El fiscal Luis Javier Santos reveló que la orden emitida en 2023 por el caso Pandora II sigue vigente y fue notificada a Interpol, por lo que el exmandatario deberá ser detenido si retorna a Honduras.
Abogados penalistas consultados por Criterio.hn señalan que el procedimiento en frontera no sería excepcional y que la alerta internacional obliga a su inmediata puesta a disposición de un juez competente.
El abogado Renato Stabile afirmó que, pese al indulto otorgado en Estados Unidos, el expresidente Juan Orlando Hernández no puede regresar a Honduras porque carece de la documentación necesaria.
Confirmó, a un medio de comunicación hondureño, que Hernández Alvarado no será deportado, pero tampoco está autorizado a viajar mientras las autoridades estadounidenses no concluyan los trámites internos.
Tegucigalpa, Honduras. – El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó a Criterio.hn que existe una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, emitida en el marco del caso Pandora II, a pesar del indulto otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump.
Santos detalló que la orden está activa desde 2023 y que ya fue comunicada a la Policía Internacional (Interpol). “Tiene orden de captura”, respondió el fiscal al ser consultado por Criterio.hn sobre la situación procesal del exmandatario.
La revelación constituye la primera confirmación oficial de que Hernández podría enfrentar un proceso penal en Honduras, independiente del indulto que lo liberará de una condena de 45 años de prisión y cinco de libertad supervisada en Estados Unidos por delitos de tráfico de cocaína y armas.
Según Santos, si el exmandatario regresa al país, debe ser detenido “como cualquier persona que viene de Estados Unidos con orden de captura” y remitido de inmediato ante un juez.
En caso de que no retorne por voluntad propia, la Uferco y el Ministerio Público solicitará el proceso correspondiente para una extradición internacional. “Si no viene, pues tenemos que solicitar la extradición”, afirmó el fiscal Santos en un breve intercambio de mensajes con Criterio.hn.
La orden de captura se desprende del caso Pandora II, en el cual Hernández es acusado por los delitos de fraude y lavado de activos de al menos 62 millones de lempiras, fondos que habrían sido utilizados para financiar sus movimientos políticos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”.
La acusación sostiene que entre 2010 y 2013 se conformó una red de corrupción desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola (BANADESA), que desembolsó más de 288 millones de lempiras hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
En esta misma línea de investigación figuran exfuncionarios como Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, Jorge Johny Handal Hawit, Lilia María Bográn Rivera, James Aldana Medina, Roberto Alonso Zúniga Barahona y David Eduardo Ortiz Hawit.
En este caso también se involucró al exmandatario Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), pero él y el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, fueron sobreseídos el 1 de febrero de 2024.
Según el comunicado del Ministerio Público el involucramiento de Hernández se fundamenta en los beneficios económicos obtenidos mediante empresas fantasma, prestanombres y contratos ficticios.
Además, en marzo de 2024 la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) impulsaron la privación definitiva de dominio de 131 bienes vinculados a Hernández, su esposa Ana García y su núcleo familiar.
De acuerdo a documentación de la fiscalía se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son: su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos, Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado, también figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes
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MINISTERIO PÚBLICO CONFIRMA INVESTIGACIONES ABIERTAS CONTRA HERNÁNDEZ ALVARADO
Criterio.hn consultó al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, sobre la existencia de procesos e investigaciones contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien confirmó que el indulto en Estados Unidos “no tiene nada que ver con los procesos investigativos en Honduras”.
Mora recordó que el Ministerio Público a través de sus fiscalías especiales y la DLCN, han realizado el aseguramiento 33 propiedades del núcleo familiar del exmandatario en tres departamentos del país, como parte de investigaciones previas.
También señaló que fiscales hondureños estuvieron presentes durante todo el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, permitió documentar vínculos y testimonios que fortalecieron las investigaciones nacionales.
Aunque evitó adelantar si habría una captura inmediata al ingresar al país, Mora insistió en que las investigaciones continúan activas. “Nada tiene que ver el indulto con lo que se está haciendo en Honduras”, declaró a este medio digital.
Al recordarle el expediente Pandora II, Mora confirmó que el caso está abierto y que la Uferco es la unidad responsable del proceso. Sin embargo, indicó que consultaría directamente al fiscal Santos para conocer el estado de la orden de captura.
Mora reconoció que no conocía que la orden estuviera vigente, pero enfatizó: “Si la UFERCO la solicitó, entonces existe”.
La orden, según el comunicado publicado el 11 de octubre de 2023, fue emitida debido a la condición de alto funcionario de Hernández, quien en ese momento era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La emisión del requerimiento fiscal se realizó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como corresponde a figuras con fuero especial.
INDULTO OTORGADO POR TRUMP NO SURTE EFECTO EN HONDURAS
Marlon Duarte, abogado penalista, explicó a Criterio.hn que el indulto confirma que Hernández fue condenado y no declarado inocente. “Se indultan culpables, se absuelve a inocentes”, indicó.
Duarte sostiene que, si Honduras mantiene procesos vigentes, corresponde ejecutar la orden de captura y activar la alerta internacional, es decir, que de no existir procesos pendientes, el Estado de Honduras debería permitir su ingreso sin restricciones, algo que no aplica en este escenario, debido a Pandora II y los casos derivados del juicio en Nueva York.
En tanto el abogado coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Víctor Fernández, sostiene que la detención de Hernández al aterrizar sería “el procedimiento normal que enfrenta cualquier deportado con orden de captura”.
Durante una entrevista brindada a este medio digital el defensor puntualizó que el Ministerio Público tuvo un rol “responsable” al enviar fiscales a cubrir el juicio en Estados Unidos, por lo que se espera que existan investigaciones avanzadas o incluso nuevos requerimientos en curso.
Enfatiza que los delitos de narcotráfico, portación de armas y corrupción que se ejecutaron en Honduras también deben ser investigados bajo el principio de territorialidad del derecho penal.
Sobre la posibilidad de extradición, el abogado explica que corresponde al Ministerio Público, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería), activar el trámite diplomático cuando una detención no pueda ejecutarse de inmediato.
No obstante, advierte que la condición privilegiada y el respaldo jurídico de Hernández podrían complicar procesos en el extranjero o retrasar una captura.
Además, planteó la posibilidad de que Hernández solicite asilo en otro país, estrategia que podría utilizar para evitar enfrentar procesos en Honduras. A pesar de estas variables, confirma que la orden de captura internacional es el mecanismo habitual para casos de esta naturaleza.
El indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, esperado y celebrado por sectores conservadores en Honduras, no modifica la responsabilidad penal del exmandatario en el país centroamericano.
De hecho, los analistas y profesionales del derecho plantean que su retorno representa una prueba decisiva para la independencia del sistema judicial hondureño.
El caso Pandora II, junto a los bienes asegurados y las investigaciones posteriores al juicio en Nueva York, conforman el principal riesgo judicial que Hernández enfrenta en territorio nacional.
Con la confirmación de la orden de captura, Honduras se prepara para un eventual retorno del exmandatario, cuyo aterrizaje podría reconfigurar no solo el panorama judicial, sino también el político y social del país.
