Por: Aimée Cárcamo
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –Dos son los grandes proyectos de Angélica Méndez para este 2021; el primero, entrar a la universidad para estudiar química industrial y el segundo, sacar su tarjeta de identidad para ir a votar por primera vez.
Esta adolescente residente en Tegucigalpa y egresada de bachillerato cumplirá hasta mayo los 18 años, por tanto, no está registrada para votar en las elecciones primarias del 14 de marzo, pero espera con ilusión las elecciones generales de noviembre para poder ejercer ese derecho.
Su interés en participar en este proceso tan importante para la democracia no es un caso aislado, ya que según el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) las mujeres fueron las votantes mayoritarias en las elecciones generales de 2013, aunque no las más votadas.
El derecho a elegir y ser electas reconocido en 1955 gracias a la lucha de los movimientos feministas organizados, no ha significado su plena y efectiva participación y representación política.
Fue 25 años después de ese logro histórico que dos mujeres resultaron electas cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, en 1980.
En los siguientes seis procesos electorales no llegaron a tener ni el 10 % de representación en el Congreso Nacional.
Pese a las reglas electorales que obligan a los partidos políticos a incluir a las mujeres en las planillas, entre 1981 y 2017 solo 169 lograron una diputación frente a 1,071 hombres, según el informe La representación política de las mujeres (2019), del Centro Carter.
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En el 2000 fue aprobada la cuota del 30 % de participación política de las mujeres; en 2012, la del 40 %; y en 2016, la del 50%, pero los partidos han desarrollado estrategias para “simular cumplirlas”, señala la organización.
Las mujeres representan el 51.3 % de la población, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pero siguen teniendo una menor participación que los hombres, incluso en las elecciones primarias.
En la práctica, los partidos tampoco presentan candidaturas paritarias en las elecciones generales. Uno de los problemas es que las reglas electorales inclusivas solo aplican para las precandidaturas internas, de cuyos resultados dependen las listas de candidaturas para las generales, en función de la cantidad de votos alcanzados.
“El sistema político hondureño está excluyendo de manera sistemática a la mitad de la población del proceso de toma de decisiones”, lo que dificulta que pueda ser denominado como “democrático”, apunta el Centro Carter.
MUJERES NO SE SIENTEN REPRESENTADAS
La reducida participación de las mujeres es más grave en el nivel municipal, en el que solo 23 de los 298 municipios están bajo el mando de una alcaldesa.
Según un estudio del Centro Eurolatinoamericano, a menor escala territorial, más invisibilidades se reproducen contra las mujeres, que son relegadas y desplazadas a la esfera privada, es decir al hogar, cuyas responsabilidades asume de manera desproporcionada.
Y si son mujeres, pobres e indígenas, la discriminación se triplica.
En ese contexto destaca el occidental departamento de Santa Bárbara, donde están ocho del total nacional de municipios que son dirigidos por mujeres.
Este año las mujeres podrían alcanzar la mitad de los 28 municipios del departamento, “pero no necesariamente esa representación cuantitativa es cualitativa para nosotras”, dijo la integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Betty Vásquez.
La mayoría de las alcaldesas del departamento son nacionalistas y siguen el mismo modelo vertical dentro de su partido, sin respetar los derechos de las mujeres. Ni siquiera las dos de Libre han significado una diferencia para las pobladoras, agregó Vásquez, quien también es integrante de la Red de Mujeres de Santa Bárbara, que tiene presencia en 15 municipios.
En una de esas dos alcaldías, la coordinadora de la oficina de la mujer que estaba haciendo trabajos “más allá de esos cosméticos que a veces les dicen que hagan para mantener entretenidas a las mujeres” fue despedida “porque tenía un perfil y un liderazgo tan alto que la alcaldesa se sentía opacada”.
Es así como “falta mucha formación política, mucho empoderamiento, mucho desaprender porque a veces muchas mujeres hacen lo mismo que hacen los hombres” en cuanto a prácticas mezquinas y perjudiciales, dice Vásquez.
De los nueve diputados de Santa Bárbara una es mujer, pertenece al Partido Nacional y “lleva siete periodos consecutivos, pero jamás ha legislado en favor de las mujeres, jamás le ha interesado la agenda de las mujeres”, dijo la lideresa departamental. “Creen que hablar de las mujeres es mandarles flores y regalarles un pastel”, criticó.
