Por: Lourdes Molina
Cada año, en el último cuatrimestre, los congresos o asambleas legislativas de Centroamérica reciben las propuestas gubernamentales para presupuestos públicos para el siguiente período fiscal. En dichos presupuestos se ven reflejadas las verdaderas prioridades de los gobiernos y su voluntad de gestionar los recursos públicos en pro los derechos de las personas. Por su relevancia para los derechos de las personas, el presupuesto debería ser un asunto con una amplia participación ciudadana.
Pero esto no sucede en la región, cuando los proyectos de presupuestos son presentados para su debate y posterior aprobación, la ciudadanía poco o nada conoce del contenido de estos, porque la norma es que estos se formulan sin ninguna oportunidad para que las personas puedan participar, manifestar sus preocupaciones o presentar recomendaciones sobre el uso del dinero público.
La más reciente edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), publicada por el International Budget Partnership confirma lo anterior. La Encuesta evaluó a cinco países de la región centroamericana: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los cuales, en promedio obtuvieron apenas 14 de 100 puntos posibles en espacios y mecanismos institucionales para la participación del público en las discusiones y ejecución presupuestarias, es decir, los espacios de participación son casi nulos, un resultado que ha estado presente desde las primeras ediciones de la encuesta, sin que hasta la fecha alguno de los estados haya realizado cambios trascendentales.
Para ser una región en la que los casos de corrupción están a la orden del día y donde en cada período electoral desfilan candidaturas que ofrecen erradicarla, la transparencia y participación en el presupuesto están ausentes en la práctica, cuando deberían ser una de las medidas fundamentales para garantizar que los recursos lleguen a sus verdaderos destinatarios. En términos generales, los cambios de administración gubernamental o en las autoridades de hacienda o finanzas no representan cambios sustanciales, en lugar de abandonar prácticas de opacidad, la mayoría de los funcionarios de la región aún se resisten a mejorar las prácticas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en las discusiones presupuestarias.
Pero el problema no reside únicamente en los organismos ejecutivos, una vez son presentados por los gobiernos, la discusión presupuestaria se traslada a los poderes legislativos, los cuales deberían los espacios ideales para el debate participativo sobre la distribución del presupuesto. Pero los poderes legislativos tampoco suelen estar a la altura. Lo que la población centroamericana observa son desfiles de funcionarios en las comisiones legislativas encargadas de dictaminar los presupuestos, “discusiones” para repartirse la piñata y espectáculos mediáticos para ver qué partido obtiene mayor raja política. Pocos, por no decir nulos espacios existen en la región para que la sociedad civil presente sus preocupaciones y recomendaciones al presupuesto, por lo que la mayoría de nuestros presupuestos se aprueban sin ningún debate parlamentario.
Esto reafirma el desafío que cada uno de los países de la región tiene para implementar cambios que permitan que sus habitantes, incluyendo a los grupos vulnerables, puedan participar activamente en el presupuesto. Esto no solo podría convertirse en una herramienta contra las prácticas de corrupción, también promovería que las decisiones gubernamentales respondan a las necesidades y derechos de la población, una contraloría ciudadana efectiva y, por supuesto, la legitimidad de las políticas públicas y de la democracia.
Por lo tanto, es urgente que los y las centroamericanas reivindiquemos nuestro derecho de participar en los asuntos públicos. El presupuesto debe atender nuestras necesidades y derechos, no los intereses particulares de nuestros gobernantes. Como ciudadanía tenemos derecho a opinar, participar y exigir transparencia en las decisiones que definen cuántos impuestos se van a recaudar y quiénes los pagarán; qué gastos e inversiones se van a realizar; si es necesario recurrir a fuentes adicionales de financiamiento; las normas de rendición de cuentas y transparencia que se deben cumplir. Después de todo debemos tener presente y recordar a cada gobernante y funcionario que son nuestros impuestos, y no su buena voluntad o caridad, los que financian nuestro presupuesto.
