Antes de presentar este recurso ante la Corte Suprema de Justicia, los pueblos originarios ya habían solicitado, por medio del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, que el decreto 93-2021 fuera declarado nulo. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta
Tegucigalpa, Honduras. – Desde las primeras horas de la mañana, al menos 85 mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes se congregaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial contra el decreto 93-2021.
El recurso se enfoca en cuatro artículos del decreto, vinculados al delito de usurpación y los desalojos preventivos, aprobados como parte de la reforma al Código Penal hondureño en el año 2021.
Portando una manta con la consigna “Las mujeres indígenas somos protectoras de nuestros territorios ancestrales”, las manifestantes caminaron desde el área verde de la calle principal, hasta la Sala de lo Constitucional, donde formalizaron la presentación del documento legal.
Seguidamente se asentaron en la plaza central. Allí, mediante cánticos y consignas, hicieron un llamado al Poder Judicial para que reconozca y respete los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes pertenecientes a los pueblos Maya-Chortí, Garífuna, Pech y Tolupán.
Entre cantos que honraban la memoria de Berta Cáceres, líder ambientalista y símbolo de la lucha por la defensa del medio ambiente, demandaron una resolución favorable a la derogación de los artículos cuestionados.
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DECRETO VIOLATORIO DE DERECHOS
Erica Gómez, representante de las mujeres lencas, destacó que exigen esta acción porque, además de afectar a los pueblos originarios, no fueron consultados sobre las reformas.
«Lo decimos como pueblo, porque llegan a nuestras comunidades sin orden alguna, nos desalojan, nos despojan de nuestro territorio y nos obligan a deambular por las calles, sabiendo que el territorio nos pertenece, ya que nuestros ancestros nos lo dejaron», afirmó.
De su lado, la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, criticó la constitucionalidad del decreto 93-2021, señalando que viola tanto normas legales como derechos fundamentales.
Destacó la falta de consulta a la Corte Suprema de Justicia en su creación, así como su impacto en los territorios indígenas, permitiendo desalojos sin control judicial y desplazamientos forzosos.
Oliva también señaló que el decreto afecta especialmente a las mujeres indígenas, quienes son las principales protectoras de los territorios, la abogada pidió la derogación total del decreto y la revisión de su legalidad por parte de la Corte Suprema.
Esta no es la primera vez que se expresa oposición al decreto 93-2021, anteriormente, comunidades del sur de Honduras, junto con organizaciones de derechos humanos, solicitaron al Congreso Nacional, por medio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la derogación parcial de este decreto.
Porque utiliza la figura de «usurpación de espacios públicos», criminaliza a las poblaciones que defienden la tierra y el territorio, estas peticiones han sido encabezadas por las comunidades de la península de Zacate Grande, en Valle, y Los Prados, en Namasigüe, Choluteca
