La promesa incumplida de adquisición de tierras es el motor de su protesta, enfrentando la hostilidad oficial que refleja la cruda realidad de la lucha campesina en el país centroamericano
Tegucigalpa, Honduras. – Eran las 10:30 de la noche del lunes cuando salieron de Jutiapa, Atlántida, al menos 25 mujeres del movimiento campesino Las Galileas, su destino: llegar a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Tegucigalpa, capital de Honduras, para exigir a las autoridades el cumplimiento de la promesa de adquisición de un para adjudicarlo a las ocho empresas asociativas que integran dicho movimiento.
Nolvia Albertina Obando, lideresa de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas, dijo a Criterio.hn que la razón de la visita al INA es la exigencia de sus derechos. “Necesitamos tierra para trabajar, exigimos respeto a nuestros derechos”, expresó Obando, quien fue capturada y criminalizada durante un desalojo violento en la comunidad de La Bomba, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, costa norte de Honduras.
La defensora de derechos humanos estuvo privada de su libertad durante cinco meses y todavía tiene un proceso abierto. En ese sentido, refirió que el proceso de criminalización no ha sido “nada fácil”.
El 22 de noviembre de 2023, el movimiento de campesinas sostuvo una reunión con el director del INA, Francisco Fúnez y el subdirector Rafael Alegría, quienes se comprometieron a adquirir un terreno por la vía de la compra para adjudicarlo al Movimiento de Mujeres.
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RECIBIDAS A REGAÑADIENTES
El grupo de mujeres campesinas, que viajó en autobús toda la noche llegaron a las instalaciones del INA esperando ser atendidas, a eso de las ocho de la mañana, al llegar les informaron que el Francisco Funes, director de esta institución, no se encontraba y que llegaría a las diez de la mañana.
Luego de una espera paciente, Francisco Funes llegó a las 10 con doce minutos, “estoy ocupado hasta las cinco de la tarde, cómo las voy a atender”, expresó.
Ante la petición de José Soto, procurador del INA en el Litoral Atlántico, y que acompañaba al grupo de mujeres, de atenderlas al menos cinco minutos, el titular del INA reaccionó enojado, “todos los campesinos son igualitos”, expresó el funcionario refiriéndose a las exigencias constantes de los movimientos campesinos, ante la falta de respuestas que solucionen el conflicto agrario y la tenencia de la tierra.
Además, Funez minimizó la lucha campesina, según él las muertes violentas que se han registrado de campesinos que exigen su derecho a la tierra es “entre los mismos campesinos”, obviando los intereses de terratenientes y agroindustriales.
“Yo las tengo priorizadas porque son mujeres y tengo la orden de ayudar a grupos de mujeres, no sólo a machos”, afirmó, sin embargo, no se reunió con ellas.
Al cabo de las once de la mañana, una comitiva integrada por Javier Talavera, asesor de director del INA, de Francisco Funes; Luis Morel, encargado de comisión de avalúos del INA y Lenin Funes, enlace de la Comisión de Seguridad Agraria, por parte de la Secretaría de Seguridad, quien además es hijo del titular del INA.
Lenin Funes aseguró al movimiento de mujeres campesinas que, en aproximadamente un mes y medio, es decir a mediados de junio, la comisión de avalúos visitará la comunidad de Jutiapa para evaluar el terreno de 305 manzanas, ubicadas en el municipio de Balfate, Colón, la opción que tienen las mujeres de Las Galileas para tener un acceso a la tierra y ya no las criminalicen.
El enlace de la Comisión de Seguridad Agraria, por parte de la Secretaría de Seguridad, Lenin Funes desconocía que el movimiento de mujeres campesinas sufrió desalojos violentos en el 2023, además aseguró que en lo que val del año solo un desalojo se ha realizado. Foto: Breidy Hernández/Criterio.hn
Reiteradamente, Lenin Funes, pidió a las mujeres que tuvieran “paciencia”, además señaló que se comprometían a darle solución ante la critica situación que enfrentan las mujeres campesinas.
El informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), señala que sólo en 2023, luego de la implementación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, se registraron al menos 37 desalojos, la mayoría en perjuicio de empresas campesinas y cooperativas agrarias, siendo los departamentos con mayor incidencia Colón (8), Atlántida (8) y Yoro (6).
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QUEREMOS TRABAJAR
El Movimiento de Mujeres Campesinas “Las Galileas”, surgió el 22 de mayo de 2022, en la aldea La Bomba, está integrado por 115 mujeres –en su mayoría madres solteras—, de las cuales, siete son mujeres con discapacidad, 85 hombres adultos, 396 niños, niñas y adolescentes entre uno a 17 años, sumando 596 personas, las cuales están organizadas en ocho empresas asociativas de Mujeres: Las Galileas, Galileas, Santa María, Tierra de Galilea, Mujeres de Nazaret, Mujeres Libres, Mujeres de Galileas, Tierra Prometida. Todas estas empresas están afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Bessy Barahona, también del movimiento de mujeres Las Galileas, contó a Criterio.hn que al ser mujeres han sido estigmatizadas y violentadas. “No nos han respetado como mujeres ni nuestros derechos, sólo queremos trabajar para darle de comer a nuestros hijos”.
De igual manera, María Rosales, una mujer de 65 años, también viajo durante 10 horas para hacerse escuchar, en sus manos sostenía una pancarta con la leyenda “522 años de lucha por la tierra”, demostrando que la lucha histórica por la tierra y los territorios en Honduras ha sido una batalla constante en los que las comunidades campesinas han defendido sus derechos y su conexión con la tierra.
María Rosales, expresó a Criterio.hn que debido a la desigualdad social al no tener los recursos necesarios ni el acceso a la tierra “se tienen que aguantar”, refiriéndose a la criminalización y a los desalojos violentos que han experimentado.
Además, contó que en la comunidad hay muchas mujeres cabezas de hogar que se quedaron sin un lugar a donde ir, luego de la destrucción de sus casas y de las plantaciones que habían cultivado.
El Instituto Nacional Agrario (INA), entregó entre el 2011 y 2020, un total de 78,975 títulos de propiedad a nivel nacional de los cuales el 62.7% corresponden a títulos entregados a hombres y el 37.3% a mujeres.
