Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anuncia extensión de estado de excepción y segunda fase del Plan Nacional de Seguridad
Tegucigalpa. -El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha manifestado su preocupación por la ante las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Oacnudh expresa su preocupación por la recurrencia al estado de excepción y reitera su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación que aborde las causas profundas de la violencia.
En sus redes sociales la OACNDUH señala que las medidas adoptadas, como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas de Honduras, comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, en su función de dirección y control de las detenciones.
En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en 2022 el Alto Comisionado sugirió la aprobación e implementación de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que haga efectiva la desmilitarización gradual, tanto a nivel operativo como de cultura institucional, promoviendo la visión y liderazgo civil en el sector.
Además, de abordar de forma integral los problemas de inseguridad y violencia, priorizando, con un enfoque de derechos humanos, la prevención, investigación y sanción.
Las declaraciones de estado de excepción y suspensión de derechos fundamentales deben ser adoptadas en estricto respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Todas las medidas tomadas en este contexto deben ser proporcionales, temporales y limitarse a las estrictamente requeridas por las exigencias de la situación.
En el mismo documento recomendó al Gobierno de Honduras revisar la normativa interna del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, para delimitar su mandato y ajustarla a las obligaciones internacionales de los derechos humanos, respetando la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público.
A juicio de la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, la extensión del estado de excepción y asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas de Honduras, es una situación que preocupa al organismo.
Shackelford es del criterio que se debe apoyar un enfoque de prevención, seguridad ciudadana y diálogo entre varios sectores para construir democracia, paz social y desarrollo en Honduras.
Para el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP Conaprev) las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo en Consejo Nacional de Defensa representan “involución” en el respeto y garantía de derechos humanos.
En el comunicado exponen su preocupación ante el uso recurrente del estado de excepción y que no se exploren otras medidas que no comprometan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De igual manera el mismo documento, cuestiona el decreto de emergencia para el equipamiento, construcción y reformas de instalaciones y centros penales; acción que preocupa al Conaprev pues argumentan que en un Estado de derecho el fin retribuido de la pena jamás justifica que su ejercicio conlleve a la violación de derechos humanos.
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REFORMAS A LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD
El abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, manifestó que la derogación de la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) era para evitar lo que contiene la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad.
Desde su cuenta de Twitter el jurista señaló que con la actual normativa, que rige al cuestionado Consejo de Defensa, el Poder Ejecutivo asignando responsabilidades a otros poderes del Estado, tal y como está estructurado, más que un órgano de coordinación de poderes es un supragobierno en el que el Poder Ejecutivo tiene un papel preponderante frente a los otros poderes (Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia), “lo cual es un grave riesgo para el principio de separación de poderes y su independencia”.
A juicio del constitucionalista el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, sigue tropezando con la misma piedra que gobiernos anteriores.
El Consejo de Defensa y Seguridad es un órgano establecido en la Constitución en el artículo 287, mismo que ordena la creación de una ley especial para su regulación. Desde 1982 este mecanismo estuvo sin efecto, sin embargo, en 2011, siendo Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional (2010-2014), aprobó el Decreto Legislativo 239-2011 dando paso a la instauración de su régimen que subordinó al Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía a su dominio.
Ya como presidente de la nación, Juan Orlando Hernández, (extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados a la narcoactividad) aprovechó la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para concentrar el poder y subyugar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ministerio Público y someterlos a la determinación de la figura presidencial siendo considerado un mecanismo perverso amparado en una ley que le otorgó un poder omnímodo.
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APRUEBAN EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
El 31 de marzo al finalizar la reunión del Consejo de Defensa se anunció la implementación de la segunda fase del Plan de Seguridad, que consta de nueve medidas con una vigencia de seis meses. Entre las disposiciones que serán ejecutadas por las diferentes fuerzas de seguridad del Estado.
El secretario de Prensa, Ivis Alvarado, anunció que se una de las determinaciones del Consejo de Defensa fue prorrogar por seis meses el PCM-10-2023, del 20 de febrero de este año, el que decretó la suspensión de garantías constitucionales y se asigna las responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad y como colaborador efectivo a la Secretaría de Defensa.
El primer punto del plan contempla que toda información y documentación como resultado del cumplimiento de funciones y actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serán manejados por la Dirección de Investigación e Inteligencia de conformidad con las reservas de las normativas vigentes.
Otro de los apartado que ha llamado la atención es que se ha instruido a las Fuerzas Armadas para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario, en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia, para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares de seguridad penitenciarias y tratados internacionales que regulan convenios internacionales los derechos de los detenidos.
Otro punto importante, es que desde el Poder Ejecutivo se emitirá el decreto de emergencia para los equipos técnicos y operativos igual para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penitenciarios en cualquier parte del país.
