Otra década pérdida

Por: Hugo Noé Pino

La década de los años ochenta fue considerada como la década perdida para América Latina. Los fuertes aumentos de precios del petróleo en los años setenta, la recesión internacional y la explosión de la deuda se tradujeron en escaso crecimiento económico y deterioro social. A estos efectos en la región centroamericana se sumó la guerra regional.

La presente década, que termina a finales de año, también puede considerarse como otra década perdida para Honduras. El siglo XXI se caracteriza por un desarrollo tecnológico impresionante en donde se discute sobre temas tales como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y el empleo del futuro. No obstante, el país se encuentra atrapado en un círculo vicioso de bajo crecimiento, con altos niveles de desempleo y pobreza. La manifestación más clara de lo que vive la mayor parte de la población se refleja en las caravanas de migrantes hacia el Norte, tanto las que salen diariamente, como las masivas presenciadas a partir de mediados de octubre del año pasado.

Dos acontecimientos han marcado la dinámica económica, social y política de Honduras durante la presente década, los dos con efectos negativos. El primero, la Gran Recesión a nivel mundial de 2008-2009; el segundo, el golpe de Estado de este último año. La gran recesión puso final al período de crecimiento económico más alto que se ha tenido en las últimas décadas, 2004-2007, con un crecimiento promedio por encima del 6%. Sin embargo, el crecimiento de la presente década ha sido alrededor del 3.7%, y en términos per cápita obviamente menor. Los altos niveles de desempleo (6 de cada 10 hondureños tiene un problema de empleo) y pobreza (60% de los hogares en pobreza y 40% en extrema pobreza) así lo muestran.

La economía hondureña en la actualidad tiene un fuerte apoyo de las remesas familiares que ha llegado a constituir alrededor del 18% del PIB en los últimos años. No obstante, la inversión extranjera y nacional ha sido poco dinámica. La economía internacional, que tiene un papel preponderante en la dinámica económica nacional, ha estado marcada por un bajo crecimiento e incertidumbre, y ya se habla de una posible nueva recesión en los próximos años.

Pero la involución no solo se refleja en el campo económico. El golpe de Estado de 2009 fue un fuerte retroceso en el proceso lento de democratización que el país comenzó en los años 80s. La concentración de poder en manos de una élite política corrupta y vinculada al narcotráfico ha sido la principal característica de los últimos años; esto ha llevado a un debilitamiento de los pesos y contra pesos que toda democracia debe tener. En otras palabras, a un debilitamiento de la institucionalidad. La reelección ilegal, las elecciones fraudulentas y la vinculación de las élites políticas, económicas y militar en la corrupción o narcotráfico, son expresión palpable de lo antes dicho.

Los partidos políticos de oposición no han podido cambiar el rumbo, en algunos casos por complicidad abierta con el régimen político, en otros  por las divisiones y desorganización interna en que se encuentran; aspectos que han hecho más fácil y expedito la concentración de poder. Las organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos cooptados, y en otros por sus propias debilidades, han podido incidir solamente en forma marginal e intrascendente en las decisiones gubernamentales. La única diferencia notable es la lucha del Consejo Nacional Anticorrupción y de la Maccih en contra la corrupción.

El resultado final de los factores descritos ha sido políticas públicas desvinculadas del objetivo de mejorar el nivel de bienestar de la mayoría de la población. Oferta de servicios públicos como la educación y salud disminuidos, carga tributaria aumentada a costa de impuestos que gravan el consumo y no el ingreso o riqueza, alianzas público-privadas obscuras y con potenciales daños al fisco, militarización de la sociedad, ineficiente e inadecuada asignación de los escasos recursos públicos, son el resultado de gobiernos cuyas únicas preocupaciones han sido enriquecer a los políticos de turno y favorecer a empresarios estrechamente vinculados a ellos.

La protección de los recursos naturales tampoco está en la agenda de la política pública. Al contrario, la serie de concesiones mineras y de plantas hidroeléctricas en forma irregular ha originado el enfrentamiento entre las comunidades locales que buscan defender el agua y el bosque. Los casos de Guapinol en Colón y Azacualpa en Copán son un ejemplo de cómo las compañías, usando el Estado hondureño, busca acallar las protestas ciudadanas acusándolos en los tribunales de justicia y violando un derecho humano fundamental como es de la protesta.

En resumen, la Honduras de hoy se caracteriza por la persistencia del desempleo, pobreza, inequidad, violencia, corrupción y narcotráfico. Esto, más muchos ejemplos más, hacen que la presente década sea otra década pérdida que se traduce en frustración y desesperanza para la mayoría de la población. Se requiere, por lo tanto, un cambio de dirección que permita un pacto social basado en el interés colectivo, con honestidad y con una visión de construir una Honduras que tenga una democracia participativa y un desarrollo económico incluyente.

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