En diciembre de 2022 el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, pero no fue hasta el 20 de marzo de 2023 que entró en vigor
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia y la criminalidad han generado que cientos de familias salgan huyendo de sus hogares para salvaguardar su vida, convirtiéndose en una estadística más de personas desplazadas internamente.
Recientemente en Honduras se aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, que de acuerdo con defensores y organismos de derechos humanos es un paso adelante para la protección de las víctimas de desplazamiento.
“Es una esperanza para las mujeres y especialmente para las personas que son vulneradas, expuestas e incluso amenazadas de muerte”, expresó Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil.
Con esta ley, el Estado de Honduras reconoce los derechos de las víctimas y establece un marco jurídico para el restablecimiento de sus derechos y además se implementarán mecanismos de prevención ante nuevos desplazamientos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a través de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), documentó en el 2021, un total de 942 víctimas de desplazamiento forzado, que huyeron a causa de la violencia, además indicó que mil 587 personas están en riesgo de desplazamiento interno.
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POBLACIONES VULNERABLES
Honduras es uno de los países latinoamericanos con más desigualdades sociales, el 73% de la población vive en condiciones de pobreza y un 53% en pobreza extrema, datos según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en Honduras, la violencia ha provocado, en los últimos años, el desplazamiento de más de 247 mil personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños, niñas y adolescentes.
Esta ley, de acuerdo con Jessica Sánchez, también es significativa porque incluye a las personas LGBTIQ+ que por su orientación sexual son discriminadas y víctimas de violencia. “Es importante para las mujeres trans, las mujeres lesbianas y para las mujeres en general por los altos niveles de violencia doméstica, violencia familiar y femicidios que se suscitan en Honduras”, expresó Sánchez.
El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), registró 299 muertes violentas de mujeres en 2022.
Además, en relación a la violencia doméstica, otro factor de desplazamiento para la mujer, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM) registró 5 mil 779 denuncias, entre violencia doméstica e intrafamiliar en el 2022 sumaron 10 mil 370 denuncias ante el Ministerio Público (MP).
Otra de las poblaciones vulnerables es la niñez hondureña, de acuerdo con ACNUR representan el 43 % de la población desplazada y que además ha sido víctima de la criminalidad que ha cobrado la vida de 13 mil 638 niños, niñas y adolescentes en los últimos 23 años de acuerdo con un estudio de Casa Alianza.
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El Estado de Honduras, como garante de derechos humanos, debe crear las condiciones para brindar seguridad a la niñez hondureña, en ese sentido, Monika Molina, coordinadora de Proyecto Binacional de niñez migrante La red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), instó a las autoridades gubernamentales a ver a la niñez como una inversión y no como un gasto. “Estamos catalogando de manera equivocada, la niñez se debe de visibilizar como una inversión”.
Honduras es un país con una población altamente joven, según el INE el 46.9 % de la población son de 0 a 29 años, en consecuencia, Monika Molina expresó que el Estado está obligado a generar mejores condiciones de desarrollo, que comprende la educación, seguridad, salud, vivienda y oportunidades de empleo para los jóvenes. “En su mayoría se ven obligados a tener que sufrir estos flagelos del desplazamiento y de migración, indicó Molina.
Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras (CIPPDV), el 68% de los propietarios de viviendas que fueron desplazados, sufrieron la apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades, y sólo el 32% logró conservarlas.
Entre el 2016 y 2021, el CONADEH informó el número de personas afectadas ascendió a 12 mil 67 de las cuales, 6 mil 482, es decir el 54% estaban en riesgo y 5mil 555, un promedio de 46% estaban en condición de desplazados.
La Ley fue aprobada en diciembre de 2022 en el Congreso Nacional, pero no fue hasta el lunes 20 de marzo de 2023 que se publicó en el diario oficial La Gaceta.
