Por: Gustavo Irías, director del Cespad
En el marco de la polarización política que vive el país, inesperadamente la semana pasada se intentó vincular al Centro de Estudio de la Democracia (CESPAD) como actor de una supuesta conspiración contra el proceso electoral. Desde nuestra organización, rechazamos contundentemente estas acusaciones, ya que no mantenemos ni relaciones ni interacciones directas con liderazgos de los partidos políticos del país, mucho menos con el Partido Nacional.
Esta posición nos ha permitido mantener una postura independiente y crítica en los temas que trabajamos: democracia, justicia ambiental y transparencia y anticorrupción. La denuncia que nos vincula con una supuesta colusión con las élites tradicionales busca deslegitimar nuestro trabajo y asociarnos a intereses oscuros. Estas imputaciones contravienen la esencia misma del trabajo que hemos desarrollado durante los 14 años de existencia del CESPAD; durante este período nuestra marca distintiva ha sido la condena de golpes de Estado, fraudes electorales y la autocracia electoral, entendida como una deformación de la democracia.
También hemos apostado por una democracia compuesta: que garantice la plena vigencia de las libertades democráticas, el Estado de derecho, la participación comunitaria en decisiones que afectan sus vidas (especialmente en lo referente a los mal llamados proyectos de desarrollo extractivos), la ampliación de derechos sociales y políticos de las mujeres, y el acrecentamiento de los derechos de los sectores sociales históricamente vulnerables. Esto implica redistribuir la gran concentración de la riqueza acaparada en pequeños grupos poderosos y mejorar el acceso a la tierra agrícola, vivienda, al disfrute de la vida en un medio ambiente sano, educación y salud pública de calidad.
Mantenemos una apuesta militante con la agenda de derechos de las comunidades campesinas e indígenas, con las mujeres, las juventudes y poblaciones urbanas afectadas por el extractivismo. ¿Qué hemos hecho en la actual coyuntura electoral? Similar a los procesos electorales del 2013, 2017 y 2021 hemos realizado un monitoreo preelectoral, es decir, de los meses anteriores al día de las elecciones generales. Con el propósito de identificar avances, puntos críticos, desafíos y proponer recomendaciones a la institucionalidad electoral para asegurar la realización de elecciones transparentes, legítimas y pacíficas, en base a la normativa nacional y a los estándares internacionales.
En la realización de este monitoreo se han generado alertas, comunicados e informes periódicos. Entre el 3 de abril y 7 de mayo, advertimos sobre el riesgo que representaba la fractura institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las elecciones primarias, evidenciada en las fallas técnicas, operativas y en la confrontación entre los diferentes consejeros. En esas circunstancias, desde el CESPAD se instó al CNE a retomar el diálogo, restablecer su carácter colegiado y asumir su mandato constitucional de garantizar la organización y ejecución de elecciones generales transparentes y legítimas. Respecto a la crisis en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), mantuvimos la postura de que, más allá de lo establecido en la norma jurídica, era fundamental la construcción de consensos en el CNE sobre los lineamientos generales de la transmisión de resultados. En una sana democracia, las reglas del juego deben acordarse entre las fuerzas políticas de la contienda para garantizar una competencia justa y sin ventajismo para ninguno de los contendientes.
Este momento de crisis temprana en la institucionalidad electoral fue de especial preocupación para el CESPAD, y en un artículo de análisis preguntábamos: ¿Todavía hay tiempo para evitar el estallido de la crisis política en Honduras? Citamos a Adam Przeworski, destacado teórico contemporáneos de la democracia, quien nos enseña que en momento de crisis “ni las constituciones ni las leyes proporcionan una guía clara para resolver conflictos particulares y, entonces, la distinción entre institucional y no institucional se disuelve” (A. Przeworski. Las crisis de las democracias, 2022). Con base en lo anterior reflexionamos que, en los últimos 15 años, las instituciones y marcos jurídicos actuales del país no han demostrado ser capaces de gestionar democráticamente los conflictos interpartidarios.
Por ello, propusimos que el único camino para evitar una crisis política nacional es el pragmatismo del liderazgo político multipartidario, negociando un pacto de gobernabilidad, evitando crisis similares a las de 1985, 2009 (golpe de Estado) y 2017 (fraude electoral). Hasta el momento, hemos publicado y socializado cuatro informes de monitoreo hacia las elecciones generales de noviembre. Primer informe, “Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras” (4 de junio de 2025).
