Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Más obstáculos que avances, revela veeduría social que realizaron mujeres organizadas al cumplimiento de los artículos relacionados con la equidad e igualdad de género, aprobados en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República 2015 y 2016.
La veeduría se realizó entre enero y julio pasado por el Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), con el objetivo de analizar y documentar lo que ha pasado hasta la fecha, en relación con la aplicación del artículo 10 y el 152 de la Ley del Presupuesto General de la República.
El artículo 10 establece, de forma literal, lo siguiente: “El Estado para poder lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres impulsará, de manera transversal, la aplicación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras y el Plan Nacional contra la Violencia de las Mujeres 2014-2022 como eje transversal”.
Mientras el 152, instituye que “Del monto total de las transferencias del Gobierno Central, las Corporaciones Municipales destinarán los recursos de las transferencia de acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipalidades o bien lo contenido el Pacto Municipal por una Vida Mejor suscrito entre la AMHON y el Poder Ejecutivo, sin afectar el 5% destinado a las mujeres establecido en el inciso 1) de este artículo, debiendo notificar su decisión a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización”.
Pese a lo anterior, para las mujeres organizadas ha habido avances en cuanto a la puesta en práctica de las disposiciones del Presupuesto para etiquetarlo de género, pero sostienen que aún quedan muchos obstáculos y retos por enfrentar. La veeduría, para el caso, permitió determinar que los temas relacionados con la equidad de género no son prioridad de la agenda del Poder Legislativo y que la perspectiva de género está siendo instrumentalizada con posiciones demagógicas de los gobiernos, que firman compromisos en el marco de las cumbres y conferencias mundiales, que no se reflejan en las decisiones políticas y los presupuestos públicos.
Pese a los compromisos anteriores, en la planificación y presupuestos públicos persisten resistencias de carácter cultural y político que limitan transversalizar la perspectiva de género en el plan estratégico de presupuestos públicos del gobierno. Al revisarse el Presupuesto General de la República se detectó que las instancias de género son las que reciben menos presupuesto y las políticas públicas que han sido diseñadas y aprobadas en algunas Secretarías de Estado no cuentan con gastos etiquetados de género (INAM, Juzgados de Violencia Doméstica, Fiscalía de la Mujer, Unidades de Género y OMM).
Las Unidades de Género que existen en algunas Secretarías de Estado, no tienen ninguna interacción con las Unidades de Planeación y Presupuesto para poder consensuar en propiciar cambios en los instrumentos, lineamientos operativos que permita incorporar objetivos e indicadores de género en los Planes Estratégicos de la institución. Asimismo, que las y los funcionarios se apropien de conceptos y categorías de género encaminados a sensibilizarlos desde esta perspectiva.
Por otro lado, se detectó que la politización partidaria de los programas asistencialistas de gobierno han generado discriminación en las mujeres pobres, porque las que no pertenecen al partido de gobierno no son beneficiarias de esos programas.
La precariedad de las Oficinas Municipales de la Mujer
Una de las situaciones lamentables que se evidenció con la veeduría, es que las Oficinas Municipales de la Mujer –OMM-, enfrentan una institucionalidad precaria por la falta de recursos económicos y de apoyo político, pues no tienen acceso a participar en la toma de decisiones a nivel de los Planes Estratégicos y de presupuesto, al mismo tiempo que desconocen el monto de la transferencia que le asigna el gobierno a las municipalidades, para exigir el cumplimiento del 5% que establece el Artículo 152 de las Disposiciones Generales.
Las OMM carecen de la formación teórica, metodológica e instrumental-operativo desde la perspectiva de género, para poder incidir con cambios en la elaboración de los Planes Estratégicos y presupuesto, que les permita, a su vez, construir indicadores para medir el impacto del uso de los recursos, desagregar información por sexo, edad, etnia, etc., y así avanzar en presupuestos sensibles al género, a nivel del gobierno local.
En algunos municipios las OMM enfrentan conflictos con las redes de mujeres, por factores de carácter político, falta de compromiso de algunas OMM con la agenda política de las redes de mujeres. Por otro lado, las OMM no tienen la capacidad técnica y financiera para atender las demandas y propuestas de las mujeres y para evitar confrontaciones con las autoridades municipales, prefieren callar o mantener una posición pasiva.
Finalmente, la veeduría destaca que las acciones de las OMM se han visto limitadas porque las y los alcaldes, especialmente los de afiliación nacionalista, apoyan más los programas en el marco del Pacto Municipal “Por una Vida Mejor”.
¿Qué se recomienda?
Luego de analizar los diferentes escenarios y los retos trazados, el CEM-H recomienda establecer una ruta de incidencia con las y los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo que toman las decisiones sobre los procesos de planificación y distribución de los recursos en los presupuestos públicos, para priorizar temas que establece el II PIEG para posicionarlos en el Plan de Nación y Plan Estratégico de Gobierno.
Por otro lado, se sugiere continuar con las alianzas estratégicas entre la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional y la Comisión de Presupuesto, Secretaría de Finanzas, el INAM y las organizaciones de mujeres y feministas, para lograr mantener las disposiciones generales de Presupuesto del 2017 y analizar qué otros cambios se pueden operar a nivel legislativo.
Las mujeres apuntan a la promoción de la revisión de la Ley Orgánica de Presupuesto, para analizar qué elementos conceptuales normativos de las disposiciones generales se pueden incorporar en la Ley. Además, consideran oportuna la creación dentro de las instituciones, de las comisiones interdisciplinarias con expertos en finanzas, presupuestos y género en lo que compete al diseño de Presupuestos Sensibles al Género, debido a que el personal de las secretarías no cuenta con la sensibilidad de género ni con la formación teórica, metodológica y técnica.
Asimismo, capacitar a las Redes de Mujeres en las labores de veeduría y auditoría social para vigilar y monitorear la transparencia en el uso de los fondos tanto del Presupuesto Municipal como la transferencia del 5% que asigna a las OMM.
