Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Las normas sociales y religiosas sumado a débil acceso a servicios de salud sexual y reproductiva conllevan al embarazo de adolescentes concluye entre otras variables el foro; “Violencia sexual y embarazo, Los desafíos pendientes del Estado hondureño”, convocado por el Grupo Estratégico PAE.
La representante de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Sra. María Soledad Pazo, disertó en el foro manifestando que; “La observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptada en 2016, es una declaración muy extensa sobre el contenido del derecho a la salud y que resume los estándares elaborados por los otros órganos de tratados, entre las libertades que desarrolla, se encuentra el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva, entre los derechos que reconoce se encuentra el acceso sin trabas a toda una serie de establecimientos, bienes, servicios e información relativos a la salud, que asegure a todas las personas el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva en virtud del artículo 12 del Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC”
En relación al tema de embarazo en adolescentes la representante del Alto Comisionado manifestó su preocupación; “las y los adolescentes enfrentan múltiples obstáculos para tener acceso a servicios y educación en materia de salud sexual y reproductiva, los y las jóvenes enfrentan la discriminación y obstáculos significativos para tener acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, a productos y servicios.
Algunos de los obstáculos derivan de las restricciones de edad para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, mientras que otros son generados por las normas sociales que obstaculizan, en particular, las habilidades de mujeres jóvenes para buscar información acerca de su sexualidad y de su salud sexual y reproductiva, las exigencias de contar con el consentimiento de terceros para tener acceso a ciertos servicios son incompatibles con los derechos humanos”
En su Informe Anual (2017) la OACNUDH destacó su preocupación sobre; como todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas se siguen manifestando de forma generalizada en Honduras.
En Tegucigalpa, en 2017, al menos 400 buscaron atención médica como sobrevivientes de la violencia sexual.
Previamente, en su Informe Anual del año 2016, la Oficina había señalado su preocupación por que “en un contexto de estereotipos de género arraigados y de altos niveles de violencia de género, la prohibición en 2009 de los métodos anticonceptivos de emergencia, y la tipificación como delito del aborto, junto con la limitada información disponible sobre la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, afectan seriamente a los derechos y la salud sexual y reproductiva de la mujer.”
Esta preocupación persiste y en este contexto de violencia contra la mujer es cada vez más urgente adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.
El Comité de los Derechos del Niño ha señalado, que los Estados deben procurar que las niñas puedan tomar decisiones autónomas y fundamentadas sobre salud sexual y reproductiva.
Al respecto, el Comité ha recomendado que los métodos anticonceptivos a corto plazo, como los preservativos, los métodos hormonales y los anticonceptivos de emergencia, deben estar a disposición inmediata de los adolescentes sexualmente activos”
“No podemos olvidar que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer son formas de violencia por razón de género.
Nota relacionada UNFPA lanza informe del estado de la población con un foro sobre la inversión en niñas y adolescentes
La violencia contra las mujeres es una fuente de tremendo sufrimiento físico y psicológico para las mujeres y menoscaba o anula su derecho a la vida, a no ser sometida a tortura o tratos crueles, el derecho a la liberta y a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley y al derecho al más alto nivel posible de salud física o mental” dijo María Soledad Pazo.
En Honduras, de acuerdo a datos relevados en el Informe de UNFPA “Mundos Apartes: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad” del año pasado, el índice de embarazos de adolescentes en Honduras, es el segundo más alto de Latinoamérica, 101/1,000 niñas entre las edades 15-19.
En las recientes Observaciones Preliminares de la visita in loco de la CIDH, se resalta que “es alarmante que un porcentaje muy elevado de estos embarazos, cercano al 50%, sean producto de violaciones”.
