Por segunda ocasión el conservador Partido Nacional apuesta por Nasry Asfura, como su candidato para retornar a Casa Presidencial, después de su derrota en las elecciones generales de noviembre de 2021 y mientras espera que el juez natural designe la fecha de la audiencia inicial en su caso por desvío de fondos.
«Papi a la Orden”, como popularmente se le conoce en los círculos políticos, intenta reactivar al Partido Nacional tras el descrédito de los 12 años de gobiernos de esa institución política que marcaron el auge de la corrupción y el “narcoestado” hondureño.
Tegucigalpa, Honduras. –Nasry Juan Asfura Zablah, exalcalde del Distrito Central y aspirante presidencial por el Partido Nacional, se presenta ante los hondureños como un hombre sencillo, trabajador y dispuesto a “levantar el país”. Sin embargo, detrás de esa aparente imagen de humildad y cercanía con la gente, persiste un historial judicial, por su actuar al frente de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC), y empresarial que lo vincula con empresas offshore en paraísos fiscales y millonarios negocios en el sector de la construcción y la recolección de basura.
Su campaña actual se basa en una narrativa de esfuerzo y esperanza. Con sus clásicos zapatos burros,jeans, camisas arremangadas y sin faja, Asfura aparece bailando en concentraciones y repitiendo frases populares que conectan con la base conservadora de su partido.
El Partido Nacional lo promueve como la figura capaz de retomar el poder que perdió en 2021 tras doce años consecutivos de gobiernos cachurecos. En TikTok, su eslogan “activen la racha” intenta seducir al voto joven, una generación distante de la política tradicional, pero que parece sucumbir ante la imagen de un hombre que se presenta como una figura cercana al pueblo.
Pero más allá de su estrategia mediática, persisten interrogantes sobre su gestión municipal y su entramado empresarial. Asfura enfrenta procesos judiciales por crear una supuesta red de lavado de activos que desvió más de 28 millones de lempiras, entre 2017 y 2018, durante su gestión como alcalde del Distrito Central.
Vea: Requerimiento fiscal contra Nasry Asfura por malversación de más de 28 millones de lempiras
DE EMPLEADO MUNICIPAL A FIGURA NACIONAL
Su carrera política comenzó en la década de 1990, cuando trabajó como asistente de la entonces alcaldesa Nora Gúnera de Melgar (QDDG). Desde esos años, Asfura fue tejiendo una red de contactos que lo posicionó en puestos clave dentro de la administración pública.
En 2005 intentó alcanzar la alcaldía por primera vez, pero perdió en las primarias del Partido Nacional frente a Ricardo Álvarez, quien años después lanzó su candidatura a la Presidencia. Aun así, se mantuvo como regidor y fortaleció su influencia dentro de la estructura política nacional y siendo una de las figuras más emblemáticas de su partido.
Cuatro años después, en 2009, fue electo diputado por Francisco Morazán. Tras el golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales, específicamente durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) fue nombrado director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), un cargo estratégico que administraba grandes sumas de dinero destinadas a obras e infraestructura pública.
En 2013 logró ser electo alcalde del Distrito Central, cargo en el cual se mantuvo durante dos periodos consecutivos y se convirtió en un bastión político clave para el Partido Nacional. Durante su gestión, impulsó proyectos de infraestructura y programas sociales, pero también acumuló críticas por presunta discrecionalidad y opacidad en el uso de fondos y contrataciones directas.
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ACUSACIONES DE DESVÍO DE FONDOS
En octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó una solicitud de antejuicio contra Asfura y Nilvia Castillo, regidora del Partido Nacional, por el desvío de más de 28 millones de lempiras.
Según la acusación, los fondos fueron extraídos de cuentas municipales y usados para fines personales a través de 32 cheques emitidos a nombre de particulares.
Asfura y Castillo fueron acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, violación de los deberes de los funcionarios, uso de documentos falsos y fraude al desviar más de 28 millones de lempiras gastados no en obras municipales, sino que, en beneficio personal.
No obstante, el proceso judicial tomó un giro inesperado. En diciembre de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió un amparo a favor del exalcalde, impidiendo que el Ministerio Público continuará la acción penal. Posteriormente, en 2023, se declaró “sin lugar” la privación de dominio sobre seis bienes inmuebles vinculados al caso.
Después de ocho años frente a la alcaldía del Distrito Central y de salir “bien librado” de las acusaciones por desvío de fondos, fue el ungido para enfrentar a los entonces candidatos presidenciales Xiomara Castro, en alianza con Salvador Nasralla, y Yani Rosenthal, candidato del Partido Liberal que tras cumplir su condena por lavado de activos en Estados Unidos retornó a Honduras.
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NUEVOS SEÑALAMIENTOS POR DESVIÓ DE FONDOS
En 2024, pese a las acusaciones pendientes, Asfura fue nuevamente llamado por su partido para encabezar una campaña anticipada rumbo a las elecciones de 2025. Su nominación generó divisiones internas, pero también reactivó la maquinaria política nacionalista.
Ese mismo año, la Uferco reabrió el caso y presentó un requerimiento fiscal contra él y varios exfuncionarios municipales, señalando la existencia de un esquema de lavado de dinero que habría beneficiado a terceros y a empresas vinculadas con su círculo cercano.