Es más, añadió, “esa diputada, como otras diputadas del occidente de Honduras, son incluso las que votan a favor de políticas nefastas” para los derechos de la población femenina, como la reforma al artículo 67 sobre el aborto.
Tampoco los grupos feministas se sienten representados por las mujeres que han llegado al poder.
La reforma para endurecer la prohibición del aborto es un ejemplo de cómo el tema de las mujeres es usado para conseguir votos, pero también de la falta de representatividad que hay, dijo la defensora legal de la Red Lésbica Cattrachas, Astrid Ramos.
El papel de las diputadas “nos hizo saber que tener mujeres en el Congreso tampoco es una garantía de que van a legislar a favor de nosotras”, manifestó.
El día del debate, la mayoría de los que hablaron fueron hombres y las pocas veces que participaron las diputadas “fue en contra de las mujeres”, dijo Ramos, quien deploró “papeles nefastos” como el de la diputada nacionalista Waleska Zelaya.
También dejó mucho qué desear la titular del Instituto Nacional de la Mujer (Inam), “la máxima representante de las mujeres en Honduras ni siquiera dio una opinión, se llamó al silencio”, recordó.
En ese sentido, “tener mujeres mientras le sirvan al sistema o mientras carezcan de poder real para tomar decisiones y decir sus opiniones sin miedo a represalias, o que definitivamente sean misóginas, es lastimoso”, opinó Ramos.
A su criterio, uno de los problemas es que las mujeres se han acostumbrado a ceder espacios.
“Sabemos que el patriarcado también actúa para ponernos a nosotras mismas en contra”, expresó la profesional del derecho, “pero mientras no tengamos a mujeres comprometidas, que no teman tomar una posición públicamente” y que no cedan por miedo a no salir reelectas “creo que no vamos a avanzar”.
Para Merly Eguigure, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, “son contadas con los dedos de las manos las diputadas que efectivamente hacen suyas las reivindicaciones estratégicas más importantes de las mujeres”.
Además, funcionarias como la ministra del Inam solo responden a los intereses del gobierno y de su partido y solo algunas mujeres “han tenido la valentía, la fuerza y el coraje de impulsar algunos temas”.
Pero no solo los intereses partidarios mueven a algunas funcionarias y servidoras públicas por quienes las mujeres organizadas no se sienten representadas.
Desde una tesorera municipal que transfirió fondos de la alcaldía a la cuenta de su madre, como consta en un informe de 2019 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), hasta una vicepresidenta del Congreso Nacional incluida ese mismo año en una lista de corruptos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casos de mujeres implicadas en actos de corrupción son cada vez más visibles.
Funcionarias de mandos intermedios, alcaldesas, diputadas, ministras y primeras damas son orquestadoras, cómplices e instrumentos en casos sonados como la Caja chica de la dama, Pandora, Red de Diputados, Corrupción sobre ruedas y Hermes, entre otros.
Aunque hay un sesgo de género en la percepción de la corrupción, que es más atribuida a los hombres, los estudios sobre psicología social han demostrado que la honestidad e integridad no son condiciones consustanciales a ser hombre o mujer, dice el estudio del PNUD Género y Corrupción en América Latina (2014).
El estudio reconoce también que no hay evidencia sólida que vincule la presencia de mujeres en las posiciones de dirección y decisión con una mayor o menor corrupción.
Lo que sí está demostrado es que “la corrupción tiene un impacto negativo en el empoderamiento y la participación de las mujeres”.
El riesgo de enfrentar las consecuencias es uno de los factores que pueden explicar una actitud diferente de hombres y mujeres frente a la corrupción.
“En contextos donde el riesgo es bajo o nulo -o donde incluso es más riesgoso enfrentar la corrupción que plegarse a ella- los incentivos juegan en favor de ser más tolerables a la corrupción y a mayor probabilidad a involucrarse en corrupción”, analiza el estudio.
En pocas palabras, la impunidad alienta a los corruptos, en este caso a las corruptas. Y esa impunidad se puede traducir también en el voto inmerecido en las urnas, en la indiferencia de los electores o en la ausencia de las candidatas idóneas para el país.
“Si nos quejamos de los malos gobiernos, si nos quejamos que los partidos políticos están mal, entonces ¿qué acciones debemos tomar?”, se pregunta la feminista y precandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Francisco Morazán, Ana Lucía Pérez.