Con base en los aprendizajes del proceso electoral primario, el CESPAD alertó sobre múltiples amenazas a la transparencia y estabilidad del proceso electoral, destacando diez riesgos clave en materia institucional, logística, de seguridad y gobernanza, entre ellos: la aprobación tardía del presupuesto electoral; los déficits que se registraron en la capacitación del personal de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) y custodios informáticos; la débil fiscalización del financiamiento político; la opacidad en contrataciones y el aumento de la violencia política.
El informe advirtió que sin los correctivos inmediatos el país podría enfrentar un proceso con bajos niveles de credibilidad. Segundo informe, “¿Legitimidad en juego? Desafíos y propuestas para las elecciones 2025 en Honduras” (13 de agosto de 2025) El informe identificó cuatro vulnerabilidades críticas que requerían atención: 1) Logística y transporte del material electoral: el cronograma establece que la distribución de kits tecnológicos y maletas electorales se hará apenas diez días antes de las elecciones, un margen que exige una logística probada y controles de seguridad estrictos para evitar retrasos como los ocurridos en marzo. 2) Capacitación electoral: es de suma importancia que el modelo de formación de miembros de las Juntas Receptoras de Votos sea estandarizado, supervisado y calendarizado con suficiente antelación, evitando capacitaciones improvisadas y desiguales. 3) Depuración y confianza en el padrón: la integridad del censo electoral debe ser verificada mediante auditorías técnicas independientes, especialmente para el padrón exterior, donde los retrasos y disputas han sido recurrentes. 4) Fiscalización del financiamiento político: es imprescindible dotar de recursos y autonomía real a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización para que sus sanciones tengan carácter disuasorio y se cumplan los techos de gasto establecidos. En este informe, el CESPAD planteó medidas urgentes para fortalecer la transparencia, la seguridad tecnológica y la equidad en la competencia.
Tercer informe, “Gobernar con eficacia técnica el proceso electoral: entre los avances logrados y los desafíos que aún deben resolverse” (16 de septiembre de 2025) El análisis destacó avances en la adjudicación de contratos estratégicos como el TREP, la auditoría externa y la verificación biométrica. Sin embargo, advirtió sobre retrasos en la emisión de reglamentos y debilidades en la comunicación institucional. También subrayó la importancia de fortalecer la conducción técnica del CNE y recuperar la confianza ciudadana. Cuarto informe, “Proceso electoral 2025: avances en el cronograma y desafíos en el voto exterior y la conectividad” (16 de octubre de 2025) El informe destacó avances relevantes en hitos críticos, como la actualización del cronograma, la integración de los consejos departamentales y municipales, la contratación de imprentas, la impresión de materiales electorales, así como la firma de contratos (TREP, biometría y auditoría externa) que vistos en su conjunto permiten aseverar la existencia de condiciones favorables hacia la realización de las elecciones del 30 de noviembre. Sin embargo, se indicó la persistencia de pendientes claves como la conectividad a internet en más de 1,700 centros de votación.
Además, alertó sobre el incremento de la violencia política, especialmente hacia mujeres, e instó a cerrar brechas técnicas y normativas antes de la jornada electoral. Por otro lado, en el contexto de polarización política que enfrentamos, una preocupación permanente en nuestros informes y análisis ha sido el eventual estallido de una crisis post electoral. Se han tenido presentes episodios históricos como las crisis políticas del país de 1985, 2009, 2017, además de la actual. En un análisis del 14 de julio, señalamos que: Aún es tiempo para evitar el estallido de una nueva crisis nacional; el liderazgo político debe asegurar una salida negociada” Sosteníamos que: “parece que el país podría estar aproximándose a lo que en sociología se denomina un ´empate catastrófico´ entendido como una profunda crisis política “donde dos bloques de poder antagónicos, con visiones de país opuestas, se encuentran en un punto muerto, incapaces de imponer su proyecto de sociedad y paralizando el mando estatal”, García Linera, Empate catastrófico y punto de bifurcación.
Actualmente, esta situación se refleja en la falta de voluntad política de los liderazgos políticos para construir acuerdos electorales, en la imposibilidad del CNE de funcionar con los tres consejeros electos según la ley (propietarios o suplentes), en el bloqueo en el Congreso Nacional para destrabar esta situación (que requiere mayoría calificada), en las movilizaciones callejeras anunciadas (no solo por colectivos de LIBRE, sino también por otras coaliciones como los “defensores de la democracia”), en la “neutralidad” temporal de las Fuerzas Armadas y en el papel activo de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, aún no llegamos a una parálisis total del sistema ni a una intensificación de la conflictividad social que impida una salida pacífica. Como ha sostenido el CESPAD, todavía hay tiempo para una salida negociada que inevitablemente involucre diálogo y acuerdos entre los liderazgos políticos, que conduzcan a un pacto consensuado sobre el TREP (este era un análisis del mes de julio).
