Es preocupante también constatar la reducción de penas en delitos clave relacionados con la lucha contra la corrupción, como el de malversación de fondos, fraude o lavado de activos
Por: redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – La Articulación 611 compuesta por diversas organizaciones de sociedad civil y derechos humanos, manifestaron una vez su preocupación ante la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo 10 de noviembre.
Un comunicado emitido este día señala que, dicho texto legal contiene muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña y denunciamos, tal como lo hemos venido haciendo desde hace dos años, que este proceso no contó con la suficiente divulgación ni con una efectiva participación de la sociedad civil hondureña.
Recalcan que esas disposiciones podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social, contando con un asidero legal con nuevos y viejos delitos que tienen penas mucho más altas que las establecidas para otros delitos de mayor gravedad, como el tráfico de drogas o lavado de activos También aumenta la pena de los delitos de coacciones y de instigación a la sedición, cuya aplicación está muy vinculada a los conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales.
Aun en contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos como la CIDH u OACNUDH, el Código Penal incluye el delito de asociación terrorista con una ambigua redacción, que puede ser usada como una potencial herramienta contra movimientos sociales y sus financiadores nacionales e internacionales.
Asimismo, el Código mantiene la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, en clara amenaza a la libertad de expresión; estableciendo además como supuesto agravado el uso de redes sociales.
Llama la atención que, en sentido contrario, se reducen drásticamente las penas de varios delitos que sirven para perseguir las violaciones de derechos humanos, como el delito de tortura.
En cuanto a los derechos de las mujeres, si bien el nuevo Código Penal introduce algunos avances, es preocupante que se continúe penalizando el aborto cualquier circunstancia.
Además, la incorporación de agravantes en varios delitos que tienen que ver con el consentimiento y la indeminidad sexual dejan en desprotección a niñas y niños, y se han establecido penas muy bajas en delitos como el estupro, violencia contra las mujeres y trata de personas, que no se corresponden con la importancia del bien jurídico protegido, además de introducir la figura de maltrato familiar para reemplazar la violencia intrafamiliar.
Cabe destacar que en el caso de la comunidad LGBTI, los crímenes de odio desaparecen, dejando en un estado de indefensión aún mayor a las víctimas de este tipo de crímenes.
Es preocupante también constatar la reducción de penas en delitos clave relacionados con la lucha contra la corrupción, como el de malversación de fondos, fraude o lavado de activos. Pero es aún más grave la creación de nuevos tipos como el de fraude de subvenciones y ayudas, que sanciona conductas similares a las denunciadas en los casos Arca Abierta, Red de Diputados y Pandora de MACCIH, al establecer la exención de responsabilidad penal de los infractores que devuelvan lo robado antes de ser objeto de requerimiento fiscal.
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Desde la Articulación 611 denunciaron que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que favorecen a las personas y grupos políticos implicados en la criminalidad organizada que han logrado infiltrar al Estado hondureño al más alto nivel.
En este sentido, el artículo 9 del nuevo Código, establece el principio de «justicia universal», que de aplicarse impediría la extradición a Estados Unidos de personas involucradas en narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, entre otros delitos. La drástica disminución de las penas por tráfico de drogas y lavado de activos constituyen modificaciones injustificadas a las penas vigentes en las legislaciones especiales actuales.
La Articulación 611 demandó que se suspenda su periodo de «vacatio legis» y se reabra un proceso de consultas con sociedad civil y demás actores sociales y políticos del país que permita consensuar un texto que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos y libertades, así como de efectividad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
