A pocos días de ventilar la denuncia ante el ojo público, la subsecretaria Julissa Villanueva sufrió un atentando, mientras se conducía en su vehículo, junto a sus escoltas policiales, en la colonia América, cerca del aeropuerto Toncontín, en la capital
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, ya lo había revelado, y la misma institución a la que sirve lo desestimó, el Ministerio Público (MP) confirmó que parte del arsenal de armas y municiones encontradas en la escena del crimen, en la que fueron asesinadas 46 privadas de libertad, el pasado 20 de junio, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), pertenecían a la Policía Nacional.
Lo anterior lo reafirmó Roberto Blen, abogado que dirige la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), después que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, ventilara, con evidencias, que no sólo en la cárcel ubicada en Támara, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, encontraron municiones de la institución armada, sino que hasta en los cuerpos de las víctimas.
“Lamentablemente sí (…) no se puede obviar que esas municiones eran propiedad del Estado, eso se evidencia con la pericia. En los cuerpos se habían encontrado balas de 9 milímetros y había uno de calibre 45”, precisó en un foro televisivo el fiscal encargado de llevar el proceso de investigación de la masacre en PNFAS.
Agregó que “vea que cosas, sólo hay una bala de 45 milímetros y un casquillo de 45 en toda la escena, el arma cuando se decomisó estaba encasquillada, significa que, hicieron el disparo, mataron a la persona, pero el arma después no funcionó; quedó inservible”.
Sin embargo, precisó que no todos los casquillos de bala encontrados, marcados con las siglas “IMI.PN”, que significa Industria Militar Israelí, fueron utilizados por las privadas de libertad que se encargaron de fulminar a sus compañeras de cárcel, sino que en la mayoría fueron percutidos por los policías a la hora de ingresar a la penitenciaría, después de la masacre.
“Cuando entraron los cuerpos de seguridad a tomar el control del centro penal, hicieron algunos disparos, y esos son los casquillos que están ahí, que es una cantidad mínima y estaban al lado del área administrativa del centro penal”, dijo el abogado que, de igual manera, reiteró que los uniformados no dispararon en contra de ninguna privada de libertad.
La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, presentó esta denuncia ante la población, que terminó reafirmado el Ministerio Público, hace pocos días, sin embargo, la Secretaría de Seguridad en lugar de acuerpar la expuesto por la funcionaria, la desmintió y se las adjudicó “a título personal”.
Villanueva, mientras comparecía en un foro televisivo, en el que estableció la denuncia, detalló que el 96% de casquillos de bala encontrados y algunas armas pertenecen a la institución que lidera el general Gustavo Sánchez.
Esta denuncia acuerpada por el Ministerio Público, pero no por la institución para la que sirve, le ha traído una serie de consecuencias a la funcionaria, como ser víctima de acoso e intimidación pública, por parte del personal que trabaja en la misma Secretaría de Seguridad.
“Si quieren y creen que yo miento, puedo demostrar de dónde vienen, y vienen del interior de la Secretaría de Seguridad. ¡Ya basta!, sentémonos señor ministro (Gustavo Sánchez) a trabajar en pro de Honduras”, escribió la funcionaria, que de 2013 a 2018 trabajó como directora de Medicina Forense del MP, y fue despedida por el exfiscal adjunto Daniel Sibrián.
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¿Cómo avanza el proceso de investigación?
El fiscal Blen, encargado de llevar a cabo este proceso de investigación, en pocas palabras precisó que, tras cinco meses de registrarse la masacre, todavía no tienen las pruebas necesarias para presentarlas ante los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en consecuencia, poner a la orden de las autoridades a las personas encargadas de ejecutar la masacre.
“Si bien es cierto, nosotros queríamos tener para el 2023 ya presentada la causa criminal, pero las pericias son extensas; las pericias telefónicas no son tan sencillas por la escasez de peritos que tenemos. Muchos de los campos ya están resueltos”, explicó el abogado.
Para justificar que llevan cinco meses trabajando en la investigación y todavía no tienen la información de los orquestadores, aseguró que “no es tanto el tiempo, sino la calidad y el profesionalismo con el que trabajamos. Si usted corre se tropieza, entonces, nosotros estamos supervisando que el trabajo tenga la calidad requerida”.
Después de explicar el motivo por el que todavía no han presentado acusaciones en contra de privadas de libertad, lamentó que, gran parte del personal penitenciario asignado en PNFAS, permitió el ingreso de armas, mismas que, en su mayoría, según Villanueva, pertenecían a la misma Policía Nacional.
“No se puede obviar la irresponsabilidad de esos centros penales al permitir el ingreso de esa barbaridad de armas y municiones que fueron utilizadas, que puso en evidencia la fragilidad no sólo de los centros penales, sino que también del personal que estaba asignado”, mencionó.
“Imagínese que tenían un sistema de cámaras de video, pero no había personas para estar monitoreando, es decir, ahí perfectamente se hubiera detectado que había movimiento sospechoso y no había nadie observando esos monitores, desde ahí vemos que había un descuido”, agregó.
Video de la entrevista del fiscal. Cortesía: Frente a Frente de Televicentro.
Lo paradójico del caso es que a Julissa Villanueva desde el 10 de abril del corriente año se le designó el control de todos los centros penales del país, luego que se registraran varias reyertas, orquestadas por privados de libertad pertenecientes a estructuras criminales, por lo que se podría entender que el fiscal, de alguna manera, la responsabiliza por la masacre en PNFAS.
Tras el sangriento hecho, que enlutó a 46 familias hondureñas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, incumplió con una de sus promesas de campaña política, y encomendó la intervención penitenciaria a las Fuerzas Armadas (FF. AA), de la mano de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
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Entonces, desde el uno de julio de este año, las militares, pese a que históricamente han sido denunciados por violar los derechos humanos, tienen el control de las cárceles, sin embargo, también se han registrado reyertas y, hasta han alargado su expediente violatorio, luego que se ventilara con el jefe de la PMOP, coronel Ramiro Muñoz, amenazara a uno de sus subordinados.
