Analistas políticos advierten que el entorno que rodea a Nasry Asfura está compuesto por cuadros formados durante el gobierno de Hernández Alvarado, lo que refuerza la percepción de continuidad en la nueva administración.
Tegucigalpa, Honduras. – El eventual retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad y recientemente indultado por Donald Trump, a Honduras abre un nuevo capítulo de incertidumbre política, jurídica e institucional, en un contexto marcado por la transición de gobierno y el retorno del Partido Nacional al poder con Nasry Asfura Zablah, quien asumirá la Presidencia el próximo 27 de enero.
El escenario se reconfiguró tras el indulto concedido, el 1 de diciembre de 2025, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que liberó a Hernández de la condena impuesta en junio de 2024 por el juez Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde había sido sentenciado por delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
En el mismo mensaje en el que anunció el indulto, Trump expresó su respaldo político, 72 horas antes de las elecciones generales de noviembre de 2025, a Nasry Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional al que también pertenece Hernández.
La relación entre Asfura y Hernández no es circunstancial. Durante los ocho años en que Asfura se desempeñó como alcalde del Distrito Central, coincidió plenamente con los dos períodos presidenciales de Hernández, manteniendo una relación de cercanía política y administrativa.
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ESTATUS MIGRATORIO DE HERNÁNDEZ
No obstante, antes de cualquier definición política, Hernández enfrenta un obstáculo inmediato: su estatus migratorio en Estados Unidos. Según explicó su abogado, Renato Stabile, el expresidente no puede regresar a Honduras debido a que aún no cuenta con la documentación necesaria.
Stabile dijo a un medio de comunicación capitalino que, pese al indulto, Hernández no será deportado, pero tampoco está autorizado a viajar mientras las autoridades estadounidenses “no concluyan los trámites administrativos correspondientes”.
El principal impedimento es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) aún no le ha devuelto su pasaporte, situación que coloca al exmandatario en lo que su abogado definió como un “limbo legal”.
“Aunque él quiera retornar a Honduras, no puede porque no posee su pasaporte”, explicó Stabile, quien descartó una deportación al considerar que sería contraria al espíritu del indulto presidencial.
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Más allá de los trámites migratorios, el posible regreso de Hernández ha encendido las alertas en sectores sociales y políticos que recuerdan su gestión como una de las más autoritarias y violentas de la historia reciente del país. A la vez no descartan la participación activa o tras bambalinas Hernández.
Tomás Andino, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), dijo a Criterio.hn que Juan Orlando Hernández podría convertirse en el “peón principal” encargado de coordinar los ejes estratégicos que marcaron su gobierno.
Andino señaló que entre esos ejes se encuentran la promoción de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el fortalecimiento del rol militar en la vida civil, la política migratoria favorables a intereses estadounidenses y la criminalización de la protesta social.
Explicó que, estos elementos podrían reaparecer bajo la nueva administración, que iniciara funciones el 27 de enero, ya sea con Hernández como asesor, operador político o figura de influencia indirecta, incluso sin ocupar un cargo público.
Desde una perspectiva jurídica, Andino alertó que uno de los primeros impactos del retorno de Hernández podría darse en el sistema de justicia, particularmente ante el anuncio previo del fiscal general sobre una eventual orden de captura en su contra.
“Allí podría venir un reacomodo del sistema de justicia favorable a él y a sus intereses”, afirmó el dirigente de FNRP, al advertir sobre el riesgo de nombramientos que garanticen impunidad y bloqueen procesos judiciales pendientes.
En ese sentido, expresó temor al señalar que el retorno del exmandatario derive en ajustes de cuentas políticas, sometimiento de liderazgos críticos y un nuevo ciclo de represión contra movimientos sociales.
“En su época hubo mucho crimen vinculado al narcotráfico. Que venga ahora disfrazado de buena persona o de religioso no inspira ninguna confianza”, sostuvo Andino, quien insistió en que la Fiscalía debe cumplir su promesa de procesarlo por los delitos cometidos en Honduras.
En una línea similar, analistas políticos advierten que el entorno que rodea a Nasry Asfura está compuesto por cuadros formados durante el gobierno de Hernández Alvarado, lo que refuerza la percepción de continuidad en la nueva administración.
El sociólogo y analista político, Engel López, considera que la figura de Hernández sigue siendo central dentro del Partido Nacional, pese a su condena por delitos relacionados al tráfico de drogas y armas, y posterior indulto en Estados Unidos.
“Existe la idea de que, si los nacionalistas vuelven al poder, quien estará detrás de Tito será Juan Orlando, porque su círculo más cercano está compuesto por sus pupilos”, expresó el analista al ser consultado por este medio digital.
López advirtió que esta situación genera una profunda crisis de legitimidad, al punto de que amplios sectores sociales perciben que el país podría ser gobernado nuevamente por una figura señalada por el propio sistema judicial estadounidense como narcotraficante.
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FISCALÍA MANTIENE ORDEN DE CAPTURA CONTRA JOH
En diciembre de 2025, el entonces jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó a Criterio.hn que existe una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, emitida en el marco del caso Pandora II.
Santos detalló que la orden está activa desde 2023 y que ya fue comunicada a la Policía Internacional (Interpol). “Tiene orden de captura”, respondió el fiscal al ser consultado sobre la situación procesal del exmandatario.
Días después de la publicación de Criterio.hn, el fiscal general Johel Zelaya instruyó a los organismos de seguridad nacional e internacional –a través de la Policía Internacional (Interpol)— para ejecutar una orden de captura contra Hernández, en caso que ingrese al país.
Mientras se define su situación migratoria y política, el posible regreso de Juan Orlando Hernández se perfila como un factor de alto impacto para Honduras, capaz de tensionar el sistema de justicia, reconfigurar las redes criminales y el poder político, y reabrir heridas profundas en una sociedad que aún no cierra el capítulo de su controvertido lega
