Tegucigalpa, Honduras.- Los departamentos de Olancho y Colón, históricamente utilizados como corredores del narcotráfico, han sido escenario de la mayoría de homicidios múltiples registrados en lo que va de 2025. De acuerdo con registros oficiales, hasta el 15 de febrero se han contabilizado cinco homicidios múltiples en el país, sumando un total de 19 víctimas. De estos hechos, dos ocurrieron en Olancho y uno en Colón, lo que evidencia que la violencia sigue enraizada en estas zonas controladas por estructuras del crimen organizado.
El evento más reciente tuvo lugar el 14 de febrero en Catacamas, Olancho, donde seis personas fueron asesinadas en un ataque armado. Días antes, el 8 de febrero, en Juticalpa, otro homicidio múltiple dejó tres víctimas. En Colón, un hecho similar se registró el 30 de enero en Trujillo, con un saldo de cuatro muertos. Estos asesinatos se suman a otros ocurridos en Francisco Morazán y Ocotepeque, consolidando una tendencia que refleja el impacto del narcotráfico en la violencia criminal del país.
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UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ENFOCADA EN LA REACCIÓN
Según Nelson Castañeda, analista de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Estado ha centrado sus esfuerzos en combatir otros fenómenos criminales como la extorsión, lo que ha resultado en una reducción de la presencia estatal en zonas dominadas por el narcotráfico. «Estas masacres (asesinatos múltiples) y la actividad del narcotráfico ocurren por la alta impunidad y la ausencia de una persecución penal estratégica que permita desarticular las redes criminales«, sostuvo.
Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, advirtió que la seguridad en Honduras sigue bajo una estrategia reactiva y no preventiva, lo que permite que zonas como Colón y Olancho continúen operando como enclaves del narcotráfico. «Solo cuando ocurren eventos violentos es que se genera una mayor presencia en la zona. Incluso los altos mandos (de la Policía) deben trasladarse para coordinar respuestas, lo que impacta la percepción de seguridad en la ciudadanía», afirmó.
Añadió que estos departamentos han sido históricamente utilizados para el trasiego y producción de droga, además de servir como refugio para narcotraficantes debido a la falta de presencia efectiva del Estado. «Son zonas sin ley, donde la justicia y el control territorial se imponen con violencia por parte de los grupos criminales«.
De igual forma, Castañeda enfatizó que el tratado de extradición ha sido un instrumento clave en la lucha contra el narcotráfico, ya que la captura y envío de cabecillas a Estados Unidos ha generado golpes contra las estructuras delictivas. Sin embargo, señaló que el país requiere un fortalecimiento real de los órganos de investigación y persecución penal para evitar que estas regiones sigan operando con total impunidad.
El gobierno de Honduras anunció este martes 18 de febrero la suspensión por un año de la denuncia al tratado de extradición, revocando temporalmente la decisión tomada en febrero de 2023, cuando el Ejecutivo notificó formalmente la intención de retirarse de este acuerdo con Estados Unidos.
Desde que el gobierno denunció el tratado de extradición en 2023, los grupos del narcotráfico y el crimen organizado comenzaron a operar con mayor intensidad en el país, bajo la premisa que, después del 28 de febrero de 2025, ya no serían extraditados. Este salvoconducto fortaleció sus operaciones y llevó a un aumento en los homicidios múltiples y otros delitos violentos, especialmente en zonas estratégicas como Olancho y Colón.
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COLÓN Y OLANCHO: BASTIONES DEL NARCOTRÁFICO EN HONDURAS
Para comprender la magnitud del problema en Olancho y Colón, no basta con analizar hechos aislados, sino entender el contexto estructural que ha permitido que estos territorios sean bastiones históricos del narcotráfico. Su vasta extensión territorial, sumada a la débil presencia estatal y a la corrupción en distintos niveles, ha facilitado el asentamiento de organizaciones criminales dedicadas al trasiego, producción y resguardo de narcotraficantes. La región de La Mosquitia, que abarca zonas de estos departamentos, es utilizada como punto estratégico para el aterrizaje de aeronaves con cargamentos de droga, que luego son transportados hacia el norte del país y, finalmente, a Estados Unidos.
Por ejemplo, uno de los grupos criminales más influyentes en estas regiones fue Los Cachiros, una organización que operó en Colón y Olancho utilizando fincas ganaderas como fachada para sus actividades ilícitas, de acuerdo con documentos estadounidenses. Además, según testimonios presentados ante cortes de ese país, Los Cachiros mantenían alianzas con el Cártel de Sinaloa, facilitando el tránsito de droga a gran escala.
Adicionalmente, sobornaban a políticos hondureños para garantizar protección y contratos estatales, lo que consolidó su poder hasta su desarticulación parcial cuando sus líderes se entregaron a las autoridades estadounidenses. Devis Leonel Rivera Maradiaga comenzó a colaborar con la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2013, mientras que su hermano, Javier Rivera Maradiaga, se entregó en enero de 2015. Ambos han testificado en juicios en Estados Unidos, revelando la profundidad de la corrupción y las conexiones políticas en Honduras.
También está Byron Ruiz, conocido como «El Negro«, un actor clave en el tráfico de drogas en Honduras, operando principalmente en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios, según investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Durante años, controló varias pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el ingreso y salida de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica.
Su influencia en el narcotráfico quedó evidenciada en 2015, cuando fue señalado como autor intelectual de un asesinato múltiple en La Mosquitia, donde nueve personas fueron asesinadas.
Su detención en Guatemala en 2018 derivó en su extradición a Estados Unidos en 2019, donde fue condenado por narcotráfico. Sin embargo, en 2022, tras cumplir parte de su sentencia y colaborar con las autoridades estadounidenses, fue liberado y regresó a Guatemala. Su asesinato, ocurrido el 12 de febrero de 2025 en el kilómetro 22 de la carretera a El Salvador, refleja la violencia que rodea el mundo del narcotráfico y el ajuste de cuentas dentro de estas estructuras criminales.
Estos antecedentes demuestran que la alta incidencia de homicidios múltiples en Olancho y Colón en 2025 no es un hecho aislado, sino el resultado del arraigo del narcotráfico y la violencia en estas regiones. La falta de una política de seguridad integral, el débil control estatal y la corrupción han permitido que sigan como bastiones del crimen organizado.
Mientras el gobierno siga operando bajo una estrategia reactiva, como lo es el Estado de Excepción de la mano del plan Solución Contra el Crimen, y sin un control efectivo de armas y territorios, la violencia en Olancho y Colón seguirá siendo una constante. La pregunta no es si seguirá habiendo homicidios múltiples en estas zonas, sino cuántos más serán necesarios para que se implementen medidas efectivas de combate al crimen organizado.