La judicialización y la imposición de mayorías institucionales simples solo agravarán la crisis, arriesgando que la situación escale a niveles de violencia que han marcado la historia reciente del país. Es esencial promover una voluntad nacional que garantice la realización de elecciones transparentes, auténticas y pacíficas, con procesos claros en el conteo de votos y en la divulgación de resultados, de modo que tanto ganadores como perdedores acepten el veredicto de las urnas. Adicionalmente, la institucionalidad debe garantizar que en el futuro próximo se realicen nuevas elecciones igualmente democráticas, justas y confiables, perfeccionando el sistema electoral”. Hoy, 3 de noviembre, los acontecimientos en desarrollo nos dan la razón (asistimos a una crisis interinstitucional en escalada creciente) y, por ello, renovamos el llamado a la responsabilidad democrática al liderazgo político para adoptar un pacto mínimo que asegure la realización de las elecciones del 30 de noviembre.
En resumen, lejos de estar comprometidos con planes conspirativos y de sabotaje al proceso electoral hondureño, el CESPAD ha mantenido un seguimiento riguroso a las actuaciones de la institucionalidad hondureña, reconociendo sus avances y destacando los puntos críticos y las posibles soluciones, con el fin de contribuir a que el proceso electoral sea transparente y legítimo. ¿Y cuál es la observación electoral que desarrollaremos? Como en 2013 y 2021, el CESPAD implementará un proceso de observación electoral ciudadano, fundamentado en los estándares internacionales. Nos guiamos por la “Declaración de principios globales para la observación y monitoreo no partidario realizado por organizaciones ciudadanas” que consiste “en la movilización de ciudadanas y ciudadanos de forma políticamente neutral, imparcial y no discriminatoria para ejercer su derecho a participar en asuntos públicos observando y reportando sobre los acontecimientos electorales a través de: la evaluación independiente, sistemática y global de los marcos normativos, instituciones, procesos y el contexto político relacionados con las elecciones; el análisis imparcial, exacto y oportuno de sus hallazgos; determinaciones sobre los hallazgos, con base en los más altos estándares éticos de imparcialidad y exactitud; la presentación de recomendaciones apropiadas para lograr elecciones democráticas auténticas; y la incidencia para mejorar los marcos normativos electorales y su implementación por la administración electoral (en elecciones futuras), así como la eliminación de impedimentos que impidan la plena participación de la ciudadanía en los procesos políticos y electorales”.
Con base en este marco, el CESPAD, en coordinación con la Plataforma Juvenil Electoral (PJE), implementará una misión de observación electoral nacional e internacional durante las elecciones del 30 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la transparencia, integridad y legitimidad del proceso. Para ello, capacitará y desplegará a 110 observadores nacionales y 44 internacionales en municipios seleccionados que concentren las mayores cargas electorales. Estos observadores recibirán formación en normativa electoral y uso de herramientas digitales para el registro de la información constatada en terreno. A través de una aplicación móvil, se recopilarán y reportarán incidencias en tiempo real, permitiendo elaborar mapas de riesgo y emitir alertas tempranas sobre posibles irregularidades.
Al finalizar el proceso, el CESPAD publicará un informe integral de observación electoral que incluirá hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad electoral. A diferencias del 2021, no hemos realizado encuestas de intención del voto y no haremos encuestas a boca de urna ni conteo rápido. Por lo tanto, no disponemos de herramientas para determinar un posible ganador ni para hacer conjeturas sobre la ocurrencia de fraude electoral. La única información disponible que tendremos será la que emita la autoridad electoral, es decir, el CNE.
Según el plan de boicot electoral anunciado, el rol del CESPAD sería declarar, en horas de la noche del 30 de noviembre, la existencia de un gran fraude. Sin embargo, en la práctica, carecemos de las herramientas necesarias para cumplir con esa función. Esta situación pone en evidencia la falta de fundamentos de tan grave acusación. Haremos un trabajo profesional y responsable de observación electoral, tal como lo hemos hecho durante el monitoreo preelectoral. Amparados en el derecho ciudadano a la libertad de expresión, continuaremos con nuestro trabajo de investigación, análisis y crítica responsable, en línea con nuestro rol como centro de pensamiento con 14 años de experiencia y con una reconocida reputación por nuestro trabajo objetivo, profesional, independiente y comprometido con una democracia incluyente.
