Varias secretarías e instituciones del Estado reportaron a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) incumplimientos contractuales entre 2017 y 2025, afectando procesos clave en áreas como: salud, infraestructura, seguridad y finanzas
Consultorías fallidas, suministros atrasados, certificados falsificados y servicios deficientes son algunas de las causas que motivaron la rescisión o sanción de contratos estatales a 41 empresas
Tegucigalpa, Honduras. –La Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) publicó una lista de anotaciones preventivas en las que al menos 41 empresas proveedoras del Estado, de varios rubros, han incumplido contratos públicos.
Los registros oficiales abarcan desde el año 2017 hasta 2025, reflejando deficiencias en consultorías, entregas de bienes, servicios de seguridad, provisión de alimentos, tecnologías hospitalarias, entre otros rubros.
Una anotación preventiva se refiere a avisos o registros que se realizan sobre proveedores que han incurrido en alguna irregularidad o incumplimiento en procesos de contratación pública.
Según la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, todas las instituciones públicas están obligadas a remitir informes a la ONCAE sobre el desempeño de sus contratistas, incluyendo cualquier sanción, prórroga, modificación o impugnación contractual relevante. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos informes ha sido intermitente.
Karla Alvarado, abogada y especialista en derecho público y empresarial, explicó que la normativa no especifica la duración de estas anotaciones. “Pueden estar vigentes mientras la empresa siga registrada como proveedor estatal. Algunas pueden derivar en suspensiones del registro, dependiendo del tipo y gravedad del incumplimiento”, señaló.
En una entrevista brindada a Criterio.hn la jurista indicó que, tras el cumplimiento de la sanción, los proveedores pueden volver a contratar con el Estado si no han sido inhabilitados permanentemente. “En casos graves, la ley permite sanciones de hasta cinco años, pero eso lo determina la entidad contratante”.
Mientras que Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que estas anotaciones pueden estar relacionadas con investigaciones en curso.
“Es una medida preventiva mientras se determina si hubo una irregularidad grave. Sirve para mantener a la empresa en una especie de lista de alerta mientras se resuelve el caso”, explicó el también abogado al ser consultado por este medio digital.
Aguilar también subrayó que, si se determina responsabilidad, pueden aplicarse sanciones más severas como inhabilitaciones temporales o la cancelación del registro como proveedor estatal.
AUDITORÍAS, ALMUERZOS Y ESCÁNERES: LOS CONTRATOS QUE NO SE CUMPLIERON
Uno de los casos más recientes es el de la empresa Horwath Central América, S. de R.L. de C.V., la cual obtuvo un contrato con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para auditar sus estados financieros de los ejercicios 2022 y 2023. Según la CNBS, la consultora incumplió el contrato CP-CNBS-001-2024, lo que motivó una anotación preventiva ante la ONCAE.
Según lo expuesto en el oficio GADGA-OF-228/2025, la empresa incumplió con el contrato suscrito con la CNBS. Durante varios años Horwath Central América obtuvo contratos con instituciones como el Banco Central de Honduras (BCH), el Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
En 2024, la Secretaría de Desarrollo Económico reportó el caso de la Distribuidora SOAL, que no cumplió con los términos del contrato para el suministro de almuerzos y boquitas durante un evento institucional. El caso evidencia la informalidad con la que operan algunos proveedores estatales, incluso en servicios menores.
Ese mismo año, el Instituto Nacional Penitenciario informó sobre el incumplimiento contractual de Servicios de Gestión en Seguridad Vial (SGSV S.A.), empresa encargada del suministro de repuestos para escáneres. El caso subraya las debilidades en contrataciones técnicas para infraestructura penitenciaria.
Durante 2023, el Banco Central de Honduras (BCH) aplicó multas y sanciones a diversas compañías por incumplimientos contractuales. Entre ellas destacan Devel Group S.A., TK Elevadores Centroamérica S.A., Cable Color S.A. de C.V. y Consorcio Van Heusen / Interamericana de Valores. Las sanciones se relacionan con atrasos en entregas, fallos técnicos o incumplimientos de cláusulas contractuales.
Mientras que el Instituto de la Propiedad (IP) denunció el incumplimiento por parte de la empresa ESPIE, encargada de brindar servicios de seguridad en varios registros del país, especialmente en Yuscarán, El Paraíso.
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En años anteriores, otros casos notables incluyen la Aseguradora Hondureña Mundial S.A., requerida judicialmente por el incumplimiento de fianzas rendidas por contratistas del FHIS, y Cars Vehículos S.A. (CARSA), que incumplió un contrato del año 2007 para la entrega de 27 vehículos para el Poder Judicial.
Otra entidad afectada fue el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que ha enfrentado varios casos críticos, como el incumplimiento de Compañía de Servicios Múltiples (COSEM) y Sistemas Abiertos S.A. de C.V., quienes debían implementar soluciones tecnológicas claves para la gestión hospitalaria y de datos de afiliación.
En el ámbito de derechos humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) resolvió por incumplimiento un contrato con Security Electronic Systems, mientras que el Banco Central impuso multas a LAT Capital Solutions, GBM de Honduras S.A., y CESA de Honduras S.A., por atrasos en la entrega de suministros.
También figura el caso del contratista Domingo Antonio Álvarez Gálvez, quien debía construir un pozo para el Instituto de Previsión Militar, pero el contrato fue rescindido por incumplimiento.
Otros contratistas sancionados incluyen a Francisco Armenta Garza, cuya propuesta técnica fue rechazada por el Ministerio Público, y Z&Z Construcciones S. de R.L., que incumplió un contrato de obra con la Secretaría de Seguridad.
La ONCAE también registra antecedentes de 2017, con sanciones aplicadas a Consorcio Cesa-Seidor, J.A. Telcom, Centromatic, GBM de Honduras y Cable Color, por incumplimientos similares en servicios tecnológicos y de conectividad.
En cuanto a equipamiento policial, la empresa Comunicaciones Globales S. de R.L. fue señalada por fallos en la entrega de equipo especializado para la DPI. Aunque se desconoce la temporalidad de estas anotaciones preventivas la empresa ha obtenido varios contratos con varias instituciones del Estado.
La Secretaría de Salud también sancionó con una multa a Phar Med Sales Honduras S.A., mientras que el BCH multó a Cable Color por retrasos en el servicio de datos. En tanto, el contrato de Fidel Antonio Ordóñez Guzmán, consultor del BCH para la ENIGH, fue terminado debido a la pandemia de COVID-19.
Otros proveedores sancionados por mal servicio o documentación falsa incluyen a Danilo’s Industrial Solutions, PROSIN S. de R.L., Inversiones ALB, SAISA y SERIN, reflejando una persistente debilidad en los mecanismos de control, supervisión y seguimiento en la contratación pública.
Las multas rondan entre L113,521.20, interpuesta a la empresa Devel Group S.A., y la más alta fue de L2,566,199.70, a Componentes El Orbe. El total recibido en 2023 por concepto de multas aplicadas a contratos fue de 5,186,730.65 lempiras.
Este extenso listado evidencia la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de evaluación, ejecución y sanción dentro del sistema de contrataciones del Estado, para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y reducir la impunidad contractual.
