Por: Felipe Puerta
Honduras Reforma judicial Élites y Crimen Organizado
El segundo esfuerzo de la misión de la OEA por reformar las leyes de Honduras para mejorar el combate al crimen y la corrupción en las instituciones del país se topa con la oposición de viejos poderes, los cuales podrían volver a tener éxito en sus esfuerzos por minimizar los cambios, como ocurrió con la primera propuesta realizada por la misión.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos fue aprobada por el Congreso de Honduras el 20 de octubre, en una votación que contó con la aprobación de dos tercios de los 128 diputados, informó Reuters.
La propuesta fue presentada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y desarrollada en conjunto con representantes de la clase política, sectores de la sociedad civil y otros actores, y busca mayor regulación, control y transparencia sobre el origen y destino de los fondos utilizados en la financiación de campañas políticas en el país.
Para hacerlo, la misión busca establecer algunos parámetros hasta ahora ajenos a las leyes electorales del país, como acabar con el secreto bancario, prohibir donaciones de empresas que tengan contratos con el Estado, definir topes para las contribuciones y suspender la publicidad estatal durante la campaña electoral.
Una de las principales herramientas que la reforma propone es la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que estaría encargada de supervisar la regulación de campañas electorales y de definir sanciones para quienes vulneren los procesos, las cuales podrían ir desde multas hasta la cancelación de la inscripción de personas o incluso partidos en las votaciones.
Antes de que la ley fuera aprobada, Juan Jiménez Mayor, el abogado y político peruano portavoz de la MACCIH, señaló: “Esta ley será poderosa y permitirá desterrar las alianzas oscuras entre el dinero sucio que pretende ingresar a la política y por supuesto los sectores políticos. Esa ley la estamos trabajando, ahí plantearemos los consensos que ya existen en el país a través de tres iniciativas que ya están en el Congreso y pronto daremos resultados en esta materia.”
MACCIH comenzó sus actividades en abril de este año, con el fin de servir de apoyo a jueces y fiscales en su lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, luego de que las instituciones del país mostraran no contar con las capacidades o la voluntad política suficientes para abordar emblemáticos casos de corrupción y de crimen organizado.
Entre estos el millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), casos de narcotráfico relacionados con las élites, redes de corrupción y sicariato al interior de las filas de la policía nacional y el asesinato sistemático de líderes sociales, entre ellos el reciente homicidio de la activista ambiental Berta Cáceres.
Las autoridades hondureñas comenzaron a investigar las denuncias de corrupción en el IHSS a finales de 2013 y revelaron que como parte del esquema se habían creado más de diez empresas fantasma, las cuales presuntamente entregaron cheques y realizaban transferencias mensuales al comité central del Partido Nacional.
Foto tomada de Criterio.hn
El desfalco total del IHSS ha sido calculado en cerca de US$330 millones, de los cuales al menos US$90 millones habrían sido destinados al oficialista Partido Nacional y habrían sido utilizados en la financiación de la campaña del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Hernández ha emprendido una campaña política para asegurar reformas legales que le abran el camino a la reelección. Por algo similar, un sector del Ejército depuso en 2009 al entonces presidente del país Manuel Zelaya.
En junio de 2015, Hernández admitió públicamente que empresas vinculadas a casos de corrupción en el IHSS habían contribuido para su campaña presidencial de 2013. Sus declaraciones desencadenaron una oleada de indignación a nivel nacional, que llevó a multitudinarias protestas a lo largo del país y a que algunos sectores políticos incluso pidieran su renuncia, lo cual aumentó la presión para establecer la MACCIH.
En marzo de 2016, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de dos cuentas bancarias del Partido Nacional que habrían recibido fondos de empresas vinculadas al escándalo de corrupción en el instituto de seguridad social hondureño entre marzo de 2012 y abril de 2013.
