Por: Breidy Hernández

Fotos: Horacio Lorca/Criterio.hn

Tegucigalpa. –En Honduras las desigualdades sociales van en aumento, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas. Flagelos como la violencia y los femicidios están a la orden del día, lo que genera una brecha cada vez más amplia en la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

En ese sentido, las organizaciones de mujeres, juventudes y niñas hacen un reclamo enérgico al Estado para que garantice políticas públicas que erradiquen la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas.

“El Estado debe asumir la responsabilidad de la erradicación de la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas”, enfatizó Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir.

De igual manera, la coordinadora de la red de jóvenes de esta misma organización, resaltó “realmente lo que queremos, como juventudes, como infancias y como personas disidentes que resisten ante los sistemas, es que el Estado pueda asegurarnos y asegurar a las futuras generaciones, vidas dignas, de calidad, que podamos tener libertad, seguridad, acceso a la educación, salud y, sobre todo, vivir libres de violencia”.

El llamado, se hizo en la presentación de la Estrategia de Sostenibilidad de los diálogos interreligiosos e interinstitucionales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y femicidios.

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DIÁLOGOS INTERRELIGIOSOS

Esta estrategia de sostenibilidad, se construyó a través del diálogo entre la iglesia, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, juventudes, organismos internacionales y la institucionalidad del Estado y busca ser el punto de partida para la definición participativa en la contribución de la mejora de la calidad de vida de las mujeres niñas y adolescentes hondureñas.

Alice Shackelford, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Honduras, indicó la importancia del diálogo interreligioso en la prevención de la violencia hacia las niñas y mujeres, ya que “el rol de las organizaciones basadas en la fe y de la iglesia es crítico para darle un cambio a la norma cultural y social que sigue normalizando y legitimando la violencia hacia la mujer y las niñas”.

Por otro lado, el pastor evangélico de la ciudad de La Ceiba, Carlos Moncada, mencionó que uno de los retos de la iglesia para trabajar en la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, es evitar la teología radical y el tradicionalismo, porque “fomenta el patriarcado y el androcentrismo”, resaltó.

DEMANDAN COMPROMISO INTEGRAL DEL ESTADO

Pese al compromiso de algunas entidades del Estado, como la Secretaría de la Mujer y de la oficina del Programa Ciudad Mujer, para el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres y niñas, Ana Ruth García denunció que “hay una negatividad de algunos sectores del Estado”; y añadió “lamentamos la indiferencia de la unidad de género, y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que, aunque tienen una oficina de prevención de embarazo en niñas y adolescentes, no han querido participar”.

Al tiempo que demandó un compromiso integral del Estado, “exigimos que la presidenta Xiomara Castro ponga orden en su gobierno, ya que se trata que todo el Estado se integre y le apueste a la prevención de la violencia hacia las mujeres”.

FEMICIDIOS: CIFRAS ALARMANTES

La igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas deben ser temas prioritarios de la agenda nacional y global, en ese sentido, surge la iniciativa Spotlight, campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas, con el objetivo de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Las muertes violentas en Honduras siguen siendo alarmantes, como lo reflejan las estadísticas del Centro de Derechos de Mujeres que en lo que va de 2022 contabilizaban 263 decesos violentos de mujeres.

En 2021 se registraron 330 muertes violentas de mujeres, según la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

Asimismo, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), refiere que el Ministerio Público (MP) recibió 4,927 denuncias por violencia contra la mujer en los primeros seis meses de 2022. De ese total, el 33% corresponde a violencia sexual.

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Ante estos datos, Tatiana Lara, delegada presidencial de Ciudad Mujer, expresó que “es necesario articular los poderes del Estado para, realmente enfrentar de manera sería el tema de la violencia en un país donde existen las tasas más altas de feminicidio en toda América Latina”.

EMBARAZO ADOLESCENTE: OTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS

Otro de los temas que se hacen evidentes en el abordaje de la igualdad de género, es la erradicación de embarazos en niñas y adolescentes, pues Honduras ocupa el segundo lugar a nivel de Latinoamérica, de acuerdo a las valoraciones de la ONU.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refiere que la tasa de embarazos en adolescentes durante el 2021 fue de 89 por cada 1,000 niñas de entre 10 a 17 años, muy por encima de la región que se estima una tasa de 61 embarazos por cada 1,000 niñas.

Margarita Bueso, coordinadora Nacional de ONU Mujeres, resaltó la necesidad de incluir la educación de la salud sexual y reproductiva en los centros escolares, ya que los embarazos adolescentes “frustran la vida de las niñas, por eso hay que erradicar el embarazo en niñas y adolescentes a toda costa, porque es la niña la que deja de estudiar y es la niña la que pierde oportunidades”.

De igual manera, Lara es de la opinión que el Estado debe generar una diversidad de estrategias para garantizar derechos como la salud, educación y justicia.

“No puede resolverse el embarazo en niñas y adolescentes si a nuestras niñas no se le garantiza el derecho a la educación, laica y de calidad, es fundamental incluir la educación sexual y reproductiva en los centros escolares”, subrayó.

En resumen, este contexto de violencia y violaciones de derechos de las mujeres y niñas, representan una barrera para la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas, ya que afecta a toda la sociedad, sin distinción de edad, áreas geográficas, niveles educativos, socioeconómicos y generacionales.