Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Sin perder las viejas prácticas, el bipartidismo se habría repartido los puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A las 8:40 de la noche se oficializó que el Partido Nacional se adjudicó ocho de los 15 magistrados y la presidencia del Poder Judicial, mientras que a los liberales les dieron siete magistrados.
La repartición de los puestos fue oficializada por el propio presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda y por el diputado de ese mismo partido, Manuel Iván Fiallos.
Hasta estas horas de la noche no han trascendido los nombres de quienes rectorarán la justicia hondureña, en un momento paradójico a raíz de que el bipartidismo se rompió en las elecciones de 2013, cuando el Partido Liberal pasó a ser la tercera fuerza política, superado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
La actitud asumida por liberales y nacionalistas pone de manifiesto la manipulación política en la justicia hondureña, ya que la Junta Nominadora presentó un paquete servido para que la repartición fuera equilibrada, pues entregó una nómina de 22 aspirantes liberales y 22 nacionalistas y un supuesto aspirante independiente.
Los acuerdos entre liberales y nacionalistas ha atrasado esta noche la elección de los nuevos magistrados para el periodo 2016-2023, ya que la sesión estaba prevista para las 5:00 de la tarde, pero se alargó al no haber consenso.
Sin embargo la sesión podría iniciar pronto porque finalmente los liberales aceptaron las condiciones planteadas por los nacionalistas y ya no contarán con los ocho magistrados y la presidencia de la CSJ, como lo habían pedido inicialmente.
La repartición de las cuotas de poder en el Poder Judicial ha sido cuestionada por los partidos opositores, Libertad y Refundación, PAC y PINU, que hasta estas horas de la noche se mantienen firmes en su posición de no votar por la nómina que impondrán los liberales y nacionalistas.
La oposición también ha adelantado que en caso que no se logren los 86 votos para elegir a los magistrados, exigirán que la votación se realice de manera pública.
