El CONADEH exhortó al Congreso Nacional a “priorizar en la agenda legislativa, el trámite y discusión de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente” que se presentó recientemente en el seno de ese poder del Estado
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. La oficina del El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), pidió al gobierno de Honduras atender el desplazamiento forzado de personas.
Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, dijo hoy que el Estado hondureño debe focalizar su atención en las causas estructurales de los desplazamientos y las migraciones forzadas en el país y en su deber de darles condiciones de vida digna a sus habitantes.
Lo que tiene que preocuparnos y ocuparnos es cómo atraer la atención del Estado para que focalicemos toda nuestra atención en atender las causas estructurales de los desplazamientos forzados internos y de las migraciones forzadas, reza el comunicado emitido este martes.
Herrera indicó que el deber que tenemos, con nuestros connacionales, es darles condiciones de vida digna, propiciarles oportunidades y posibilidades para que se puedan desarrollar como personas y que puedan alcanzar sus proyectos de vida y de su familia.
Declaró que su preocupación se centra en que, en Honduras no hay estímulos para la juventud y que luego estos tienen que emigrar.
Agregó que le preocupa más que Honduras no siga avanzando en la preparación de sus comunidades y en el hecho de darles mayores estímulos a la juventud.
El Defensor del Pueblo, abogó para que en el país haya mayores medidas de seguridad y se le garantice a la niñez y la juventud, educación, salud y progreso y no se vean en la obligación de emigrar.
En Honduras, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la pobreza agobia al 68% de la población, mientras que la violencia, el crimen organizado, y la impunidad están presentes y ocupan y administran espacios de control, poder ilícito y exclusión.
Además, hay crisis anuales recurrentes motivadas por el cambio climático, que se han agravado, en el 2019, como la sequía, incendios forestales, plagas en los bosques y en los cultivos agrícolas, daños al medio ambiente y enfermedades derivadas con la consiguiente afectación de derechos humanos de la población, que afecta sensiblemente al país.
Esa situación incide negativamente en las condiciones de vida digna de los habitantes y los coloca ante incertidumbres existenciales que derivan también en casos de desplazamiento forzado interno y más evidentemente en migración forzada hacia otros países.
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“Prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento forzado es parte esencial de la protección de los derechos humanos de las personas”, puntualizó.
El Defensor del Pueblo fue contundente al señalar que el desplazamiento forzado es una realidad, en Honduras, que atenta contra la dignidad de la persona humana.
Se estima que entre el 2004 y el 2018, alrededor de 250.000 personas se desplazaron forzadamente, en el país.
Informes del CONADEH establecen que desde el 2016 este ente estatal atendió alrededor de 2,515 denuncias de la población que implican a unas 6,007 personas, de las cuales 665 son menores de 18 años.
Además, se ha verificado que las causas prevalecientes del desplazamiento siguen siendo las amenazas a muerte, los asesinatos, las extorsiones y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
De acuerdo a las denuncias atendidas por el CONADEH, entre las personas en situación de riesgo figuran comerciantes, amas de casa, maestros de educación, estudiantes, buseros, taxistas, abogados, periodistas, agricultores e incluso policías.
Según Herrera Cáceres, este fenómeno que se produce “gota a gota” va en aumento y es deber del Estado de Honduras, prevenirlo y evitarlo y, en todo caso, proteger los derechos humanos de las personas desplazadas y sus familias.
