Por: Redacción CRITERIO
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Choluteca. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) realizó un taller sobre; Estándares de derechos humanos sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales y Estándares de Desalojos Forzosos. El taller se desarrolló en conjunto con la Escuela Judicial de Honduras “Francisco Salomón Jiménez Castro” y la Asociación Jueces por la Democracia.
A la formación asistieron, Magistrados de Corte de Apelaciones, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución, Jueces de Letras (Seccionales), y Jueces de Paz.
Para la OACNUDH es importante que este grupo de profesionales del derecho fortalezca su comprensión sobre los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente referente a los derechos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de posibilitar cada vez más una incorporación en la jurisprudencia de los órganos nacionales.
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su último examen al Estado de Honduras, recomendó la adopción de “medidas necesarias para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados en el Pacto, incluso mediante la realización de capacitaciones sobre el contenido de los derechos del Pacto, incluidas las observaciones generales del Comité, y la posibilidad de invocarlos ante los tribunales, especialmente entre jueces, abogados y agentes del orden, así como miembros del Congreso Nacional y otros actores encargados de la aplicación del Pacto.
Por lo anterior, el rol de los funcionarios jurisdiccionales es central en promover la protección y garantía de estos derechos, un rol que es particularmente importante para la protección judicial de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
El informe además resalta que “Las restricciones en el acceso a la tierra y la inseguridad en la tenencia son factores determinantes de la conflictividad y las violaciones de los derechos humanos. Los campesinos sin tierra que buscan acceso a la tierra a veces invaden tierras que son de propiedad privada, de las que a su vez son desalojados por la fuerza; según los datos del Centro Nacional de Trabajadores Agrícolas, de los 73 desalojos que se llevaron a cabo entre 2016 y 2017, por lo menos 1.100 familias campesinas quedaron sin hogar.
Estos conflictos generan violencia e inseguridad, entre 2016 y 2017, más de 2.000 campesinos, entre ellos mujeres, niños y niñas, fueron procesados con cargos criminales relacionados con la usurpación de tierras.
Los desalojos forzosos suelen llevarse a cabo mediante operaciones conjuntas de la policía y el ejército, a veces con un uso excesivo de la fuerza.”
Por su parte, el Comité DESC recomendó al Estado “adoptar las medidas eficaces contra los desalojos forzosos, de conformidad con la normativa internacional de los derechos humanos y garantizar que las victimas de esos desalojos, tengan acceso a un recurso efectivo que permita la restitución de sus bienes, el retorno a sus casas o tierras y la concesión de una indemnización adecuada”
En el taller participaron 22 funcionarios jurisdiccionales, de las localidades de la ciudad de Choluteca, y de los municipios de Nacaome, Amapala, San Lorenzo y Pespire, así como otras localidades del Departamento de Choluteca y cercanías del Departamento de Valle.
