Nombran fiscal general a aspirante con menor puntaje, sin experiencia penal y con vínculos políticos

Pese a no figurar como el mejor evaluado, Pablo Emilio Reyes Theodore fue juramentado como fiscal general tras una votación mayoritaria (93 votos), en un proceso marcado por señalamientos de influencia política y concentración de poder por parte del oficialista Partido Nacional.

Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional aprobó con 93 votos a favor la designación de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular del Ministerio Público, tras la destitución del ahora exfiscal, Johel Zelaya Álvarez, mediante un controvertido juicio político.

La decisión fue adoptada de forma inmediata luego que el pleno legislativo votará a favor de separar a Zelaya Álvarez de su cargo como fiscal general –que desempeñó desde noviembre de 2023, tras ser nombrado de manera interina por la Comisión Permanente del Congreso Nacional y ratificado en febrero de 2024, con el voto favorable de 110 diputados–.

Nombrado tras un juicio político exprés, Reyes Theodore asumió la Fiscalía sin ser el mejor evaluado y en medio de cuestionamientos por su perfil y cercanía con el Partido Nacional.

Acto seguido, el presidente de ese poder del Estado, Tomás Zambrano Molina, sometió a consideración una moción para llenar la vacante, proponiendo a Reyes Theodore, la cual fue respaldada por la mayoría de los congresistas (93 votos).

Reyes Theodore fue juramentado a eso de las 9:00 de la noche del miércoles 25 de marzo de 2026, en el Poder Legislativo, en medio de protestas y gritos por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes catalogaron como un desacierto.

Un día después de su juramentación, Reyes Theodore brindó su primera comparecencia pública en la que aseguró que sus principales prioridades están centradas en el combate a la impunidad y la protección de las víctimas del delito.

No obstante, el funcionario fue cauteloso al referirse a resultados inmediatos, señalando que emitir valoraciones en esta etapa sería “demasiado pronto e irresponsable”, con el fin de evitar incurrir en “falsedades y mentiras” en el arranque de su gestión.

En ese contexto, subrayó que uno de los pilares de su administración será el fortalecimiento del recurso humano, al que calificó como el principal activo de la institución encargada de la persecución penal en Honduras.

Planteó la necesidad de recuperar el sentido de pertenencia entre fiscales, agentes y personal administrativo, además de impulsar mejoras en la operatividad institucional mediante el equipamiento del área investigativa, el fortalecimiento del trabajo pericial y el refuerzo de medicina forense.

También reconoció limitaciones financieras que inciden en la persecución penal, por lo que confirmó acercamientos con el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas (Sefin) para gestionar mayores recursos y garantizar un mejor funcionamiento de la fiscalía.

En las primeras horas de su gestión el fiscal general sostuvo reuniones con directores de las distintas áreas administrativas del Ministerio Público.

Lea: Congreso Nacional aprueba juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya

¿QUIÉN ES PABLO EMILIO REYES THEODORE?

La elección del nuevo fiscal general ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, no solo por la rapidez del proceso, sino también por el perfil profesional del funcionario designado. Reyes Theodore, abogado y notario, cuenta con una trayectoria principalmente vinculada al derecho administrativo y empresarial, sin experiencia acreditada en materia penal, uno de los requisitos considerados clave para dirigir el ente acusador del Estado.

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante la Junta Proponente, se graduó hace 14 años en Ciencias Jurídicas con orientación en derecho laboral en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y cursó un diplomado en litigación oral en la Universidad de Salamanca, España.

Su experiencia laboral en el sector público inició en 2005 como escribiente en juzgados civiles y laborales. Tras su paso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se incorporó al ámbito privado como procurador en un bufete legal. Más adelante, desempeñó funciones como asesor en la UNAH y en la Junta Interventora del Ministerio Público en 2013.

Entre 2014 y 2016 trabajó como asesor en la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), integrando en su última etapa la Comisión Liquidadora. En 2017 fue asesor del Servicio de Administración de Rentas (SAR), y desde 2020 se ha desempeñado como socio y director de una firma privada dedicada a litigio y asesoría empresarial.

Asimismo, registros públicos indican que en 2021, Reyes Theodore y su madre  Ixcilia Theodore Godoy, recibieron pagos que superan los 3.6 millones de lempiras por servicios profesionales (aquí va anexado el documento) vinculados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, situación que evidencia su cercanía con estructuras políticas, especialmente con el oficialista Partido Nacional.

Según la documentación de Ejecución del Presupuesto por Clase de Gastos, Reyes Theodore tuvo una relación contractual con la estatal eléctrica por lo que obtuvo dos pagos el primero fue de 999,949.79 lempiras y el segundo por 1,086,029.41 lempiras. Mientras que su madre Ixcilia Theodore Godoy recibió dos pagos, uno por L827,011.08 y el segundo por 708,826.99 lempiras.

Vea: Juicio político a fiscal general avanza en medio de advertencias por concentración de poder

SIN SER EL MEJOR EVALUADO, FUE JURAMENTADO

Uno de los principales puntos de crítica radica en su desempeño dentro del proceso de selección. Reyes Theodore obtuvo una calificación final de 75.26%, ubicándose por debajo de otros aspirantes, entre ellos Jenny Almendares, quien alcanzó una puntuación de 96%.

Además del debate sobre sus credenciales, también han surgido señalamientos relacionados con su entorno familiar y posibles vínculos indirectos con casos de corrupción. Su hermana, Marcela Amador Theodore, exjueza del contencioso administrativo de la CSJ, fue denunciada por desobediencia en un caso relacionado con la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitadas (Comixmul), proceso que derivó en controversias judiciales.

El nuevo fiscal general también mantiene vínculos familiares con figuras señaladas en investigaciones emblemáticas. Su suegro, Valentín Suárez, fue incluido en el caso conocido como la “Red de Diputados”, una línea de investigación impulsada en 2017 por la extinta Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Según el Ministerio Público, en ese caso se documentó el desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales y agrícolas, que habrían sido canalizados a través de organizaciones no gubernamentales hacia cuentas personales de diputados y sus allegados.

La designación de Reyes Theodore ocurre en un contexto de tensiones institucionales y cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio Público. Sectores de sociedad civil, analistas y actores políticos han advertido que la elección del nuevo fiscal general podría incidir directamente en el rumbo de investigaciones sensibles relacionadas con corrupción y crimen organizado en el país.

  • Amante de la naturaleza, la lectura y la vida, soy una periodista que busca orientar a las personas y contarle de manera sencilla la realidad política y económica del país. El periodismo es la puerta que tiene la sociedad para conocer a los diferentes actores y tomadores de decisiones, es por ello que desde mis escritos le relato a las y los hondureños cuáles son los acontecimientos que marcan la ruta del país.

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