Tegucigalpa. Trece organizaciones nacionales e internacionales emitieron un comunicado en conjunto rechazando la ampliación de la detención arbitraria de ocho defensores ambientales del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) el pasado jueves 26 de agosto.
Asimismo, hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva los recursos legales pendientes relacionados con la detención arbitraria de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro a fin de garantizar el fin de su prisión preventiva arbitraria.
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En la carta publicada por Front Line Defenders, las organizaciones remarcan que los cargos contra los defensores por los delitos de «incendio agravado» y «privación injusta de libertad», son en represalia por ejercer su derecho a la legítima protesta y la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol ante proyectos mineros en el parque nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras».
Los ambientalistas quienes permanecen desde hace 24 meses en «prisión preventiva» son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.
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Además de reiterar su preocupación por la criminalización contra los defensores integrantes de CMDBCP y el uso arbitrario de la «prisión preventiva», las organizaciones hacen hincapié que consideran que el procesamiento judicial y su prolongada detención arbitraria es en represalia por su labor de defensa del medio ambiente y «parece querer limitar el trabajo de defensa y crear un efecto disuasivo en otros integrantes de la organización».
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Las organizaciones alertaron que se mantienen atentas al juicio que fue fijado entre el 1 al 10 de diciembre, e instaron que el proceso judicial se desarrolle de forma abierta y transparente, que incluya la transmisión virtual en vivo y la observación en forma presencial.
De igual forma recordaron que la decisión tomada por el Tribunal de Trujillo fue contraria a los reiterados llamamientos de liberación tras la resolución del 26 de noviembre de 2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que estableció en su opinión número 85/2020 que la privación de libertad de los defensores del medio ambiente de Guapinol es arbitraria.
Las organizaciones firmantes son: Fundación San Alonzo Rodríguez (FSAR), Honduras; Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Honduras; Front Line Defenders; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj), Honduras; Observatorio para la Protección de las personas Defensoras de Derechos Humanos (programa conjunto de la OMCT y de la FIDH), Internacional; JASS (Just Associates) Mesoamérica, Coalición Contra la Impunidad (CCI), Honduras; Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC; Institute for Policy Studies – Global Economy Program, Washington, DC; Plataforma Internacional Contra la Impunidad; Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos; y Protection International Mesoamérica.
