La delegación busca proponer cambios en la política estadounidense que ayuden a contrarrestar la crisis que expulsa a miles de personas en la región
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Una delegación integrada por funcionarios electos estadounidenses, defensores por los derechos de los inmigrantes y expertos legales estará en Honduras y El Salvador, del 11 al 16 de agosto, para documentar las realidades políticas, económicas y sociales, que motivan el éxodo de personas en búsqueda de protección en los Estados Unidos. La información recabada servirá para proponer soluciones a la crisis a través de cambios humanistas en las políticas migratorias en EE. UU.
En la misión, liderada por las organizaciones Alianza Américas, Centro Presente y Lawyers for Civil Rights, participarán Andrés X. Vargas y Nika C. Elugardo, representantes estatales en Massachusetts. Los distritos que representan cuentan con una considerable población inmigrante de origen centroamericano.
“Es fundamental que los líderes locales seamos testigos de primera mano de las situaciones que expulsan a las personas que buscan refugio en nuestros distritos, para que podamos defender con más fuerza a las familias inmigrantes, en nuestros distritos y más allá”, dice la representante Elugardo.
“Es importante reconocer y comprender la crisis humanitaria que enfrenta Centroamérica, al mismo tiempo insistir en el rol que ha tenido Estados Unidos. Espero generar conciencia sobre las condiciones de seguridad y salud que obligan a las personas a buscar refugio en los Estados Unidos”, agrega el representante Vargas.
En la delegación también participarán Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente; organización miembro de Alianza Americas, e Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights. Ambas organizaciones, con sede en Boston, MA, han jugado papel activo en defensa de las familias inmigrantes integrantes del éxodo centroamericano, y lideran acciones legales para contrarrestar el embate de las políticas antiinmigrantes de la administración Trump.
“Los defensores de los derechos de los inmigrantes que no han viajado a la región entienden solo una pequeña fracción de la compleja dinámica que está en juego actualmente. La región tiene un número alarmante de desplazados internos debido a la violencia. No se puede comprender por completo el costo humano de la migración forzada hasta que vea y experimente las condiciones de las personas que huyen”, dice el defensor Espinoza-Madrigal.
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“Actualmente, El Salvador y Honduras están experimentando una situación de violencia generalizada. La violencia se ve facilitada por una impunidad alarmante debido al sistema de justicia penal tradicionalmente débil y la corrupción desenfrenada entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las personas jurídicas. Esta violencia e inestabilidad es un claro resultado de las políticas que Estados Unidos históricamente ha estado imponiendo a nuestros países de origen, políticas que solo benefician intereses corporativos y élites corruptas”, dice Montes.
A ambos defensores de los derechos de los inmigrantes se suma Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas.
“Como líderes inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos buscamos incidir en tomadores de decisiones de este país para luchar por cambios humanistas en las políticas migratorias. Es crucial que oficiales electos conozcan lo que está pasando en Centroamérica y puedan entender que la verdadera crisis humanitaria es la que acontece en los países de los cuales huyen las personas. Ese entendimiento es vital para que puedan abogar por cambios en las leyes de protección humanitaria en los Estados Unidos, como también en la política exterior de ese país para que a estos países lleguen a ser países donde cada vez menos personas se vean forzados a tener que abandonar”, dice Chacón.
La agenda
El domingo 11 de agosto, la delegación arribó en San Pedro Sula, la ciudad hondureña de la cual partió la primera “caravana” de solicitantes de asilo rumbo a los Estados Unidos, en octubre de 2018.
El recorrido continuará por el Valle de Aguán, en la costa norte hondureña con un encuentro con representantes del Comité Ambiental de Guapinol y representantes de organizaciones de sociedad civil del municipio de Tocoa. A finales de 2018, líderes y defensores ambientales de estos territorios fueron criminalizados por el Estado hondureño tras oponerse a la construcción de un proyecto minero.
Los delegados también se reunirán con representantes de la comunidad Garífuna, población afrodescendiente afectada por la opresión estatal debido a la ocupación de sus tierras ancestrales por parte de inversionistas del cultivo de la palma africana.
La gira incluye una visita a El Progreso, donde participarán en un conversatorio con líderes activistas de derechos humanos y víctimas de represión estatal.
El jueves 15, la delegación iniciará su recorrido por San Salvador con encuentros con representantes de organizaciones de la sociedad civil que abordan las causas socioeconómicas que motivan la migración forzada de la población salvadoreña.
El recorrido incluye visitas al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y CRISTOSAL, instituciones que monitorean y asisten a víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y desplazamiento forzado por violencia. La visita El Salvador incluye la realización de un conversatorio en el que los delegados discutirán las más recientes medidas migratorias de la administración Trump y sus impactos para Centroamérica.
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Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. Ver todas las entradas