Los representantes de Naciones Unidas han estado en el país por 10 días y se han reunido con familiares de victimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del gobierno
Tegucigalpa. -El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emplazó a las autoridades hondureñas a redoblar sus esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria.
De igual manera, recomendaron al Estado de Honduras la creación de una agencia especializada de búsqueda de personas, para dar respuesta a las familias de los desparecidos.
Además, instaron al Gobierno de Honduras a reconocer la desaparición forzada como un delito independiente del contexto de los crímenes de lesa humanidad y de esa manera crear unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este delito.
La comitiva enviada por Naciones Unidas ha permanecido en el país durante 10 días, en los cuales se ha reunido con varias instituciones del Estado, entes de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y con la presidenta, Xiomara Castro.
Durante la conferencia de prensa dada por el grupo de trabajo de Naciones Unidas y la secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque detallaron que la creación de esta agencia especializada en la búsqueda de personas debe tener un carácter interdisciplinario y tiene que contar con los recursos necesarios para su funcionamiento.
Los representantes de la ONU concluyeron que es importante responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas, ya que, no sólo es esencial para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen.
Luciano Hazan, miembro de la delegación de la ONU detalló que es urgente el desarrollo de de políticas para la búsqueda de personas desaparecidas, porque es la prioridad para las familias que siguen buscando a sus seres queridos.
Entre las recomendaciones dadas esta la creación de un registro de todas las víctimas de desaparición forzada y una base de datos con los datos genéticos de sus familiares, como parte de un plan de búsqueda de personas desaparecidas, con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.
Dijo que cada una de las denuncias relacionadas con desapariciones forzadas o involuntarias deben ser debidamente investigadas desde el inicio y los familiares deben ser informados con prontitud de cualquier progreso en las investigaciones.
El grupo de trabajo de las Naciones Unidas también se reunión con familiares de las víctimas de desaparición y la gran mayoría de las víctimas con las que se reunieron les informaron de la escasa atención que existe por parte de las autoridades.
Según el informe de prensa del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, las familias de las victimas se sienten solos en sus esfuerzos de búsqueda de sus parientes.
Entre tanto, la directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, precisó que las recomendaciones dadas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas no buscan que se evada la responsabilidad como Estado.
A juicio de la defensora de derechos humanos el Gobierno en representación del Estado de asumir la coyuntura histórica, que la actualidad demanda y el Estado debe tener como base los derechos humanos y especialmente de las desapariciones forzadas.
Oliva dijo que, en el tema de desapariciones forzadas hay una responsabilidad histórica, que no se trata de quedar bien con determinada familia o grupo, sino que se trata de reorientar la política y la ética en derechos humanos.
En ese sentido, explicó que estas políticas deben hacerse combatiendo la impunidad generando y crear políticas públicas, sino leyes que vayan más allá de de un enunciado y que se rijan por compendios para que se ordene la creación de espacios de justicia.
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ORGANIZACIONES PIDEN LUCHA FRONTAL CONTRA DESAPARICIONES FORZADAS
El 24 de octubre del 2022 más de 80 organizaciones de base internacionales y nacionales exigieron a los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial un alto a las desapariciones forzadas y ataques contra movimientos sociales en Honduras.
Por medio de una carta expresaron la “grave preocupación por la creciente ola de violencia y terror contra las comunidades Afrodescendientes e Indígenas en Honduras y la consiguiente persecución de los defensores de los derechos humanos”.
Entre los que incluyen los recientes ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) quienes son reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos Garífunas y Lenca y sus territorios ancestrales.
Lo anterior en relación a por la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz”.
Los jóvenes líderes desaparecidos de forma forzada en un operativo la madrugada del 18 de julio de 2020 durante un toque de queda, son: el presidente del patronato de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, Albert Sneider Centeno Thomas, junto a Milton Joel Martínez Álvarez, Suamy Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Tróchez Calix.
A tres años de la desaparición de los líderes del pueblo garífuna aún no hay muchos detalles del caso, ya que las autoridades del Ministerio Publico no han dado informes.
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HONDURAS, UN PAÍS MARCADO POR LAS DESAPARICIONES FORZADAS
La oscura década de 1980 estuvo marcada por las constantes desapariciones forzadas de varios hondureños, muchas de ellas se dieron entre 1981 y 1984. En esos años el país salía de regímenes militares y de convulsiones sociales por la constante inestabilidad política.
Un informe de Amnistía Internacional detalla que en 1979 en Honduras las autoridades pusieron en marcha una estrategia de contrainsurgencia conocida como la Doctrina de Seguridad Nacional para combatir la supuesta propagación de la revolución izquierdista en América Central.
Las fuerzas armadas por orden del general Gustavo Álvarez Martínez, iniciaron una política encaminada a eliminar a los sospechosos de mantener vínculos con los movimientos insurrectos de Honduras y El Salvador o con el gobierno sandinista, que había asumido el poder en Nicaragua tras la revolución de 1979.
Esta política trajo consigo una oleada de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos de lideres sindicalistas, estudiantes, dirigentes campesinos y activistas políticos de izquierdas.
Familiares de las victimas relataron que sus parientes fueron sacados de sus domicilios o secuestrados en las calles, a menudo a plena luz del día y ante testigos, por grupos de hombres fuertemente armados y vestidos de civil.
De los casos más conocidos en Honduras es la desaparición del dirigente estudiantil, Eduardo Becerra Lanza, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH).
Cuarenta años han pasado de aquel 1 de agosto de 1982 cuando Becerra fue detenido y jamás se supo más del joven estudiante. Según lo descrito en el libro Cuando las Tarántulas Atacan, el líder estudiantil fue detenido, torturado y asesinado por el Escuadrón de la Muerte 3-16 que operaba dentro de las Fuerzas Armadas.