Su respuesta es que la gente “que sí vale la pena tiene la obligación” de participar en el proceso electoral.
“Hay mucha gente enemiga del pueblo en el poder”, dice la precandidata que busca una diputación por primera vez.
Los derechos de las mujeres también han estado mal representados por las mismas mujeres.
A las diputadas “les ha faltado más”, dice la feminista, “tal vez por cuidar el curul no se han tratado algunos temas” como la despenalización del aborto y el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), entre otros.
“Me parece que están haciendo mal su labor, pero yo no solo les voy a exigir a las diputadas, sino a los diputados porque también les pagamos para que nos representen bien y sería machista solo exigirles a las mujeres”.
La participación en estas elecciones primarias de precandidatas a diputadas “hablando de aborto libre, de matrimonio igualitario, aunque seamos pocas, es un avance”, agregó.
Por su postura a favor del aborto y los derechos de la comunidad LGBT, Pérez ha sido atacada con comentarios misóginos por parte de políticos conservadores.
Y así como la mayoría de las aspirantes, ha tenido que competir en condiciones de desventaja frente a los contendientes varones que tienen una mayor proyección en los medios.
“Generalmente, los hombres son a quienes más entrevistan, son los más conocidos”, reconoce Ana Lucía.
En un monitoreo de once foros y debates en televisión realizado entre diciembre pasado y enero por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), la participación de las mujeres fue de 8.3 % mientras que la de los hombres de 91.7 %.
SIMULANDO LA PARIDAD
Además de ser invisibilizadas, las mujeres deben enfrentar otras barreras impuestas por partidos políticos que no están interesados en cerrar la brecha de género.
En Santa Bárbara, por ejemplo, se aprovechan de mujeres con un “analfabetismo enorme” a las que usan de “relleno” para cumplir con la paridad, dice Betty Vásquez.
A estas aspirantes de bajo perfil las eligen también como estrategia para que resulte electa la gente que los movimientos o partidos han decidido, “una falta de respeto a la dignidad de la compañera que con qué humildad o con qué confianza o con qué sueño da sus datos para ser inscrita”.
En occidente, dice Vásquez, los perfiles de candidatas a alcaldías y diputaciones son muy bajos, en parte, porque las mujeres son las más empobrecidas.
“Me consta que acá en Santa Bárbara hay candidatos a alcalde, y del partido Libre, no digamos en los otros partidos, que les ponen a las candidatas a diputadas una cuota de dinero para apoyarlas y meterlas en un combo en los procesos internos”, pero muchas no pueden pagar.
Es tal el descaro, que el día que la gente va a votar le dan un papelito con los números de los candidatos que han apoyado económicamente a esa alcaldía, “desde ahí para mí empieza un fraude electoral”, denuncia.
Y las que tienen el dinero para competir están alejadas de los proyectos y propuestas de las mujeres, “ellas tienen más posibilidades de salir (electas), pero no nos vamos a ver representadas ni como mujeres ni como lencas”.
Para la activista social, “a las mujeres nos deberían preguntar a quiénes queremos como candidatas”, pero “no nos consultan, ellas aparecen o las ponen”.
La presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afro Hondureñas (Red-MIAH), Gloria López, dijo por su parte que la participación de las mujeres en política tiene que ver también con organización y formación política.
Sin eso, “vamos a seguir participando solo para que nos tomen la foto”, porque hasta ahora los espacios que les han dado los partidos políticos a las mujeres, sobre todo a las indígenas, han sido de relleno o para decir que son incluyentes, apuntó.
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas estipula que los partidos políticos deben destinar el 10 % de la deuda política para la capacitación y promoción política de las mujeres, pero en la práctica eso no ocurre.
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La autoridad electoral debería controlar la implementación de programas de formación técnica en política para las mujeres, sobre todo jóvenes e indígenas con capacidades de liderazgo y perfil para optar a cargos de elección popular, recomienda el Centro Carter.
MACHISMO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La profesora Jacqueline Trejo es un ejemplo de los obstáculos que enfrentan muchas aspirantes por ser mujeres.
En estas elecciones primarias intenta por tercera vez llegar a la alcaldía de Macuelizo, en Santa Bárbara.
En 2013, perdió frente al candidato nacionalista por 75 votos, según el TSE, aunque las actas de las mesas electorales la daban como ganadora.
