Tegucigalpa, Honduras.- Eran las tres de la tarde del pasado 5 de diciembre en el barrio Las Colinas, una comunidad del sureño departamento de Choluteca. Cuatro agentes policiales, a bordo de dos motocicletas, intentaban detener a un menor de edad por sospecha de un delito, sin presentar una orden judicial. Esta acción se ampara en la suspensión de garantías constitucionales permitida por el estado de excepción vigente.
El intento de arresto, carente de justificación, tomó un giro inesperado cuando la madre del menor apareció gritando: “¡Es un menor! ¿Por qué me lo van a capturar?”. Su intervención fue acompañada por Toby, el perro de la familia, que, siguiendo su instinto, ladró insistentemente a los agentes, provocando que soltaran al menor tras un breve forcejeo.
Ya con su hijo a salvo, la madre intentó alejarse, pero Toby continuó ladrando a los policías. En un video que se viralizó en redes sociales, se escucha a uno de los agentes gritar: “¡Pégale un tiro a ese perro hijueput*!”. Acto seguido, el uniformado apuntó al canino y le disparó con su arma de reglamento. Sin mostrar remordimiento, los policías subieron a sus motocicletas y abandonaron el lugar, como si nada hubiera ocurrido.
Tras el episodio que acabó con la vida de Toby, el perro que murió intentando proteger a su familia, el Ministerio Público (MP) reaccionó con tibieza al presentar un requerimiento fiscal contra Edwin Fernando Corea Núñez, el policía que disparó su arma. Paralelamente, la institución policial inició una campaña a favor de los perros, en un aparente intento de apaciguar a una población enardecida que exige justicia y que ve este acto como un reflejo de las prácticas abusivas y arbitrarias que han marcado el accionar de la Policía Nacional.
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UNA MUESTRA DE REALIDAD DE LO QUE ES LA POLICÍA
Christian López, coordinador jurídico de Cristosal, afirmó en conversación con Criterio.hn que la muerte de Toby desnudó nuevamente la realidad oculta de la institución policial: agentes intolerantes, agresivos, sin preparación en derechos humanos y con una cuestionable capacitación sobre el uso adecuado de armas, demostrando un desconocimiento de los contextos en los que estas deben ser desenfundadas y utilizadas, cuando es el último recurso.
“El acto, más allá de lo lamentable que es la muerte del perro, refleja un abuso de autoridad que suele ir de la mano con la acción policial. Esto es solo una muestra de las muchas arbitrariedades que solapan y vulneran el debido proceso durante detenciones. En el contexto del estado de excepción, estas prácticas son evidentes: se realizan detenciones, pero a menudo se producen daños a los bienes, a la integridad física y psicológica”, valoró López.
López mencionó que este caso evidencia una serie de violaciones que agravan el abuso de autoridad y atentan contra el debido proceso, utilizando un nivel de fuerza excesivo. Recordó que el reglamento interno de la Policía exige un control riguroso del uso de armas y municiones, que solo deben emplearse como último recurso, en situaciones de legítima defensa. En este caso, aseguró, el uso del arma no es justificable.
El Artículo 153 del Reglamento General de la Policía Nacional de Honduras establece que las municiones asignadas a cada policía deben ser controladas y contabilizadas. Este artículo señala que todo agente es responsable del uso adecuado y justificado de las municiones que le sean entregadas, y que se debe llevar un registro detallado de las mismas para garantizar su uso conforme a los principios de legalidad y proporcionalidad.
De igual manera, López instó a que el requerimiento fiscal replantee la imputación de los delitos, considerando la convergencia de varias faltas, como el abuso de poder, para que en el momento procesal oportuno se presenten pruebas que permitan una nueva tipificación de los cargos.
“Es crucial que en el requerimiento fiscal se replanteen los delitos imputados. Sería necesario un análisis jurídico que contemple la convergencia de varios delitos, especialmente el abuso de autoridad. Esto podría reflejarse en el hecho de que una autoridad, que debería garantizar protección, abusó de su poder. En el momento procesal oportuno, sería importante aportar pruebas para que el juez considere una nueva tipificación del delito”, explicó.
Luego que el Ministerio Público señalara a Edwin Fernando Corea Núñez por maltrato animal, el Juzgado de Letras en Choluteca le dictó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que se defenderá en libertad, y la audiencia inicial está programada para el próximo 19 de diciembre del presente año.
Corea Núñez, además de enfrentar el proceso judicial, fue separado temporalmente de la Policía Nacional para que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales(DIDADPOL) lleve a cabo una investigación. Esta podría concluir en una resolución que implique su separación definitiva de la institución, debido a la ejecución de un procedimiento policial inapropiado.
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EVIDENCIA QUE NO SE ESTÁN CUMPLIENDO CON EVALUACIONES PSICOLÓGICAS
El psiquiatra Juan Carlos Munguía cuestionó que este hecho vino a desnudar además que no se están cumpliendo con los exámenes psicométricos que deben realizarse periódicamente a cada agente, con el fin de evaluar si están aptos para portar un arma de fuego y, sobre todo, para convivir con la sociedad.
“Este antecedente demuestra que los policías enfrentan situaciones de mucho estrés, en las cuales un civil no podría lidiar. Sin embargo, debido a su preparación, deben saber en qué momento utilizar su arma, como último recurso. Quedó demostrado, una vez más, que lamentablemente hay uniformados que no están aptos para convivir con la sociedad. Esto demuestra que no existen protocolos adecuados de evaluación, ya que se evidenció la falta de control de impulso por parte de los servidores públicos”, mencionó Munguía en pláticas con Criterio.hn.
El Artículo 100 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, junto con el Reglamento Interno, subraya la necesidad de que los agentes sean evaluados regularmente en función de su salud mental, con énfasis en su capacidad para actuar dentro de los protocolos establecidos y evitar situaciones peligrosas para la comunidad. Esto forma parte de las políticas de control, evaluación y formación continua que buscan asegurar la efectividad de la institución, así como la seguridad pública.
En conclusión, este caso, sumado a las más de 900 denuncias contra policías y militares por abuso de autoridad que tiene la Fiscalía, pone de manifiesto, una vez más, lo que el defensor de derechos humanos y abogado constitucionalista Joaquín Mejía ha denunciado históricamente: la Policía no está preparada para interactuar con la sociedad. Sus procesos de regulación son ineficaces y, lamentablemente, el principal afectado es el civil, quien los observa con temor, a pesar de la tranquilidad que debería ofrecer el lema institucional “servir y proteger“.
