Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- En una reacción un tanto tardía la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), manifestó su preocupación porque las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), no cumplen los compromisos firmados con los estudiantes y por la condena emitida ayer contra los estudiantes Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa.
El proceso judicial contra los estudiantes inició en el año 2015 y aunque el OACNUDH se instaló sus oficinas en Honduras hasta el 2016, no se había pronunciado al respecto.
Fue hasta este día que mediante un pronunciamiento que la OACNUD se refirió al tema y se declaró alarmada porque las autoridades de la UNAH incumplieron sus compromisos.
Hay otros 20 estudiantes procesados a quienes se les esta sindicando de cometer el mismo delito por el cual ya fueron condenados estos tres estudiantes el día de ayer y lo más seguro es que existiendo la jurisprudencia de este caso también los van a condenar. Es ahora cuando debe actuar el OACNUDH y otras organizaciones defensoras de derechos humanos para evitar una nueva condena por el hecho de exigir una educación gratuita y de mejor calidad y evitar una llana criminalización del derecho humano a protestar dijo uno de los muchachos condenados que prefirió el anonimato.
El estudiante manistestó a Criterio.hn que ese pronunciamiento debió ser desde que comenzó el juicio oral que es clara evidencia que se estaban violando los acuerdos y no ahora que ya se ha dado la condena en su contra.
A continuación el comunicado de la OACNUDH
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en Honduras se encuentra alarmada por la condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La Oficina regional en Honduras expresó su preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal.
De igual manera, la Oficina ha observado que este tipo penal está siendo utilizado de manera reiterada en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento.
En el marco de nuestro mandato de monitoreo y observación, deseamos expresar nuestra firme preocupación por el no cumplimiento del acuerdo firmado el 20 de julio de 2016 entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los representantes de los estudiantes universitarios agrupados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) para poner fin a la crisis de ese entonces, y en cuya celebración firmaron como testigos de honor la OACNUDH Honduras y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
En lo particular, la Oficina se encuentra extremadamente consternada de que no se haya cumplido el segundo punto del acuerdo en donde se establece que “las autoridades de la UNAH se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios”.
El no cumplimiento de este punto ha significado la finalización del juicio con la condena por el delito usurpación contra los estudiantes Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, representando una falta grave por parte de las autoridades de la UNAH y poniendo en duda su compromiso para poner fin a este conflicto y a cualquier otro que surja en el futuro.
La Oficina hace un llamado urgente a las autoridades de la UNAH por el incumplimiento del segundo punto de los acuerdos firmados, ya que como la máxima casa de estudios en el país, tiene la obligación de promover el respeto y la protección de los derechos humanos de sus estudiantes y de dar el ejemplo al acatarse a los compromisos que asume por el bien de la institución y de su población estudiantil.
