Los nacionalistas niegan la afirmación de la diputada del partido Libre, pero, mientras continúan especulando escenarios, también mantiene entrampada la elección de la fiscalía, poniendo sus intereses primero y no los del pueblo
Tegucigalpa, Honduras.- Desintegrar la comisión especial encargado de investigar al exfiscal general Óscar Chinchilla y al fiscal general momentáneo Daniel Sibrián, fue el condicionante que habrían impuesto los diputados nacionalistas al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para continuar los diálogos en busca de consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), que tendrían que haber sido electas y juramentadas en los altos cargos hace 13 días.
Lo anterior lo mencionó la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quien, además, encabeza dicha comisión integrada por 9 congresistas que, de acuerdo con la información que han ventilado conforme avanza la investigación, hasta el momento han encontrado más de 10 casos en los que Chinchilla y Sibrián abusaron de su poder para cometer una serie de arbitrariedades.
“¿Saben cuál es la última condición para sentarse a dialogar (sobre el tema de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público) ?, que el presidente del Congreso desintegre esta comisión especial que está investigando a los fiscales. (Lo pidió) el Partido Nacional”, dijo la diputada oficialista en un medio de comunicación televisivo.
Agregó que “ha habido una gran cantidad de reuniones, nuestro jefe de bancada (Rafael Sarmiento) nos informa qué se trata en las reuniones (…) aspiran que el exfiscal adjunto se quede en el cargo, pero cuando la comisión presente el informe, el pueblo sabrá por qué (la oposición) quiere que se quede”.
El exministro de Transparencia Edmundo Orellana, quien fue el primer fiscal general en la historia de Honduras, opinó que los sectores políticos representantes en el Congreso Nacional, que están obstaculizando, de alguna manera, la elección del nuevo fiscal, son los interesados en que continúe la impunidad.
“El Congreso no es un órgano de decisión unánime, está dividido en doctores, uno de esos sectores no permitirá que la elección del fiscal general se haga en el tiempo establecido, mientras no se resuelve la situación personal de varios diputados con imputaciones en los tribunales”, opinó.
Mientras tanto, desde la cúpula de la bancada nacionalistas sostienen que, hasta la fecha, se han realizado pocos diálogos con el oficialismo y que nunca han pedido que se elimine dicha comisión, como parte de un pacto, para continuar con las negociaciones, como lo afirma la diputada de Libre.
La comisión de investigación, integrada por la mayoría de diputados oficialistas, que no fue nombrada ante el pleno de congresistas, ni conforma entre los jefes de las bancadas políticas, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional, por lo que se duda de su legalidad, fue nombrada el pasado tres de septiembre por Luis Redondo, quien lo anunció a través de sus redes sociales.
Luis Redondo, en su condición de presidente del Congreso Nacional, que también no está esclarecido el proceso por el que fue electo, tiene plenas facultades de nombrar comisiones, pero, por mandato constitucional, debe hacer ante el pleno y, para conformarlas, tiene que hacerlo con los jefes de bancada de cada partido político, que tenga representación en el hemiciclo.
Para el analista político Oliver Erazo, pese a que es inconstitucional que Redondo haya nombrado dicha comisión, también se otorgó y dio facultades que el Poder Legislativo no tiene, cómo ser un ente de investigación, en casos de corrupción de alto impacto.
“El legislativo no es el Ministerio Público, el Poder Legislativo no tiene esas facultades como tal (…) esa comisión simple y sencillamente responde a una estrategia de Caballo de Troya. En el fondo están generando una comisión para que intervenga el Ministerio Público”, opinó Erazo.
Aunque la manera en que Redondo abordó el problema no es constitucional, tanto Chinchilla como a Sibrián se le podrían abrir investigación por las irregularidades cometidas los años que ostentaron la titularidad, ya que han sido señalados por prestarse para la comisión de ilícitos para favorecer la clase política y económica de país.
Sin embargo, a Chinchilla, aunque lo investiguen y prueben su participación en irregularidades, sería difícil que lo capturen, ya que se marchó a Nicaragua para incorporarse como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. Ese país aloja, de igual manera, a un grupo de exfuncionarios señalados por corrupción en el gobierno de Hernández, como lo es Ebal Díaz.
En tanto, Sibrián actualmente ostenta el cargo de fiscal general de MP, ante la falta de consensos para elegir a las nuevas autoridades, ya que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional manda a que se quede en el cargo hasta que escojan a su sucesor.
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SIN ACUERDOS
Este miércoles los jefes de bancada de los distintos partidos políticos sostuvieron una reunión con el presidente del Congreso Nacional en la que concluyeron que todavía no hay logrado llegar a consensos, ya que el oficialismo sostiene la moción presentada y la oposición en pleno consenso también.
Libre, por su parte, dejó a la cabeza al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto. En cambio, la oposición, integrada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Nacional y Liberal, deja a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Gabriela Almendares como fiscal adjunto.
Desde la oposición sostienen que no permitirá un fiscal general a la altura de Libre, ya que, según argumentan, pretenden tener la concentración de poderes para lograr una dictadura y, la oposición asegura que no permitirán que continúe la hegemonía de impunidad y corrupción que mantuvieron Chinchilla y Sibrián.
Si el proceso de elección se llevara a cabo por equidad de género y meritocracia, no por componendas políticas, la abogada Jenny Gabriela Almendares, hija del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Juan Almendares, tendría que ser la nueva fiscal general de Honduras, ya que fue la mejor calificada por la extinta Junta Proponente, con una nota de 95%, seguida por Mario Morazán, quien no figura ni en las negociaciones.