La propuesta de ley se presentó en medio del reciente anuncio de que agentes de inteligencia hondureños y estadounidenses estarían investigando a 35 personas, entre ellos a ocho alcaldes, nueve diputados y dos jueces. En los últimos años las fuerzas de seguridad hondureñas han capturado a un poco más de una docena de alcaldes —algunos de ellos miembros del partido gobernante— e investigado a más de 30 por delitos que van desde casos de corrupción hasta narcotráfico y redes de sicariato.
Análisis de InSight Crime
La corrupción que ha caracterizado a la política hondureña es uno de los principales retos que la misión internacional busca abordar y resalta la necesidad de reformar las leyes del país para sanear sus instituciones, así como la urgencia de implementar normativas que permitan una mayor transparencia y fiscalización de las personas y partidos que ocupen cargos de elección popular. Pero hacerlo no será una tarea fácil.
Las reformas propuestas por la MACCIH en su poco tiempo en el país se han enfrentado con una serie de retrasos y modificaciones por parte del Congreso y de otros estamentos del gobierno que parecen no tener las capacidades o la voluntad política para implementarlos.
La primera iniciativa de la misión buscaba reformar algunos artículos del Código Penal para facilitar la denuncia ciudadana de delitos relacionados con corrupción de funcionarios, así como para implementar mecanismos de selección adecuados para jueces anticorrupción que procesarían estos delitos de manera objetiva e independiente.
Sin embargo, las capacidades de la misión para seleccionar a los jueces se vieron afectadas en junio de este año, cuando el Poder Judicial determinó que su elección quedaría en manos de una comisión integrada por dos magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia y que la MACCIH solo tendrá un voto entre los candidatos nominados por otro miembro del gobierno, un magistrado de la Sala de Penal, quien también presidiría la comisión.
Por si fuera poco, el Congreso del país aprobó en julio una serie de reformas al Código Procesal Penal, las cuales otorgan a los jueces del país la potestad para dictaminar medidas cautelares laxas en 21 delitos si la defensa logra demostrar ante un juez que ésta estará presente durante todo el proceso.
Entre los crímenes que se podrán defender en libertad se encuentran casos de homicidios, lavado de activos, extorsión, trata de personas y delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Lo anterior no solo ha resultado en una reducción significativa de las capacidades de la misión para elegir jueces, sino que también ha abierto la puerta a que una nueva serie de crímenes queden en la impunidad.
‘El bloqueo sistemático a las propuestas de la misión ha dejado al descubierto una vez más la incapacidad de las instituciones de Honduras para enfrentar la corrupción al interior de sí mismas’.
Algo similar ocurrió con la recién aprobada Ley de Política Limpia, cuyo anteproyecto se esperaba que estuviera listo en julio de este año, fuera aprobado en septiembre y entrara en efecto antes de los comicios primarios, programados para marzo de 2017.
La ley sufrió de serias modificaciones luego de que se aprobara un cambio significativo en lo relativo a la creación de la Unidad de Transparencia, la cual ahora será dirigida por tres comisionados, en lugar de uno como había sido planteado por la misión.
La elección de estos candidatos, así como sucedió con la primera propuesta de la misión, ahora estará fuertemente controlada por los mismos poderes dentro del gobierno que la ley debería tener la capacidad de procesar.
En medio de estos retrasos, la misión llegó a advertir sobre la falta de voluntad política para aprobar la ley, e incluso pidió a los principales empresarios del país que dejaran de sobornar, proteger y financiar a las personas que aspiran a cargos de elección popular, llegando al punto de afirmar que la misión se iría del país sino se aprobaban las reformas.
Las modificaciones realizadas a la ley y los continuos y deliberados retrasos en su aprobación ilustran el más reciente esfuerzo de las élites del país para afectar las capacidades de la misión internacional y dejan en entredicho la autonomía y las capacidades que tendrá la Unidad Técnica.
Así mismo, el bloqueo sistemático a las propuestas de la misión ha dejado al descubierto una vez más la incapacidad de las instituciones de Honduras para enfrentar la corrupción al interior de sí mismas y son la más reciente muestra de los poderosos intereses políticos y criminales que siguen operando con impunidad en el país.
