuras corruptas mantengan poder en las instituciones del estado, persistirá la duda de si los recientes logros de Guatemala contra la impunidad —liderados en su mayor parte por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)—no se traducirán en mejoras perdurables en el statu quo. En una declaración reciente, el comisionado de la CICIG Iván Velásquez hizo alusión a la fragilidad de los logros de la institución y a la posibilidad persistente de que puedan revertirse.
“Esto no resta valor ni impacto al [Ministerio Público] o a la CICIG”, añadió Gutiérrez. “Sino que simplemente están operando en un sistema que no se ha sometido a reformas en sus normas, procesos internos y que no ha depurado su personal”.
