Las medidas que se implementan en las cárceles de Honduras podrían incurrir en contradicciones con la Convención Contra la Tortura de la cual el Estado es parte
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa, Honduras. –El 26 de junio se conmemoró el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, según lo designó Naciones Unidas (ONU), con el fin de prevenir actos degradantes y rehabilitar a las personas víctimas de este delito.
Honduras es uno de los países suscrito al convenio contra la Tortura, por el ello, en 2010 a través del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), emitió una serie de recomendaciones mediante el Informe sobre la visita a Honduras del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Dentro de las misivas se encuentra: instruir al personal policial, de manera clara, categórica y periódica, sobre la prohibición absoluta e imperativa de toda clase de tortura y malos tratos.
Asimismo, la investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos.
Al tiempo que se alienta al Estado a que mantenga y aumente las medidas preventivas de la tortura y otros malos tratos, lo cual debe insertarse en una amplia política pública.
Luego de implementar “mano dura”, – al estilo del presidente de El Salvador Nayib Bukele-, en los centros penales de Honduras, varios sectores alertan que las medidas podrían violentar los tratados contra la tortura a los cuales el país está suscrito.
TORTURA PSICOLÓGICA Y FÍSICA
Para el caso, la asesora legal y técnica del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Esther Salinas, dijo a Criterio.hn que, con las nuevas medidas en el tema de seguridad carcelaria, se incurriría en actos de tortura.
Destacó que las primeras imágenes difundidas por las autoridades se podrían catalogar como los primeros indicios de este delito.
Explicó que la tortura se pueda realizar de dos maneras: física y psicológica. “La tortura psicológica, es al ser exhibidos de esa forma por medios de fotos y divulgar la lejania a la cual será trasladados”, apuntó Salinas.
Destacó que Honduras esta suscrita a la Convención Contra la Tortura y a la convención de derechos humanos, “es irónico que como país nos suscribamos a convenios para frenar la tortura, pero se implementa una medida mediática donde se promueve la violación a los derechos humanos”, indicó.
Salinas explicó que la convención detalla que el delito de la tortura es imprescriptible, por tanto, las posibles víctimas podrían recurrir a la vía legal e interponer demandas en un futuro, “ya Honduras está enfrentando múltiples demandas en el tema penitenciario”, aseguró Salinas.
Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya emitió varias recomendaciones en el tema carcelario, por ejemplo, en factores como hacinamiento, capacitación a custodios, entre otras, “ellos hacen visitas al país y reciben información de la sociedad civil,”, recordó.
Analizó que el mensaje que mandan las autoridades al realizar este tipo de actos de exhibición es fomentar una cultura de violencia, donde se cree que la única forma de frenar la delincuencia es con más ataques.
La estudiosa de derechos humanos destacó que desde el CPTRT enfrentan una gran preocupación por la medida de colocar a los militares al frente de los centros penales, porque contradice las propuestas de defensa de los derechos humanos que prometió el gobierno de turno.
A raíz de todo el panorama mencionó que desde el CPTRT ya se está trabajando en una propuesta de Ley que se enviaría al Congreso Nacional (CN), para investigar y sancionar la tortura, “ahora más que nunca es un momento idóneo para que esa propuesta de Ley sea aprobada en el congreso”, mencionó.
VEEDURÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
En tanto, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, dijo a Criterio.hn que a su juicio no se han presentado casos de tortura con las nuevas medidas carcelarias, sin embrago los riegos que se empiecen a realizar es alto.
Agregó que no considera oportuno colocar a privados de libertad bajo el mando de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), porque esta entidad no está capacitada para realizar las funciones encomendadas.
“Las Fuerzas Armadas están entrenadas para atacar o repeler un ataque, mientras el trato con privados se requiere un proceso de formación particular, que hasta donde entiendo no está siendo implementado”, expresó el defensor.
Aseguró que el riego principal de asignar esas funciones a las Fuerzas Armadas es que si el militar asignado en la cárcel golpea bruscamente a un privado de liberad, se podría catalogar como un trato cruel e inhumano o incluso en tortura”.
Coincidió con Esther Salinas al referir que, en caso de ocurrir actos de torturas en centros penitenciarios, el Estado de Honduras podría ser denunciado, “si eso pasa tendremos en algunos años la obligación de resarcir las personas que fueron víctimas de ese tipo de tratos”, aseguró Acevedo.
Ante el panorama antes descrito, destaca que los llamados a velar para que no se realicen actos de tortura son: El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), los encargados de derechos humanos del Instituto Penitenciario y las instancias de derechos humanos de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a organismos internacionales, son: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ya está haciendo veeduría de este proceso.
Destacó que un ojo permanente, deberia ser el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “además de las organizaciones que trabajamos el tema de alguna manea estamos vigilando y haciendo comunicación con los organismos internacionales a fin de establecer medidas que permitan prevenir los casos”, concluyó el entrevsitado.
AGRAVAR SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Sobre el tema, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, catalogó como grave la situación de los derechos humanos en Honduras “no es algo nuevo, lo que vimos ahora es publicar lo que siempre pasa, les la muestra simbólica de decir vamos a implementar mano dura con esta gente”.
Destacó que su preocupación radica en fomentar la idea que los militares son la solución de los problemas de seguridad cuando este cuerpo armado ha sido el responsable de cometer múltiples violaciones a los derechos humanos en el país.
Agregó que entregar el mando de los centros penitenciarios a los militares no es un hecho nuevo ya que anteriores ocasiones se ha implementado sin grandes resultados, “me preocupa que le vuelven a dar los centros penales a quienes lo han tenido, hasta el año pasado, se los han pasado a la policía y se los vuelven a quitar y ahora los vuelen los militares”, apuntó Mejía a Criterio.hn
El 30 de abril de 2012, el país recibió la visita de una misión del Subcomité para la prevención de la Tortura de Naciones Unidas, para constatar el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2010.
Lo anterior luego de los hechos suscitados el 14 de febrero de 2012, donde se produjo un incendio en la granja penal de Comayagua en el que murieron 360 privados de libertad.
