Tegucigalpa, Honduras.- Algunos miembros de la junta directiva del Congreso Nacional no descartan que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, correspondiente al año fiscal 2023, se apruebe hasta en enero de 2023, y que incluso no se discuta y apruebe, lo cual provocaría que se continúe trabajando con el correspondiente a 2022.
En declaraciones recientes, el vicepresidente del Congreso y miembro de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, Rasel Tomé, anunció que se puede trabajar con el presupuesto que está vigente, en caso de que no se logren los consensos con las bancadas de oposición.
“La Constitución de la República dice que esa ley (el Presupuesto General de Ingresos y Egresos) tiene vigencia hasta que se apruebe la siguiente. Si nosotros no aprobamos la nueva ley, el Presupuesto 2023, vamos a seguir con la actual”, declaró Tomé, quien insistió en que esperan el respaldo de las otras bancadas.
El dictamen del Presupuesto 2023 todavía no ha sido presentado ante el pleno legislativo, sobre todo, porque continúan presentes algunos elementos que no logran convencer a las demás fuerzas políticas. El Partido Salvador de Honduras (PSH) aseguró, días atrás, que presentó a la Comisión de Presupuesto y Finanzas una serie de sugerencias al decreto, sin embargo, no habrían sido admitidas. Partido Liberal y Partido Nacional también han mostrado resistencia a través de sus legisladores.
VEA: Presupuesto del ejército, uno de los que más crecerá en segundo año de administración Xiomara Castro
Según fuentes del Congreso, el principal cuello de botella radica en la oposición que ha mostrado la mayoría de la Cámara hacia los artículos 289, 290 y 291 de las disposiciones generales del Presupuesto 2023, en donde se pretende autorizar a los secretarios de Estado, textualmente, para realizar contrataciones directas sin pasar por la aprobación de la presidenta Xiomara Castro, algo que atenta contra la propia Ley de Contratación del Estado. Otras situaciones, relacionadas con las transferencias municipales, también mantenían estancadas las negociaciones entre las fuerzas políticas hasta el 21 de diciembre de 2022.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas y secretario del Congreso, Carlos Zelaya Rosales, aceptó que los cabildeos están detenidos y entrevió que, de momento, solo la bancada oficialista de Libertad y Refundación está dispuesta a aprobar el Presupuesto 2023. “No hay problema en aprobarlo hasta enero o febrero, aunque eso eso baja la calificación del país. Depende de las bancadas de oposición que podamos tener listo el presupuesto y, por lo tanto, esperamos su acompañamiento durante los próximos días”, declaró, aunque no precisó cuáles son los factores que mantienen estancada su votación y aprobación.
ALTO RIESGO
De acuerdo con los analistas, el riesgo que se corre, al pretender trabajar con el presupuesto vigente durante el próximo año fiscal, es mayúsculo. “Lo ideal sería que se aprobara el presupuesto de 2023, porque ahí ya va en detalle en qué rubro se van a gastar los recursos, pero también existe que, si no se aprueba, como pasó en 2008, se continúa trabajando en base a lo aprobado el año anterior. Esto lleva riesgos porque los recursos podrían utilizarse en otros proyectos que no van a ser los que estaban estipulados, algo que puede conducir a una opacidad en cuanto a los gastos”, explicó a Criterio.hn la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
De interés: Congreso se apresta a aprobar el Presupuesto 2023
Los riegos, ejemplificó la economista, se reducirán a una escasa planificación. Puede ocurrir que se continúe dando prioridad al gasto corriente, por encima de la inversión pública, mientras que en las compras y suministros también podría existir escasa transparencia, y que los fondos sean más bien destinados a pago de sueldos y salarios.
PRESUPUESTO MÁS ALTO DE LA HISTORIA
El presupuesto, que se pretende aprobar, pasará de los L 360,505,902,545.00 a los L392,519,733,991.00, que se traducen en un incremento de L 32,013,831,446 y una variación del 8.88%, considerado el más alto en la historia de la república.
El 59.75% (L 234,540,861,671.00) de los egresos le corresponderán a la Administración Central (variación del 10% con relación a los L 213,227,704,868.00 de 2022) y el restante 40.25% (L 157,978,872,320.00) a la Administración Descentralizada (variación del 7% con relación a los L 147,278,197,677.00 de 2022).
El enfoque del presupuesto, según análisis hechos por este medio digital, estará en los sectores de defensa y seguridad, cuyas asignaciones presupuestarias crecerán en un 14% y un 17%, respectivamente. En tanto, salud y educación, solo lo harán en un 8% y un 7%, de forma respectiva.
Habrá, además, una reducción en los presupuestos asignados a los institutos de previsión y seguridad social, mientras que la recién creada Red Solidaria, la apuesta asistencialista del Gobierno de Xiomara Castro, recibirá presupuestos mayores que el de la mayoría de las secretarías de Estado.
