Amnistía internacional advierte que Honduras emula políticas de seguridad violatorias de derechos de Nayib Bukele. Human Rights Watch considera que es importante que las medidas que se tomen en materia de seguridad, consideren las causas estructurales de los problemas crónicos del sistema penitenciario
Tegucigalpa, Honduras. – “Es crucial reducir el hacinamiento, dado que en prisiones sobrepobladas se le hace mucho más difícil al Estado poder tener el control”, instó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, ante la crisis del sistema penitenciario que desencadenó en la muerte de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
El último reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUHD), “Situación de derechos humanos en Honduras 2022”, indica que el índice de hacinamiento en el sistema penitenciario es de 34.2%.
En ese sentido, Juanita Gobertus, dijo a Criterio.hn “el sistema penitenciario en Honduras requiere de una reforma integral amplia”.
Esta reforma integral en los últimos días se ha convertido en una urgencia y en un desafío. Luego de la masacre de 46 mujeres privadas de libertad –un hecho violento que se registra por primera vez en Honduras en una cárcel para mujeres y que esta siendo considerado como un feminicidio de lesa humanidad— la presidenta Xiomara Castro, tomó “medidas drásticas” para controlar el sistema penitenciario. Ceder el control de los 25 centros penitenciarios a la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
“La decisión de la presidenta Castro de colocar a las prisiones bajo control de la Policía Militar implica un grave retroceso hacia algo que no funcionó en el pasado y que no solucionará los problemas hacia el futuro”, advirtió a Criterio.hn Juanita Gobertus.
Además, consideró “es muy importante que las prisiones sean gestionadas de forma profesional por civiles adecuadamente capacitados”.
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PROBLEMAS CRÓNICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO
OACNUDH además señaló que el 51.6 % de las personas privadas de libertad no cuentan con una sentencia firme, esta situación de acuerdo con analistas, es un reto para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el caso específico del PNFAS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita in loco a Honduras en el mes de abril, alertó una tasa de hacinamiento del 200%.
Además del hacinamiento, producto del uso excesivo de la prisión preventiva, la CIDH en su informe de observaciones preliminares, detalló que recibió información preocupante al respecto que indica que las cárceles se caracterizan por: corrupción, lo que ha facilitado el ingreso de armas de alto calibre; autogobierno y pérdida del control total por parte del Estado, especialmente de los centros de máxima seguridad; y falencias en materia de seguridad derivadas principalmente de una insuficiencia en el número de personas encargadas de la custodia, y escaso equipamiento de seguridad.
Ante el estallido de crisis del sistema penitenciario, la presidenta Castro determinó ceder el control de los 21 centros penitenciarios a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes desde el 26 de junio iniciaron la “Operación Fe y Esperanza” con la cual, según la PMOP “retomaran el control, dirección y gobernabilidad de los centros penales del país”.
La Policía Militar del Orden Público tendrá el control del sistema penitenciario por un año, además deberá “reclutar, capacitar y formar, por lo menos a 2 mil nuevos custodios penitenciarios”.
En ese sentido, Juanita Goebertus, señaló a Criterio.hn “es importante que las medidas que se tomen consideren las causas estructurales de los problemas crónicos del sistema penitenciario, que sean respetuosas de los derechos humanos y no funcionen únicamente como medidas que buscan generar un impacto de muy corto plazo”.
Además del control penitenciario, la mandataria hondureña determinó la ampliación del estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 –una medida que, de acuerdo con analistas es violatoria de derechos humanos—.
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HONDURAS EMULA POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIOLATORIAS DE LOS DDHH DE NAYIB BUKELE
La promesa de la presidenta Castro de desmilitarizar la seguridad ciudadana, se va disolviendo como la neblina, con estas “medidas drásticas”, analista consideran que la mandataria hondureña esta “en una completa contradicción”.
En ese sentido, Juanita Goebertus, refirió “Esperamos que el gobierno de la presidenta Castro recuerde su promesa electoral de desmilitarizar la seguridad pública y priorizar el abordaje de los graves problemas económicos y sociales que enfrenta el país”.
Un recordatorio que también hace Amnistía Internacional y recomienda al Estado de Honduras “tomar medidas inmediatas para garantizar un retiro ordenado de las fuerzas militarizadas de las labores de seguridad pública y continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, a través de su cuenta de Twitter enfatizó “Llamamos al Estado hondureño a centrar esfuerzos integrales para atender las causas de la raíz de la violencia, proteger los derechos humanos y garantizar justicia”.
En ese mismo orden de ideas, Juanita Goebertus, en el contexto de Honduras en materia de seguridad, sugirió “es crucial que el Estado planifique e implemente una política de seguridad que proteja a las hondureñas y los hondureños y garantice sus derechos fundamentales como a poder circular, trabajar y estudiar, pero sin caer en una violación de los derechos procesales, judiciales y de vivir en condiciones dignas que tienen quienes están sometidos a un proceso judicial”.
Con las medidas implementadas, Amnistía Internacional señala “el gobierno de Honduras emula políticas violatorias de los derechos humanos del gobierno de Bukele en el salvador para abordar retos de seguridad pública”.
Esta advertencia se ha evidenciado a través de las últimas imágenes que han transcendido durante la semana de la presencia de la Policía Militar en las diferentes cárceles del país.
