A pesar de contar con su primera presidenta mujer, la representación femenina en el Congreso se sitúa apenas en un 27%, lo que evidencia la necesidad de acciones concretas para asegurar una participación equitativa en la política
Con un alarmante registro de 231 femicidios en 2024 y 51 muertes violentas de mujeres en solo los primeros meses de 2025, las organizaciones enfatizan que es vital actuar contra la impunidad y proteger los derechos de las mujeres
Tegucigalpa, Honduras. – En el marco del Día Internacional de la Mujer, diferentes organizaciones de mujeres llegaron a los bajos del Congreso Nacional para exigir un alto a la violencia de género y una mayor participación política en el país.
Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, destacó la importancia del Día Internacional de la Mujer como un momento histórico para conmemorar la resistencia de las mujeres en su lucha por los derechos. «Hoy es un día histórico, se conmemora una lucha de resistencia donde las mujeres debemos seguir exigiendo nuestros derechos», afirmó García.
La violencia es el principal flagelo que enfrentan las hondureñas, el Boletín de datos de violencias contra las mujeres y femicidios de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, establece que en 2024 se registraron 231 femicidios en Honduras, una cifra que refleja la grave crisis de violencia de género que afecta al país.
En lo que va del año 2025, desde enero hasta el 7 de marzo, ya se han documentado 51 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que pone de manifiesto la continuidad y el alarmante aumento de esta problemática.
EXIGENCIAS CLAVE
En este contexto, enfatizó que la demanda es histórica y que las deudas del Estado hondureño son grandes. «Exigimos que el Estado asegure nuestras vidas, ya que los femicidios y la impunidad siguen siendo una realidad alarmante. No se hace absolutamente nada, no se investiga», subrayó
De acuerdo con las organizaciones de mujeres, la impunidad en las muertes violentas y femicidios en el país centroamericano super el 95%.
García planteó otras exigencias clave que deben ser atendidas con urgencia. En ese sentido, demandó la aprobación de la Ley integral contra todas las violencias hacia las mujeres, que garantice protección y justicia. Dicha propuesta fue entregada a la presidenta Xiomara Castro, el 8 de marzo de 2022.
Por otro lado, hizo un llamado a evitar nuevamente la prohibición del uso y comercialización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), advirtiendo que cualquier restricción sería un retroceso en la garantía de derechos para las mujeres. «Es fundamental que se respete nuestra autonomía y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos», enfatizo García.
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA
A pesar de que Honduras cuenta con su primera presidenta mujer, la representación femenina en el Congreso Nacional se sitúa apenas en un 27%, y las alcaldesas representan solo un 6.37% de las corporaciones municipales.
Estos números reflejan una realidad alarmante: aunque las mujeres constituyen el 52% de la población y tienen una participación significativa en el padrón electoral, continúan enfrentando barreras que limitan su acceso a posiciones de decisión y liderazgo político.
La lucha por la paridad no solo se centra en la cantidad, sino también en la calidad de la participación política. La Plataforma exige acciones concretas que vayan más allá de los discursos, como la implementación efectiva de leyes que promuevan la igualdad de género en los espacios de poder. Otra ley que esta a la espera de ser aprobada en el CN es la Ley contra la violencia política a las Mujeres, que pese a las exigencias de aprobación antes del inicio del proceso electoral de 2025, la misma sigue cubriéndose de polvo en el legislativo.
La falta de representación equitativa impide que las mujeres puedan influir en políticas públicas que afectan directamente sus vidas, perpetuando así un ciclo de desigualdad y violencia.
Por ello, las organizaciones de mujeres remarcan que es fundamental que las instituciones estatales asuman su responsabilidad y garanticen un entorno donde las mujeres no solo sean electoras, sino también elegidas, contribuyendo a una democracia inclusiva y representativa.
