La nueva Ley de Emergencia Vial, con vigencia de un año, permite contrataciones directas para obras de mantenimiento, dragado de canales y construcción de represas, pero especialistas advierten que la ausencia de límites presupuestarios y procesos de licitación aumenta riesgos de opacidad y decisiones discrecionales en el uso de recursos públicos.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa, Honduras .-El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, a petición del presidente Nasry Asfura. La iniciativa fue leída por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y sometida a votación el martes por la noche.
La norma declara estado de emergencia vial a nivel nacional para ejecutar mantenimiento inmediato de la red vial, bacheo preventivo, construcción y ampliación de puentes, dragado de cauces y limpieza de sistemas de drenaje, así como la adquisición de maquinaria y equipo para las municipalidades. La ley permite además la contratación directa de proyectos.
Con esta aprobación, a 15 días de iniciada la nueva administración, el Congreso suma la segunda ley de emergencia impulsada por el Ejecutivo, tras la normativa en materia de salud.
Aunque el decreto plantea acciones urgentes en mantenimiento y control de inundaciones, analistas señalan que su alcance se concentra en intervenciones de carácter inmediato, mientras que los desafíos estructurales de la red vial, incluidos corredores estratégicos cuya ejecución depende de financiamiento externo que continúan pendientes. La inclusión del mecanismo de compras directas reabre el debate sobre los estándares de control y supervisión que deberán aplicarse durante la ejecución de los recursos.
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Sobre la aprobación de esta ley el doctor y diputado Carlos Umaña dijo que el proyecto de ley tiene como finalidad principal prevenir inundaciones y proteger la infraestructura vial, especialmente en el Valle de Sula. Señaló que una de las medidas clave es el dragado de canales de alivio como el Chotepe y el Maya, además de la eliminación de obstrucciones que impiden el flujo del agua. Según indicó, la arena extraída de estos trabajos serviría para reconstruir y reforzar los bordos en zonas vulnerables como El Progreso, La Lima y áreas bananeras que han sufrido graves afectaciones por tormentas.
Por otra parte, la aplicación del mecanismo de compras directas deja interrogantes sobre los niveles de transparencia con los que se ejecutará el decreto, debido a que el proyecto no contempla un proceso de licitación pública, sino que autoriza contrataciones sin ese procedimiento competitivo. Esta disposición implica que la responsabilidad de garantizar controles adecuados, supervisión técnica y rendición de cuentas recaerá directamente en la forma en que el Ejecutivo implemente la normativa.
Sin embargo, el punto más crítico del diputado Umaña fue cuando se refirió al uso de compras directas para ejecutar estas obras. El diputado sostuvo que este mecanismo, utilizado en los últimos 16 años por distintos gobiernos, ha facilitado actos de corrupción, sobrevaloración de contratos y contratación de empresas fantasmas. Afirmó que, aunque es un procedimiento legal, en la práctica ha funcionado como un “sistema legalizado de corrupción” al omitir controles rigurosos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
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CONTRATACIONES DIRECTAS Y RIESGOS HISTÓRICOS
La estrategia planteada para el control de inundaciones se estructura en tres acciones consecutivas: primero, la limpieza y recuperación de la capacidad hidráulica de ríos y canales mediante el dragado; segundo, el aprovechamiento del material extraído para reforzar y reconstruir bordos en zonas vulnerables; y, finalmente, el impulso de proyectos de represas como una solución de mayor alcance para la regulación del caudal, cuya ejecución estaría sujeta a la obtención de financiamiento externo.
A este tema de la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, aprobada anoche por el Congreso, el abogado Alex Navas se refirió señalando que los decretos de emergencia en áreas como infraestructura, medicinas y educación han generado riesgos históricos de corrupción, debido a que los funcionarios realizan contrataciones discrecionales sin seguir los procesos de licitación establecidos, favoreciendo proveedores seleccionados arbitrariamente.
En el caso de la nueva ley, la falta de límites presupuestarios y de criterios claros para la selección de proveedores podría profundizar estos problemas de transparencia. Al dejar amplias decisiones discrecionales en manos de los funcionarios encargados, se crea un escenario en el que los intereses privados pueden primar sobre el interés público. Aprobar un decreto de esta naturaleza sin contar con una valoración técnica previa implica asumir riesgos innecesarios, porque no se conoce la verdadera magnitud de la emergencia ni se asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente y responsable.
Para garantizar cierta rendición de cuentas, Navas sugirió la implementación de un proceso de veeduría por parte de la sociedad civil y del Tribunal Superior de Cuentas, aunque advirtió que, en muchos casos, estos organismos están bajo control del Estado, lo que podría limitar la efectividad de la supervisión. En general, sostuvo que la dinámica actual en la gestión de compras públicas de emergencia apunta hacia la opacidad, con un predominio de fideicomisos y contrataciones directas por encima de los procesos de licitación pública tradicionales.
Cuando las contrataciones carecen de reglas claras, no solo se abren espacios para decisiones arbitrarias, sino que también se favorecen intereses privados por encima del bien común. Esta situación no sólo debilita los mecanismos de supervisión existentes, sino que además amenaza la eficiencia y el impacto real de los recursos públicos, generando un círculo donde la rapidez en la ejecución se logra a costa de la transparencia y la confianza ciudadana.
