«La manifiesta voluntad política y los esfuerzos del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos deben traducirse en la prevención efectiva y la investigación de las muertes ilícitas»: Morris Tidball-Binz
Tegucigalpa, Honduras. – El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz urgió al Estado de Honduras a desarrollar investigaciones efectivas con el objetivo de reducir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía hondureña.
“Las investigaciones efectivas, el acceso a la justicia para las víctimas –que siguen obstaculizadas por la limitada capacidad de investigación y una cultura de impunidad— son fundamentales para romper el ciclo de violencia prolongado”, expresó Tidball-Binz, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Morris Tidball-Binz, realizó su visita oficial a Honduras para examinar las medidas adoptadas para investigar las muertes ilícitas y formular recomendaciones al Estado y que este pueda avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.
El relator de la ONU, durante la conferencia de prensa en la que presentó las observaciones preliminares, luego de concluida su visita a Honduras, recordó la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones de manera pronta, exhaustiva, imparcial y de oficio de todas las muertes potencialmente difíciles es
“El Estado debe investigar –aun en ausencia de una denuncia—, garantizando el acceso de las víctimas a la justicia, es importante recordar que toda ausencia de investigación en una muerte potencialmente ilícita puede constituirse en una violación al derecho a la vida”, señaló el también médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria.
La ONU señala que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias -es decir, el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico- constituyen otras tantas violaciones de este derecho fundamental.
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REGULAR EL USO DE LA FUERZA
Durante la conferencia de prensa, Morris Tidball-Binz, destacó que las ejecuciones extrajudiciales, que fueron sistemáticas en la década de 1980 y alcanzaron su punto álgido tras el golpe militar de 2009 y la crisis post electoral de 2017, “siguen siendo un fenómeno generalizado”, que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y afrohondureños, campesinos, personas defensoras de derechos humanos y medioambientales, periodistas y personas LGBTIQ+.
“El Gobierno debe garantizar que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y defensa está estrictamente regulado de acuerdo con las normas internacionales», afirmó Tidball-Binz.
Además, el relator de la ONU mencionó la publicación por parte de la Secretaría de Seguridad del Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras.
Sin embargo, realizó un llamado para que este se haga efectivo de manera urgente. “Sin un marco normativo, sin una ley específica que obliga y sanciona las faltas en el uso de la fuerza, dicho manual no tiene valor obligatorio o vinculante”, advirtió.
En ese sentido lamentó que el anteproyecto de Ley que Regula el uso de la Fuerza Para Las Instituciones y funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la República de Honduras, “este durmiendo el sueño de justo en el Congreso Nacional y espero que esta visita ayuda a despertar.
«La manifiesta voluntad política y los esfuerzos del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos deben traducirse en la prevención efectiva y la investigación de las muertes ilícitas», enfatizó.
Tras varias reuniones con la institucionalidad del Estado, entes académicos, defensores de derechos humanos, sociedad civil y familiares de víctimas de muertes ilícitas, el relator de la ONU ve con profunda preocupación la incursión de la policía Militar del Orden Público en tareas de seguridad ciudadana Público continúe participando en tareas de seguridad pública por las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
“En el marco del estado de excepción una serie de garantías fundamentales dejan de estar vigentes y eso facilita a las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad”, mencionó Morris Tidball-Binz.
Además, indicó que durante la vigencia del estado de excepción instaurado desde el 6 de diciembre de 2022 se han registrado violaciones a los derechos humanos incluyendo muertes ilícitas, mismas que estarán documentadas en el informe final de esta visita.
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NO SE HAN ADOPTADO RECOMENDACIONES ANTERIORES
Durante la visita a Honduras, el relator se reunió con los tres poderes del Estado y varias instituciones gubernamentales como la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa Nacional; la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaria del Despacho de Seguridad entre otras.
En ese sentido el Relator Especial desarrolló una evaluación de los avances de Honduras desde las visitas de sus dos predecesores, Asma Jahangir y Christof Heyns en 2001 y 2016, respectivamente.
Con relación a las recomendaciones de las visitas anteriores, Tidball-Binz dijo “puedo constatar que muchas –la mayoría— de estas recomendaciones siguen siendo de vigencia actual”, por lo que el relator de la ONU ofreció su apoyo para que se cumplan e implementen las recomendaciones que surgen como resultado de esta visita.
A nivel nacional, entre enero del 2018 y abril del 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras registró al menos el asesinato de 62 personas defensoras de derechos humanos y cuatro desapariciones cuando hablamos defensores.
