Tegucigalpa, Honduras. – Porque los efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) no están preparados para convivir con la población y privados de libertad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pidió al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, desmilitarizar los centros penales.
Fue Isabel Albaladejo, representante del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, quien realizó la sugerencia al gobierno de Castro y, de igual manera, mencionó que la intervención penitenciaria de las manos de las Fuerzas Armadas (FF. AA) sólo tenía que ser excepcional, por la tragedia que se registró en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
“Hemos recomendado en numerosas ocasiones que se debe dar el traspaso gradual al liderazgo civil, es decir, a los policías penitenciarios, porque las Fuerzas Armadas no son la institución competente para ejercer el control y administración de los centros penales”, dijo Albaladejo en medios de comunicación.
Agregó que “la militarización del sistema penitenciario, entendemos que es una medida excepcional y puntual, debido a las situaciones que provocaron reyertas en los centros penitenciarios”.
Las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público, tomó el control de todos los centros penales, desde el uno de julio del corriente año, luego que, en la penitenciaría femenina, situada en Támara, Francisco Morazán, a unos 16 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, se registró una masacre que acabó con la vida de 46 privadas de libertad.
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Desde ese entonces, por orden de la presidenta Xiomara Castro, el control de los centros penales pasó de estar en manos de la Policía Nacional, bajo la dirección de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, a ser entregados a la Policía Militar, liderada por el coronel Ramiro Muñoz.
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la intervención penitenciaria es una alternativa para hacer una lucha frontal en contra de la criminalidad y corrupción, que mantienen los privados de libertad ligados a estructuras criminales, pero esa medida no debe ser orquestada por policías ni militares, como lo recomendó OACNUDH.
“Los militares y policías no pueden estar en la dirección de las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones como las que se están viviendo”, dijo el abogado en conversaciones con Criterio.hn.
Mejía hizo referencia a la sentencia del caso “Pacheco Teurel y otros vs. Honduras”, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2012, ordenó que la nación centroamericana prevenir situaciones que pongan en riesgo a los privados de libertad, como incendios, reyertas y, además, cumplir con sus necesidades básicas.
En lugar de una intervención penitenciaria militar o policial, Mejía planteó que las autoridades de Seguridad deben implementar una carrera penitenciaria, que prepare a civiles en materia penal, derechos humanos y dirección de cárceles.
“Con esa carrera penitenciaria se podría contrarrestar el problema de los privados de libertad. Recordemos que en Honduras han estado los militares y policías, pero nunca han mantenido el control en las cárceles. Esas estrategias han fallado a lo largo de la historia”, precisó.
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CAMBIO ADECUADO
Aunque organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos de los privados de libertad sugieren la desmilitarización, las autoridades de la Secretaría de Seguridad mantienen que pasar el control y administración de las cárceles a la PMOP ha sido una de las decisiones más acertadas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
“Recientemente estuve en dos centros penitenciarios: Támara y en Ilama (Santa Bárbara) y realmente que la decisión presidencial en el cambio transitorio del manejo carcelario a militares ha sido adecuada, se recuperó la gobernanza y se avanza en un plan integral por la rehabilitación”, dijo la vice ministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
Además, el coronel Ramiro Fernando Muñoz, encargado de organizar la intervención penitenciaria, y que hace varios meses estuvo envuelto en una serie de irregularidad por abusar de su poder para intimidar a sus subordinados, sostuvo que, desde que tienen el control, la criminalidad orquestada por los privados de libertad ligados a maras y pandillas, dejó de ser un problema para el país.
Sin embargo, empresarios del transporte, rubro más golpeado por el delito de extorsión, continúan denunciado que continúan siendo el blanco de ese delito, a través de llamadas telefónicas extorsivas que continúan saliendo de los centros penales.
Jorge Lanza, empresario del transporte, contó que las misas autoridades policiales, les han afirmado que, tras rastrear el origen la tarjeta chip (del extorsionador), el indicador demuestra que la llamada sale desde un centro penal.
