Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- En su alerta número siete, la Coalición de Observación Electoral no partidaria, Observación N-26, manifiesta su preocupación por el discurso de odio que promueven algunas candidatas y candidatos a cargos de elecciones popular en contra de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sector poblacional que también participa en la actual contienda electoral.
Tal como lo han planteado en sus informes de avances sobre el monitoreo al proceso electoral, infortunadamente, las y los candidatos trans participan en condiciones de desigualdad frente al resto de candidaturas, no solo porque no se buscó una salida política que le permitiera aparecer en las papeletas electorales con su identidad asumida; ellas y ellos están participando con el nombre legal por el cual nadie los conoce.
Además, las y los candidatos LGTBI no están haciendo campañas de contacto directo con la población votante por temor a la discriminación y los ataques a su dignidad, promovido por fundamentalismos religiosos que ahora son fomentado por algunas candidatas y candidatos políticos que expresan abiertamente en sus discursos posiciones dogmáticas contra la comunidad LGTBI, mostrando intolerancia y discriminación por su orientación sexual.
Este tipo de prácticas, alimentan también la exclusión de las voces de la comunidad LGTBI en el actual proceso democrático, alejándolos del debate público y por lo tanto, invisibilizando sus propuestas, necesidades y preocupaciones, coartando su libertad de expresión y movilización, posición que fortalece su condición de vulnerabilidad ante la intolerancia y los prejuicios.
Otro de sus párrafos dice que la clase política parece desconocer la legislación que ella misma aprobó. El Artículo 321-A del Código Penal establece sanciones que van desde tres hasta cinco años de cárcel y multas entre 50 mil y 300 mil lempiras, a quien “incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques contra una persona, grupo o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, organizaciones no gubernamentales”.
De acuerdo con la ley, el discurso de odio por motivo de “sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima” es entonces un delito.
La alerta señala que después de 27 años de retorno a la democracia, la clase política debe dar ejemplo de renovación, mostrando un pensamiento que esté a la altura de los nuevos tiempos, con un discurso y una práctica que responda al respeto a los derechos humanos y a los intereses de toda la población, sin discriminación alguna.
