“Nepotismo es la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleos públicos a familiares o amigos sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza. En países donde se practica la meritocracia su uso es generalmente negativo y se considera corrupción” (Enciclopedia virtual Wikipedia)
«El nepotismo, en tanto empleo de familiares en diversas instancias públicas, es fuente de complicidad y tapadera de actos reñidos con transparencia. Acaso un familiar denunciará corrupción o negligencia de un familiar? Nepotismo resta credibilidad a administración pública» (Ismael Moreno, Padre Jesuita y exdirector de Radio Progreso)
Por: Javier Suazo*
Hay evidencia de que el gobierno de Xiomara Castro ha puesto interés en adoptar recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía. Contrario a los gobiernos populistas de “antaño” en Latinoamérica, incluso los tipificados de reciente data, donde no hay preocupación por los efectos negativos de un aumento del déficit fiscal ni por mayores precios de productos que ello provoca, según el argumento monetarista tradicional, el Gobierno ha hecho visible su intención de corregir estos desequilibrios con el aval del organismo internacional concretado en un acuerdo de cooperación de mediano plazo.
La preocupación viene por el lado de aquellas acciones que generan desconfianza en la población, en tanto se cree que hay indicios de corrupción en la ejecución de programas y proyectos con fondos de la cooperación externa, pero también en el uso de los recursos públicos y baja productividad del gasto. Una continuidad de las acciones ejecutadas por los gobiernos anteriores que terminaron en repudio de la población por la evidencia de utilización de fondos del gobierno para fines particulares. El FMI es contrario a la corrupción, pero en los gobiernos de 2010-2021 dejó mucho que desear, al aplaudir varias de las acciones y políticas ejecutadas cuando Honduras navegaba en un mar de corrupción y nepotismo.
Se atribuye al Abogado Gautama Fonseca, catedrático universitario y exministro de Trabajo en el Gobierno reformista del General López Arellano, también Ministro de Seguridad en un Gobierno del Partido Liberal, la frase: “El botín de los valientes no es para los desarrapados ni campesinos, es para los “mapaches”. Se refiere a que cada vez que existe cambio de autoridades de gobierno y el partido de oposición alcanza el poder de la nación, los nuevos funcionarios reproducen las malas prácticas administrativas del gobierno anterior, especialmente lo relacionado con aprobación de jugosos salarios, carros de lujo, viáticos y contratación de sus amigos y parientes como empleados de gobierno, incluso en contra de la opinión pública y principios del partido político que la prohíben.
“Qué quieren, que andemos en bus público o a jalón, diría un Comisionado de derechos humanos que solicita aumento de sueldo a la presidenta Xiomara Castro”.
Entre las justificaciones destacan la desconfianza en personas que no tienen ninguna relación con las autoridades de gobierno, y pretenden desempeñar cargos públicos que demandan “mutua” confianza. No se pueden confiar funciones administrativas y técnicas a personas poco conocidas, que comprometen la gestión de un funcionario, sea ministro (a), director (a) de una institución o de un programa o proyecto de desarrollo que usa recursos financieros externos. Cabe destacar que el requisito de la militancia política no se pone en duda, pero sí los grados de compromiso asumidos al desempeñar el cargo público.
Hay casos donde las viejas prácticas y los nuevos funcionarios se juntan, cuando se trata de la formulación y ejecución de programas y proyectos que, curiosamente, involucran a funcionarios y técnicos del Gobierno anterior que tienen empresas de consultoría privada. En el tema de infraestructura se ha denunciado que parte de las empresas contratadas son aquellas que ejecutaron proyectos de inversión pública en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), y lo siguen haciendo en el Gobierno actual.
Ello es extensivo al otorgamiento de contratos a militantes de otros partidos políticos recomendados por diputados o alcaldes del partido de gobierno. Un ejemplo son los contratos en la Secretaria de Salud, donde los beneficiarios -en su mayoría- pertenecen al partido nacional o liberal.
En esta Secretaría, recién se ha cuestionado el nombramiento de una hermana y “cuñado” de la Ministra de Salud, Carla Paredes, como consultor en un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que, a no dudar, tiene un amplio conocimiento y experiencia para el desempeño de sus funciones. La representante de este organismo en Honduras, María José Jarquin, manifiesta que no se dará la nota de no objeción a esta persona, pero da a entender que no se opone si el cuñado es contratado con fondos nacionales, no con fondos BID.
