Mario Roberto Zerón Suazo

Nuevo director del SAR acusado en caso de corrupción junto a Nasry Asfura

Mario Roberto Zerón Suazo, fungió como Tesorero Municipal durante la administración nacionalista de Nasry Asfura, cargo desde el cual integró, junto al ahora presidente de la república, una red de lavado de activos, mediante la cual se desviaron de las arcas de la alcaldía capitalina más de 28 millones de lempiras, entre 2017 y 2018, según la acusación del Ministerio Público y cuyo caso se encuentra en proceso en la Corte Suprema de Justicia.

Zerón Suazo, aparece, además, en un documento, emitido el 5 de agosto de 2015, por la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ahora SAR,  como usuario bloqueado por omitir la declaración de renta del período 2011.

Tegucigalpa, Honduras. A los  cuestionamientos por nepotismo en contra de la recién estrenada administración, se suma ahora la  inclusión de una figura que, junto al presidente Nasry Asfura, ha asumido sus funciones con un caso judicial en proceso.

Se trata de Mario Roberto Zerón Suazo, el recién nombrado ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), quien es parte, según la acusación de 2024 de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), de una red de lavado de activos liderada por el entonces alcalde capitalino, Nasry Asfura, mediante la cual se habrían drenado más de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018.

De acuerdo a la acusación de la Uferco, los fondos fueron sustraídos mediante la emisión de 32 cheques, bajo las figuras de fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos y habrían servido para el financiamiento de campañas políticas y para el pago de gastos que no corresponden a la municipalidad, incluso para el pago de tarjetas de Nasry Asfura para compras personales, entre estas, joyas para sus hijas.

Nasry Asfura
El análisis financiero de los 32 cheques de caja reveló un desvío de fondos en beneficio de empresas donde Nasry Asfura figura como socio fundador. En total, 21 millones de lempiras fueron transferidos a las cuentas de las compañías DECOESA, COSEMSA, IMBASA y CESA. En la imagen, Nasry Asfura tras salir, en octubre de 2024, de una audiencia judicial en Tegucigalpa.

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LOS NEXOS DE ZERÓN Y ASFURA 

Zerón Suazo, próximo a cumplir 70 años, nació el 15 de mayo de 1956 en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. Es licenciado en administración de empresas y ha ocupado cargos dentro de la administración pública en los que ha desempeñado actividades afines a su carrera como Tesorero Municipal y Director de Administración y Finanzas de la alcaldía capitalina durante la gestión de Nasry Asfura (2014-2022).

Al fungir en la administración de la alcaldía capitalina, Zerón Suazo se convirtió en una persona muy cercana a Asfura, de hecho, fue el responsable de autorizar, registrar y firmar, junto a Asfura, las órdenes de pago, además de gestionar ante el fideicomiso la emisión de los cheques, mediante los cuales se drenaron los fondos, según la según la sentencia  del antejuicio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Penal, por lo cual enfrenta cargos por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

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EL CASO SE ENCUENTRA ENGAVETADO 

Pese a la gravedad del caso, que involucra a Nasry Asfura, Mario Roberto Zerón Suazo, y otros siete exfuncionarios municipales, entre ellos a Nilvia Ethel Castillo, actual diputada al Parlamento  Centroamericano (Parlacen), este se encuentra inactivo desde noviembre de 2024 cuando pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Anteriormente, en  octubre de 2024, el Juzgado de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa,  tras la celebración de la audiencia de declaración de imputado, dictó medidas sustitutivas tanto Nasry Asfura como  a los ocho exfuncionarios implicados en el desvío de los fondos municipales,  decisión que le permitió a Asfura continuar con sus intenciones de buscar la presidencia de Honduras. 

Las medidas sustitutivas, que incluyeron el pago de una fianza de 15 millones de lempiras, la prohibición de salir del país y presentarse todos los meses a firmar a los tribunales, fueron revocadas. 

El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, al considerar que en el mismo figura la diputada al Parlacen Nilvia Ethel Castillo, por lo debe ser procesado “bajo un procedimiento especial de alto funcionario por supremacía constitucional”. Fue de esa manera que la Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada resolvió remitir el caso, el 15 de noviembre de 2024, a la Corte Suprema de Justicia, donde en diciembre de 2024 se nombró como juez natural al magistrado Milton Jiménez Puerto.

A casi 14 meses de que el caso pasara a la Corte Suprema de Justicia, sigue sin agendarse la audiencia inicial.

Sobre el caso, el abogado y exfiscal general del Ministerio Público, Edmundo Orellana, explicó que, en términos generales, el problema se plantea desde la elección del presidente, puesto que Asfura, quien hoy ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo, participó en un proceso electoral  a sabiendas  que tenía un proceso criminal abierto por corrupción. 

El exfiscal señaló que la sociedad hondureña ahora tiene valores distintos a los que se manejaban en años anteriores, pues afirmó que antes era casi imposible que se le  permitiera llegar a cargos de elección popular a figuras procesadas criminalmente o señaladas por la fiscalía. 

En alusión a Nasry Asfura, el exfiscal general, Edmundo Orellana sostiene que si  una persona imputada llega a un cargo de poder no resulta extraño que la estructura administrativa que maneje esté conformada por perfiles similares.

OMITIÓ DECLARACIÓN DE LA RENTA

Criterio.hn indagó sobre el perfil del nuevo director del SAR, Mario Roberto Zerón Suazo y encontró que su nombre aparece en un documento emitido el 5 de agosto de 2015 por la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), hoy conocida como Servicio de Administración de Rentas (SAR),  como usuario bloqueado por omitir la declaración de renta del período 2011. Un antecedente que resulta curioso, considerando que ahora ocupará un cargo desde el cual exigirá a los ciudadanos la rendición de cuentas en cumplimiento de la recaudación fiscal.


Para la abogada y activista anticorrupción, Gabriela Blen, la actual administración debe ser cuidadosa con los nombramientos, no sólo por la reputación de la institución política, sino por el riesgo y peligro del erario.

La activista anticorrupción, Gabriela Blen, recalcó que cuando una persona ya posee antecedentes criminales, no debe incorporarse bajo ninguna figura en la función pública, mucho menos en un cargo como el de Mario Roberto Zerón Suazo. 

La jurista señaló que el hecho de que una persona haya sido vinculada a una investigación por delitos como fraude o violación a los deberes de los funcionarios es la razón más lógica para que se mantenga lo más lejos posible de cargos públicos, debido a que tienen posibilidades de prestarse nuevamente a actividades de esa índole. 

Blen lamentó que la administración de Asfura esté comenzando con el pie izquierdo al nombrar a personas con señalamientos cuando en el país existen hondureñas y hondureños con las capacidades y la preparación para asumir esos cargos. 

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