Por: OFRANEH
La Ceiba, Atlántida.-Con el inminente cierre de las compuertas de la represa Barro Blanco, localizada en la comarca indígena Ngäbe Bugle, la hidroeléctrica Barro Blanco coloca en peligro de ser desalojados al menos a 270 personas.
La obra fue construida por Generadora del Istmo S.A (GENISA) propiedad de Luis Kafie, controvertido ciudadano “hondureño” implicado en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS); contando con el apoyo económico del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), el banco holandés FMO y el banco alemán DEG.
Las dos primeras instituciones bancarias se encuentran involucradas en el financiamiento de la represa de Agua Zarca, represa en el territorio del pueblo Lenca de Honduras
Según un informe elaborado por un panel independiente reveló que los bancos FMO y DEG desestimaron el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), que poseemos los pueblos indígenas, consignado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento jurídico ratificado por el estado de Panamá.
La actitud en relación a Barro Blanco asumida por la actual administración de Juan Carlos Varela, no coincide con su discurso de campaña, en cual prometió dar lugar a un diálogo, el que después de su triunfo electoral se convirtió en un monólogo, en el cual el estado de Panamá persistió en la finalización de la obra, a pesar de la oposición del pueblo Ngäbe Bugle.
Mientras Panamá se encuentra en medio del remolino mediático causado por la filtraciones los denominados Papeles de Panamá, en la ya concluida represa de Barro Blanco están a punto de cerrar las compuertas, situación que conllevará al desplazamiento poblacional y la desaparición de los petroglifos sagrados en el río Tabasará.
Las represas hidroeléctricas en Centroamérica han causado un enorme perjuicio a los desdeñados pueblos indígenas. Los casos de las represas del Chixoy (Guatemala) y el Bayano (Panamá) forman parte de la letanía de infamias cometidas en contra de los pueblos indígenas de istmo centroamericano, donde ha existido desde hace siglos una campaña de exterminación dirigida al sometimiento y erradicación de los pueblos indígenas.
Los más de 400 Mayas Achi asesinados como consecuencias de las erráticas políticas de desarrollo promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) los que no tuvieron reparo alguno para financiar la hidroeléctrica, a pesar que Guatemala se encontraban en medio de una guerra de exterminio de los pueblos indígenas.
Esta actitud demuestra la insensibilidad de los organismos financieros y su complicidad con la guerra contra los pueblos indígenas, la que persiste hasta la fecha. Tanto los casos del Chixoy y el Bayano fueron ventilados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recibieron sus respectivas sentencias.
En la actualidad, el tema de las represas en territorios indígenas en Centroamérica, continúa provocando una enorme violencia. El asesinato de Berta Cáceres y la posición asumida por el BCIE, FMO, DEG y FinnFund de desdeñar el CPLI en relación a las represas de Agua Zarca y Barro Blanco.
Luis Kafie (GENISA) fue sancionado por el Ministerio del Ambiente con una multa de us $775 mil, mediante la resolución DM-0323 del 31 de agosto de 2015, por la falta de “negociación reubicación e indemnización de los afectados por el proyecto hidroeléctrico”. Tarde que temprano, el estado de Panama recibirá una condena por denegar el Derecho a la Consulta Previa que posee el pueblo Ngäbe Bugle; y el Sr Kafie será condenado por el saqueo al IHSS de Honduras y los cientos de muertos colaterales causados por el vergonzoso latrocinio.