Hay cuestionamientos al nombramiento de parientes (cercanos o lejanos) de altos funcionarios públicos en altos cargos de gobierno, devengando jugosos salarios. Es una especie de nombramiento de dedo, sin valorar la calificación académica, experiencia y méritos de las personas. Los Comandos Refundacionales del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) denuncian que varios de los nombramientos no proceden, ya que no existe evidencia de que trabajaron por el triunfo del partido y recibieron golpes y “gaseadas” en las calles.
Es manifiesta la inconformidad de la población por las “chambas” múltiples, cuando un diputado o alcalde abandona el cargo para asumir otro en el Ejecutivo, pero también desempeñarse como maestro en una escuela pública o universidad y actuar como consultor principal de su propia empresa en contratos con el Estado.
La campaña política se ha adelantado a las fechas previstas por las autoridades electoreras, y se observa en cada uno de los municipios del país reuniones de trabajo para estructurar los cuadros y obtener el apoyo de los ciudadanos. En el partido Libertad y Refundación (LIBRE), hay tres (3) candidatos en plena campaña: La abogada Ricci Moncada, Exministra de Finanzas y considerada la artífice de la firma del Convenio con el FMI de mediano plazo; el Abogado, Jorge Calix, diputado al Congreso Nacional por el Partido LIBRE, y de frente al gobierno, exigiendo el cumplimiento de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, como la venta del Avión Presidencial, ratificación del decreto de derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs) y la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Honduras ( CICIH), entre otras; también el Abogado Rasel Tomé, Vicepresidente del Congreso de la Republica.
A Rixi Moncada se le acusa de tener empleada a toda su familia en el gobierno; a Jorge Cálix de usar fondos públicos para la campaña, y Rasel Tomé por presionar para que parte de sus familiares tengan un aumento de sueldo. Son gases del oficio, y en la lucha por alcanzar el poder todas las “armas” son válidas, pero la ética también.
Otro candidato de LIBRE, Nelson Ávila, no ha dado muestras si participará con su corriente en las elecciones internas de LIBRE, siendo tentado para ser el candidato a la presidencia de la Republica por un nuevo partido, el Partido Migrante, en formación. LIBRE y, sobre todo, la candidata oficialista, no puede darse el lujo de dejar ir a Nelson Ávila sin más, ya que es la segunda fuerza política dentro del partido si se valoran y cuantifican los votos (mayormente de la juventud) sacados en las elecciones internas.
Hay dirigentes del partido LIBRE y diputados al Congreso Nacional que tratan de minimizar el problema, aduciendo que en el Gobierno de JOH, su hermana, Hilda Hernández, se nombró como Ministra de Comunicaciones y Estrategias, saltándose las disposiciones legales.
Una forma de minimizar los ataques de la oposición política, es justiciar las acciones tomadas, o sea legitimar el nepotismo. Otra es mostrar los logros del Gobierno en materia administrativa y de combate de la corrupción e impunidad, llevando a los tribunales de justicia a funcionarios del Gobierno anterior y los nombrados por el Gobierno de Xiomara Castro, pero que han abusado de sus cargos.
Se ha denunciado que varios de los diputados y exfuncionarios públicos ligados a los partidos tradicionales no serán perseguidos ni mucho menos enjuiciados por actos de corrupción, ya que existe un pacto entre LIBRE y estos partidos en el Congreso de la Republica que no lo permite.
La vigencia de un Código de Ética del Funcionario Público quedó en papel mojado, y son pocas las disposiciones legales en este campo, como también las sanciones. Hay un régimen del servicio civil que que no premia a los honrados ni a los empleados eficientes, sin claridad sobre las competencias de cada uno por cada puesto y escalonamiento de méritos y remuneraciones salariales, sumado a la estabilidad laboral.
La presidenta Xiomara Castro tiene la última palabra, puede seguir permitiendo estos abusos o tratar de minimizarlos con normas y procedimientos claros para la contratación y gestión del recurso humano que necesita un Gobierno progresista.
El “doblete” de LIBRE, o sea la segunda victoria electoral en noviembre de 2025 para retener el poder, pasa por ir cubriendo estos huecos que son producto de una práctica de gestión pública de antaño.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
