Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), en el marco del segundo aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista Gustavo Castro desea expresar lo siguiente:
Reiteramos la responsabilidad del Estado de investigar este caso, con la debida diligencia lo cual conlleva la obligación del Estado de realizar una investigación que sea expedita, independiente, pronta y exhaustiva, que agote la extensión de las diferentes autorías y grados de participación, permitiendo conocer la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas y sus familiares.
El Estado además deberá garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso, lo cual implica que tengan acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos judiciales a través de la figura de acusación privada.
En este sentido, la Oficina considera importante que el ente de investigación y persecución penal pueda dar respuesta en un plazo razonable a las solicitudes presentadas por la acusación privada, incluyendo el requerimiento presentado el pasado mes de octubre sobre posibles autorías intelectuales a la luz de hallazgos encontrados en documentación compartida, mediante orden judicial.
La Oficina reconoce el incremento gradual del acceso a la información en relación a las diligencias investigativas, no obstante, se siguen observando fuertes desafíos en materia de transparencia en cuanto a la falta de claridad sobre los criterios seguidos para determinar de la secretividad de la información.
La Oficina desea recordar que la limitación de este acceso debe imponerse en la medida estrictamente necesaria para garantizar la plena efectividad de la participación de la acusación privada.
Como parte de las medidas de no repetición, la Oficina considera fundamental que el Estado de Honduras en atención a las recomendaciones de los órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas, adopte las medidas que permitan superar las debilidades institucionales y normativas que persisten en el país para que los pueblos indígenas puedan tener un acceso efectivo a la justicia y obtener una protección judicial de sus derechos, incluyendo la protección de sus territorios y recursos naturales.
Como ya fue señalado por la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, el Estado Hondureño tiene la obligación de desarrollar y fortalecer mecanismos específicos y permanentes que permitan a los pueblos indígenas presentar sus demandas y obtener una reparación por violaciones a los derechos sobre sus tierras y recursos conforme al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Oficina reitera la obligación del Estado de establecer un marco normativo e institucional que garantice el goce de los derechos de los pueblos indígenas, siendo la consulta previa un pilar fundamental para tal fin. Igualmente importante es investigar los posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que hayan posibilitado la adjudicación de recursos naturales en detrimento del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Aparejado a esta obligación estatal, la Oficina invita a que las empresas incorporen gradualmente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que garanticen el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, sus tradiciones, prácticas y procedimientos de decisión, particularmente en proyectos que puedan tener una afectación a sus medios de vida y territorios.
La OACNUDH continúa expresando su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su acompañamiento en los esfuerzos por la búsqueda de la verdad, reitera al Ministerio Público su ofrecimiento de colaboración para avanzar en el esclarecimiento del crimen e identificar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales.
Finalmente, OACNUDH reconoce y apoya el rol fundamental de la labor de las personas defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática, recordando al estado la obligación de tomar medidas que garanticen un entorno seguro y propicio para la no-repetición de ataques y crímenes de esta naturaleza.
