Exfuncionarios, jueces y un diputado están señalados por el Ministerio Público como parte de una estructura que, usando contratos y laudos irregulares, habría desviado más de tres mil millones de lempiras de fondos estatales. La operación dejó huellas en cuentas personales y familiares de los implicados
Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra una extensa red integrada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces.
Según las investigaciones del MP, en el transcurso de más de dos décadas, este grupo orquestó un fraude para despojar al pueblo hondureño de más de 3,000 millones de lempiras (L3,084,223,255.38) mediante demandas ilegales sustentadas en contratos irregulares y laudos arbitrales sin valor legal.
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¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?
Entre los acusados figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona Padilla; el actual diputado, subjefe de bancada del Partido Nacional y exsecretario de Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), Nelson Javier Márquez Euceda; la excoordinadora de Gobierno, Martha Vicenta Doblado Andara; la exdirectora de SEDECOAS-FHIS, Eva María Vásquez Villanueva; el apoderado legal de NAINSA, Juan Fernando Madrid Lezama; Caronte Rojas Zavala, integrante del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados; y representantes legales de las empresas DRC Inc. y NAINSA.
El caso se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch. El Estado, usando fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a DRC Inc –firma estadounidense no autorizada para operar en Honduras—, que subcontrató ilegalmente a NAINSA. Ambos consorcios simularon ser entidades independientes y promovieron demandas fraudulentas contra el Estado, utilizando un laudo arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones establecen que, para consumar el fraude, la red utilizó procesos arbitrales con irregularidades: desde la presentación de escritos falsos hasta la aplicación de reglamentos no publicados oficialmente. Uno de los procesos concluyó con una condena millonaria contra el Estado.
Pese a que resoluciones judiciales habían anulado el laudo desde 2009 y 2013, en 2019 la jueza Irissabel Miranda Hernández admitió una nueva demanda basada en dicho laudo. Posteriormente, en 2020 y 2021, se firmaron convenios extrajudiciales donde se acordaron millonarios pagos al margen de los procesos judiciales ordinarios, sin contar con la debida validez legal.
Un elemento señalado por el ente investigador del Estado es la posible utilización de certificados médicos falsos para justificar ausencias clave en audiencias, como en el caso del funcionario de la Procuraduría General de Republica (PGR) Héctor Alvarado Mejía.
Los fondos desviados, según las indagaciones, terminaron en cuentas personales de los involucrados y sus familiares, y se identificaron pagos de hipotecas y transferencias hacia terceras personas encargadas de garantizar la aparente legalidad de los procesos.
El Ministerio Público enfatiza que ningún funcionario o particular puede, en ninguna circunstancia, evadir su responsabilidad, y que este caso marca un precedente en el combate frontal a la corrupción y el desvío de recursos estatales.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas acciones judiciales contra otros posibles implicados.
CAPTURADOS
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, a través de su cuenta de X informó que, se logró la captura de cuatro personas clave en la red de corrupción. Los detenidos son Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymundo Esaú Grádiz Vilorio y Nelson Javier Márquez Euceda.
Nelson Javier Márquez Euceda, quien era señalado por su papel clave en el millonario fraude de más de 3,000 millones de lempiras contra el Estado. Márquez, enfrenta acusaciones relacionadas con la comisión de fraude y otros delitos derivados de su participación en una red que operó durante dos décadas para desviar fondos públicos mediante contratos y laudos arbitrales irregulares.
En el mismo operativo fue detenido el juez Reymundo Gradis Vilorio, acusado del delito de prevaricato judicial. Grádiz Vilorio habría emitido resoluciones arbitrales en perjuicio del Estado, provocando millonarios pagos ilegales y favoreciendo los intereses de la estructura criminal investigada por el Ministerio Público.
