Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Más de 50 organizaciones de la sociedad civil y expertos latinoamericanos analizarán el próximo lunes, los avances y retrocesos de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública en Honduras.
Entre los expertos se encuentra Moisés Sánchez Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, coalición de 23 organizaciones de 19 países de las Américas y el Embajador de Suecia para Centroamérica Georg Andrén, entre otros.
Suecia fue el primer país que aprobó una normativa que da acceso público a los documentos del Parlamento y del Gobierno, pero además creó la primera Ley de Libertad de Prensa hace 250 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció, que “el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana”[1] por lo que los estados tienen la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental para cualquier sistema democrático.
El año 2006 el Estado de Honduras mediante decreto legislativo N°170-2006 aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que significó un gran avance para la democracia, el control del ejercicio de poder desde los ciudadanos hacia quienes administran los fondos públicos y el poder.
A diez años de haberse aprobado la normativa que regula el ejercicio de un derecho fundamental para los ciudadanos y ciudadanas C-Libre, considera fundamental analizar que ha pasado con el ejercicio del derecho público.
En el evento, el Embajador de Suecia expondrá sobre el proceso evolutivo de 250 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en su país.
Uno de los objetivos del foro es poder sensibilizar sobre la importancia de remover leyes que obstaculizan el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través del acceso a información pública.
La embajada sueca en Centroamérica tiene su sede en la ciudad de Guatemala, pero también está acreditado ante los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
C-Libre junto con otras organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Secretos que rige en el país.
