Nueva ley de defensa y seguridad, una necesidad impostergable

Por: Reina Rivera Joya

Da pena ver como se opina sin leer el nuevo proyecto de Ley de Defensa y Seguridad impregnándole un halo de terror «de que ya viene la dictadura». Créanme, La dictadura es el marco legal que heredamos.

Para leer el nuevo proyecto de Ley de Seguridad y Defensa Nacional del gobierno de Xiomara Castro, le recomiendo que primero debe leer en el siguiente orden:
1) La Ley de Inteligencia Nacional del 2013,
2) la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del 2011,
3) Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones del 2011,
4) Ley de Seguridad Poblacional del 2011 y Reglamento de la tasa de Seguridad.

Todas aprobadas pos golpe y período Lobo-JOH para crear y fortalecer una super estructura híbrida militar-civil, que además se pagaba con nuestros recursos de la tasa de «seguridad» que sometió y quebrantó de derecho y de hecho la independencia de los poderes del Estado, que puso de rodillas al poder civil sobre lo militar, que además con la tasa de seguridad se otorgó los recursos para corromper todo, controlar todo (más de 1000 millones anuales de tasa de seguridad usados discrecionalmente y con secretividad legalizada); y con ello se concentró poderes omnimodos en el Presidente de la República vía Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y su brazo Ejecutor la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, DNII, entidad que llegó a ser a la sombra el órgano estatal con mayor poder del Estado de Honduras en los últimos 11 años.

La Dirección Nacional de investigación e Inteligencia DNII sigue siendo por leyes vigentes el órgano ejecutivo del CNDS con plenos poderes sobre toda información de instituciones claves del Estado y sobre nuestros datos vitales e incluso toda la información Financiera protegida en otros países por habeas data, pero acá entregada a JOH y los militares para chantajear y controlar.

El verdadero poder de JOH nunca vino de las armas militares, siempre vino del manejo de información vital de las personas y de la data institucional, así como del manejo de los fondos de la tasa de seguridad.

La DNII tiene un régimen laboral de alto nivel adscrito al IPM, cuenta con un régimen de inmunidad e impunidad, no esta obligada a rendir cuentas y tiene todo su oscuro «trabajo» en secretividad por 10 años a pesar de ser entre comillas «un órgano civil «. Al menos 20 instituciones públicas (Comisión de bancas, RNP, Imprema, Injupemp, Instituto de la Propiedad, la SAR, etc) están obligadas a rendir información a la DNII y con ello al CNDS que preside el presidente de la república en ese caso JOH.

El gobierno de Xiomara Castro está queriendo romper con eso, y me pongo de pie por esa valentía, no es fácil desmontar ese poder militar y económico manejado desde el Consejo y la Tasa de Seguridad.

Su gobierno apenas empieza por lo básico crear una nueva Ley de Defensa y Seguridad en dónde desaparece la Dirección Nacional de inteligencia y con ello se golpean las otras leyes relacionadas que también deben de ser revisadas.

El anteproyecto del gobierno de Xiomara Castro saca de ese Consejo a los Poderes del Estado, para recuperar el equilibrio y los pesos y contrapesos del Estado de Derecho. Convierte al CNDS en lo que debe ser realmente una entidad del poder ejecutivo con facultades únicamente de coordinación entre la instituciones del sector defensa y seguridad y alertar sobre las amenazas al Estado de Honduras y su gestión interna.

En la nueva ley se crea un capítulo donde dice que la información con fines de inteligencia solo puede ser usada para fines eminentemente de la defensa y la seguridad del Estado y obtenida con respeto a los derechos fundamentales. Se le quita a la DNII su autonomía económica y política y queda únicamente como órgano técnico, le elimina la autonomía presupuestaria y se elimina la protección de 10 años de los datos. ¿Cómo digo esto si no todo esta en esta nueva ley? Fácil reviso los artículos que impactan en la Ley de Inteligencia Nacional y veo como está por fin se debilita.

Wow. Estamos dando un paso enorme para desmilitarizar nuestra sociedad..

Mi única crítica es que la nueva ley tiene varios errores de técnica legislativa, e incorpora un artículo que ya está en el Código Penal y que mete ruido tenerlos acá como es el artículo 5; también el artículo 10 violenta la Ley Orgánica de la Policía sobre el nombramiento de los Directores y Subdirectores de la Policía Nacional y rompe con los principios de la carrera policial.

El artículo 6 debe ser eliminado porque es volver a meter a los militares en los planes de desarrollo civiles. Debe revisarse los funcionarios que integrarían el CNDS y repensar la estructura de operatividad. De hecho sugiero integrar una instancia consultiva ad honores, con participación de representación de entidades de la sociedad civil para terminar de darle civilidad a los temas de defensa y seguridad.

Bien por ese decreto que ocupa sí más diálogo, más comunicación y corregir algunos puntos… y vamos por recuperar el control civil y democrático sobre las instituciones armadas y romper con sus fuentes de poder omnímodo.