En 2017, volvió a perder contra el candidato de ese partido que lleva más de quince años gobernando en el municipio.
“El pueblo nos ha respaldado, pero quienes ostentan el dinero y el poder lo han impedido”, dijo la precandidata de Libre que llegó a pedir recuento de votos, pero el TSE no lo permitió.
En el actual proceso electoral ha tenido que enfrentar además el machismo dentro de su partido, en el que otro precandidato a la alcaldía la ha descalificado “diciendo que tiene que ser un hombre” el candidato para poder aspirar a administrar un municipio.
“Me da rabia saber que hay hombres en pleno siglo XXI creyendo que las mujeres no podemos gobernar, que es un espacio nada más para los hombres, cuando la historia nos dice que lo han hecho tan mal porque la mayoría de los hombres son los que han estado en los principales cargos, tanto a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y también en las corporaciones municipales”.
Con dos derrotas previas en circunstancias dudosas, el otro argumento es que por ser mujer no ha sabido defender su triunfo y que se necesita a un hombre “para que se pueda enfrentar a otro hombre”.
Trejo cuenta que, en 226 años de vida municipal, Macuelizo solo ha tenido una mujer alcaldesa que “por cierto, lo hizo muy bien, demostró que las mujeres tenemos la capacidad para gobernar”.
Julia Carranza es también precandidata a una alcaldía por Libre, en el occidental municipio de Copán Ruinas, en Copán. Es profesora y ambientalista.
“Viendo la situación con este gobierno ineficiente, inútil y corrupto, creo que debemos integrarnos en este proceso”, reflexionó.
“Si los buenos nos hacemos a un lado le estamos dejando el espacio a los corruptos” que se han enriquecido dejando más empobrecido a los municipios y al país, añadió la precandidata que busca el cargo por segunda vez.
En 2017 no logró pasar de las primarias. El otro precandidato de su partido, un hombre machista que no quería perder ante una mujer, infló los resultados para quedar como candidato de Libre, pero en las generales no logró ni la mitad de los votos que supuestamente había obtenido en las internas.
Como defensora de los territorios, ha sido un obstáculo para los intereses del actual alcalde del municipio, de filiación nacionalista, quien “pagó a gente de su partido para que fuera a votar en contra mía” e impedir su participación en las primarias.
“Estamos en un pueblo muy conservador donde los hombres piensan que solamente ellos pueden participar, o pueden gobernar, o pueden decidir”, lamentó Carranza.
En los últimos 66 años, “nosotras hemos avanzado en lo político, en el sentido de que hoy en día podemos votar, podemos ser electas, podríamos decir que tenemos capacidad para tener representación, pero es relativa”, dijo la historiadora Anarella Vélez Osejo, catedrática de Estudios de la Mujer de la UNAH.
La situación de las mujeres hondureñas tiene que ver quiénes están ejerciendo el poder en el país, “que es un sector sumamente conservador y sin ética”.
Y por el otro lado, con el hecho de que “la educación de nuestras mujeres todavía no es suficiente como para que ellas mismas sean capaces de determinar quién es la persona que realmente puede representar sus intereses”.
En Honduras, la educación está tan abandonada justamente para evitar los cambios que se necesitan, aseveró.
No obstante, se muestra optimista, pues cree que las cosas empiezan a cambiar aun en medio de la adversidad porque las mujeres están tomando conciencia de sus posibilidades.
Si bien es cierto que el camino de las mujeres hacia una participación política plena, efectiva e igualitaria está lleno de barreras, los procesos electorales como el que se avecina son oportunidades de cambio.
El voto es la herramienta más efectiva que tiene la población para obligar a los partidos políticos a ubicar a las mujeres en sus filas, en las planillas y en los cargos públicos.
Este domingo 14 de marzo, al menos 2,912 hombres y 1,782 mujeres de tres partidos políticos competirán por una candidatura para las elecciones generales de noviembre en los niveles presidencial, municipal, al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano. Las cifras no incluyen a los precandidatos ni precandidatas municipales de Libre, ya que fue imposible hacer un conteo debido a que muchas casillas no tenían foto y los nombres eran ilegibles.
Desde este espacio estaremos atentos al proceso electoral en el que, si bien la participación de los hombres casi duplica al de las mujeres, veremos si se van dando pasos al frente o retrocediendo en la representación de la otra mitad de la población sin cuya inclusión el país está lejos de ser una democracia.