El jefe de Uferco, Luis Javier Santos, dijo a medios de comunicación que los imputados utilizaron cuentas institucionales para desviar recursos destinados a proyectos municipales. El monto total supera los 28.5 millones de lempiras.
Junto a Asfura se imputó a los exfuncionariuo municipales, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz, por suponerlos responsables de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios. Mientras que Mario Roberto Zeron Suazo y Rony López Córdova por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Y por los delitos de lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos fueron acusados Wilmer Gerardo Rodríguez López y Roger Ariel Amador Ramírez. Mientras que Óscar Rolando Uriarte Romero fue acusado de lavado de activos.
Asfura pagó una fianza de 15 millones de lempiras para defenderse en libertad, alegando que el proceso en su contra tenía motivaciones políticas. Días después, el 4 de diciembre de 2024, un tribunal declaró nulas las actuaciones del Ministerio Público y ordenó remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia, lo que revocó todas las medidas cautelares y obligó a reiniciar el proceso desde la audiencia de imputación.
Criteriol.hn consultó al jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, para saber en qué etapa se encuentra el proceso incoado contra Asfura, y este respondió que está pendiente que el juez natural designe la fecha de la audiencia inicial.
Pese a ello, la figura de Asfura no se debilitó, por el contrario, el Partido Nacional apostó por convertirlo en símbolo de “renovación” frente al desgaste del gobierno de Xiomara Castro y los conflictos internos en el Partido Libre.
En las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, se enfrentó a la exprimera dama, Ana García Carías; al diputado Jorge Zelaya y al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Aníbal Martínez Lozano.
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EL “REY DE LA BASURA” Y SUS NEGOCIOS CON EL ESTADO
Paralelamente, el perfil empresarial de Asfura sigue siendo motivo de controversia. Nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, y de ascendencia árabe-palestina, no cuenta con formación universitaria completa. Sin embargo, ha construido un emporio en el sector de la construcción y la recolección de desechos sólidos.
Durante décadas, sus empresas han sido contratistas recurrentes del Estado y de las dos alcaldías más grandes del país: San Pedro Sula, Cortés y Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela), Francisco Morazán.
Una investigación de Criterio.hn, publicada en mayo de 2024, reveló que Asfura mantuvo intereses en AGAC de Centroamérica S.A. de C.V., DECOESA, CODENA, y otras firmas relacionadas con la gestión de residuos.
Asimismo, se estableció que Asfurza Zablah mantiene conexiones con el empresario colombiano William Vélez Sierra, mediante contratos con las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Aunque formalmente se desvinculó de algunas sociedades, los registros mercantiles muestran que los nuevos propietarios pertenecen a su mismo círculo empresarial. Incluso, la empresa Sulambiente S.A. de C.V., que recolecta basura en San Pedro Sula, tiene como socio mayoritario a AGAC, compañía fundada por Asfura.
Otra investigación de Criterio.hn, publicada en noviembre de 2021, reveló que Asfura aprovechó sus últimos días como gerente de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central —cargo que ocupó entre 1994 y 1998— para beneficiar a su empresa Cosemsa con un contrato de recolección de desechos sólidos.
El reportaje evidenció que Asfura combinó su papel político con intereses empresariales, actuando como proveedor del Estado. Además, identificó que mantenía vínculos comerciales con al menos diez sociedades mercantiles, las cuales modificaron gradualmente su estructura accionaria para ocultar su origen y evitar cuestionamientos por posibles conflictos de interés.
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SOMBRAS EN PANAMÁ: LOS PANDORA PAPERS
En octubre de 2021, el nombre de Nasry Asfura apareció en la investigación global Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).Los documentos revelaron que Asfura creó en enero de 2006, una sociedad offshore llamada Karlane Overseas S.A., registrada por el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los más utilizados por empresarios y políticos para ocultar capitales en paraísos fiscales.
Según la investigación, los movimientos financieros de Karlane Overseas S.A. eran notificados al grupo financiero Ficohsa, lo que sugiere vínculos con bancos hondureños. Aunque Asfura negó cualquier irregularidad, nunca explicó públicamente el propósito de dicha sociedad.
Juristas coinciden en que la existencia de empresas offshore no constituye delito, pero sí plantea dudas éticas y fiscales, especialmente en el caso de funcionarios públicos que manejan fondos.
Intentos de comunicación realizados por Criterio.hn con el equipo de campaña de Asfura no obtuvieron respuesta. De momento, Asfura, no ha presentado ningún plan de gobierno formal, ni una agenda de políticas públicas para enfrentar los principales desafíos nacionales: corrupción, inseguridad, educación y pobreza.
Su campaña se sostiene más en la figura de un hombre “carismático” y “austero” que desayuna baleadas, burritas y maneja su propio vehículo. Pero sus empresas y los lujos de sus familiares revelan una realidad distinta: mansiones, sociedades en el extranjero y participación en multimillonarios contratos públicos.
Esa estrategia de bajo perfil le ha permitido mantener control sobre su narrativa, pero también alimenta percepciones de opacidad. Con un proceso penal reactivado, negocios que cruzan fronteras y una candidatura basada más en carisma que en ideas, Nasry Asfura vuelve a colocarse en el centro de la escena política hondureña.
Su promesa de cambio, sin embargo, parece sostenerse sobre el mismo sistema que él mismo ayudó a construir durante 12 años de administraciones nacionalistas que derivaron en la cooptación de las instituciones del Estado, la corrupción y la construcción de un “narcoestado”.
