La salida del general Ramiro Muñoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmada este martes, marca el cierre de una gestión que estuvo signada por el control militar, múltiples episodios de violencia penitenciaria y el fortalecimiento de un modelo que ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
José Miguel Mejía Medina, general de brigada, fue nombrado comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario. Sin embargo, más allá del cambio de rostro en el mando, el modelo continúa siendo el mismo: control militar sobre las penitenciarías hondureñas
Tegucigalpa, Honduras. – El general Ramiro Fernando Muñoz confirmó su salida como titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), cargo que ocupó desde junio de 2023, en medio de una crisis penitenciaria marcada por la violencia, el ingreso constante de armas y drogas, y serias denuncias por violaciones a derechos humanos.
Su reemplazo será el general José Miguel Mejía Medina, quien se desempeñaba como gerente general de la Industria Militar, y fue nombrado comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario. Sin embargo, más allá del cambio de rostro en el mando, el modelo continúa siendo el mismo: control militar sobre los centros penales.
Aunque la salida del general ha sido el foco de titulares, el trasfondo va más allá de una decisión administrativa. Desde que se ordenó la militarización del sistema penitenciario mediante el PCM 28-2023, el país ha presenciado una serie de eventos violentos que reflejan el fracaso del enfoque bélico.
El decreto de emergencia penitenciaria se justificó por la masacre del 20 de junio de 2023, cuando 46 privadas de libertad fueron asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
En lugar de fortalecer una estructura civil de seguridad penitenciaria basada en derechos humanos, el gobierno apostó por entregar el control de los centros penales a las Fuerzas Armadas, en abierta contradicción con recomendaciones y estándares internacionales.
Sin embargo, lejos de devolver el orden, la estrategia ha sido acompañada de un aumento en las denuncias por violaciones a derechos humanos, varias muertes de privados de libertad, ingreso de armas y drogas, y actos violentos dentro de los recintos.
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DECOMISOS DE DROGAS, MUERTES DE PRIVADOS DE LIBERTAD Y DEMÁS RODEAN GESTIÓN DE MUÑOZ
Muñoz defendió su gestión al dejar el cargo, afirmando que “hemos avanzado 50 años en lo que se refiere al sistema penitenciario”. Según él, hubo mejoras en tecnología, infraestructura, educación y control del crimen organizado. “Hoy no podemos decir que los centros penales son las universidades del crimen”, manifestó durante una declaración a medios de comunicación.
No obstante, la evidencia recogida durante estos dos años contradice buena parte de ese discurso. Durante la intervención militar se registraron múltiples hechos violentos, incluyendo muertes de personas privadas de libertad, reyertas, denuncias por tortura y el ingreso continuo de armas, drogas y celulares.
Según varias publicaciones en medios de comunicación y fuentes de derechos humanos, al menos 17 personas privadas de libertad murieron en condiciones violentas desde la militarización. La mayoría de estos casos no ha sido esclarecida por el Ministerio Público.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en junio de 2024, cuando un recluso fue asesinado en “El Pozo”, el centro penitenciario de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, a pesar del supuesto control férreo ejercido por militares.
En abril del mismo año, se reportó una violenta reyerta en el centro penitenciario de Támara que dejó al menos dos privados de libertad muertos y varios heridos. Las autoridades atribuyeron el incidente a conflictos entre pandillas, pero no explicaron cómo ingresaron las armas blancas utilizadas.
A lo largo de 2023 y 2024, las requisas militares han dejado en evidencia un patrón inquietante: el constante hallazgo de granadas, pistolas, cuchillos, teléfonos y cargadores, lo que plantea una pregunta recurrente: ¿cómo ingresan estos objetos si el control lo ejerce la Policía Militar?
Las imágenes difundidas por la misma PMOP en redes sociales muestran decomisos masivos. Sin embargo, estos operativos parecen más una puesta en escena que un logro estructural: no hay responsables identificados, ni rutas internas desmanteladas.
En junio de 2025, agentes de la PMOP encontraron un arsenal de armas de alto poder, drogas, libretas, chalecos y municiones en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, situación que puso en entredicho el rol de los militares al frente del sistema penitenciario.
Durante la revisión, las autoridades encontraron un arsenal compuesto por pistolas de diferentes calibres, municiones, fusiles y cargadores listos para ser utilizados. Asimismo, se decomisaron alrededor de 400 mil lempiras en efectivo, drogas (cocaína y marihuana), antenas para servicios de internet, cámaras, binoculares y libretas de contabilidad.
DEFENSORES DE DDHH CUESTIONAN QUE MILITARES SIGAN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), cuestionó el continuismo del modelo militar, ahora bajo el mando del general José Miguel Mejía Medina.
“Se ha ignorado el mandato legal que establece que los custodios penitenciarios deben ser civiles. Esta persistencia militar es un retroceso institucional”, dijo a Criterio.hn el entrevistado.
Acevedo subraya que la ley del sistema penitenciario habla claramente de una transición hacia un cuerpo civil especializado. “No solo no se ha cumplido, sino que se ha retrocedido. La PMOP tiene el control absoluto, y eso no es compatible con una administración respetuosa de los derechos humanos”, añadió.
Para el abogado, la gestión de Muñoz debe evaluarse con rigurosidad, especialmente las denuncias de prácticas violatorias de derechos humanos, incluyendo castigos colectivos y malos tratos a privados de libertad.
Durante la gestión de Muñoz, también se denunciaron abusos en la penitenciaría de Morocelí, El Paraíso. Familiares compartieron imágenes de internos desnudos, golpeados, obligados a permanecer hincados o expuestos al sol como castigo.
Organismos como OACNUDH y el Comité de Familiares de Privados de Libertad han documentado varios casos similares. Sin embargo, hasta ahora no se han hecho investigaciones independientes ni se ha permitido el acceso a veedurías civiles.
“La militarización nunca fue una solución real. Sólo ha servido para ocultar el abandono del sistema penitenciario, la falta de políticas de reinserción y el colapso institucional”, lamentó Acevedo.
Además, no existe un mecanismo independiente de supervisión. El Instituto Nacional Penitenciario, en su forma actual, opera bajo una lógica castrense, sin control del Poder Judicial ni del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El PCM 28-2023 no sólo declaró la emergencia, sino que concentró la autoridad en manos de militares. Al no haberse derogado, ese marco sigue vigente, lo que implica que los centros penales continúan funcionando como espacios de excepción.
Diversas organizaciones insisten en que se debe iniciar un proceso ordenado de transición hacia un sistema civil. “No basta con cambiar al general. Se necesita una política penitenciaria con enfoque de derechos, basada en personal técnico, civil y capacitado”, insistió Javier Acevedo.
La intervención militar tampoco ha mejorado las condiciones de vida de los privados de libertad. Según testimonios de familiares, continúan los problemas de alimentación deficiente, falta de acceso a atención médica y visitas restringidas.
Además, la mayoría de los centros aún carecen de programas serios de rehabilitación o reinserción. Las penitenciarías, lejos de cumplir una función resocializadora, siguen funcionando como depósitos humanos bajo una lógica punitiva.
El cambio de mando, con la salida de Muñoz y el ascenso de Mejía Medina, mantiene el control en manos militares. Nada indica que el modelo vaya a modificarse. Mientras tanto, las muertes, los abusos y el ingreso de objetos prohibidos continúan.
