Empresa contratada por funcionarios del CNE para el transporte del material electoral no poseía capacidad técnica y logística, según las autoridades del Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras. – Durante la noche del pasado lunes 31 de marzo el Ministerio Público a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), presentó un requerimiento fiscal contra seis ciudadanos, por la presunta contratación fraudulenta de la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. la cual fue beneficiada con un contrato de más de 64 millones de lempiras.
Las investigaciones realizadas por el ente acusador, dejaron al descubierto, que Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Raúl Amilcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hercules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la comisión evaluadora del CNE, habrían incumplido sus obligaciones al recomendar la contratación de una empresa sin flota vehicular y sin la capacidad técnica para el transporte seguro del material electoral.
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CONTEXTO
El proceso de elecciones primarias celebrado el domingo 9 de marzo, quedó marcado por los retrasos generados por la falta de material electoral y por las diversas denuncias de fraude originadas tras la inauguración de las urnas.
Los hechos suscitados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, dieron pie a la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, en la que se concluyó con la acusación de cinco funcionarios del Consejo Nacional Electoral, a quienes la fiscalía señala por fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
El requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público, señala además, que la Comisión Evaluadora del CNE, no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes pese a lo establecido en los pliegos de condiciones, por lo cual la fiscalía señala presuntas acciones colusorias entre los funcionarios acusados y la empresa contratista.
Por su parte, el Fiscal General del Ministerio Público, Joel Zelaya, manifestó mediante una comparecencia pública con medios de comunicación que la empresa favorecida por los funcionarios del CNE no cumplia con los requisitos de idoneidad, al señalar que esta debió tener 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies, 82 camiones livianos de 12 pies y que contaba únicamente con 10 cabezales y dos camiones.
Zelaya aseguró, que el excoordinador del Proyecto Transporte del CNE, Joel Ramos García, presentó un estudio en el que manifestó que para transportar el material electoral se necesitaban 43 millones de lempiras y que tras la presentación de ofertas solicitó 21 millones de lempiras más.
El fiscal agregó además, que el 10 de abril se escuchará a los consejeros, señalando que todos tienen la responsabilidad de declarar en igualdad de condiciones.
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EL CAMINO QUE SE DEBIÓ TOMAR
Dennis Gómez, experto electoral y exmagistrado del Tribunal Nacional Electoral, explicó en una entrevista con Criterio.hn que el pueblo hondureño debió conocer a través de un informe del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas de Honduras lo que realmente sucedió en el Centro Logístico Electoral y ver a detalle todo el tema del transporte que comprometió la integridad electoral.
El exmagistrado del TNE, explicó que aunque si bien el CNE debe dar respuesta a lo sucedido, las Fuerzas Armadas están obligadas constitucionalmente a dar cuentas a la nación sobre lo que dejaron pasar, pues remarca que ese intento de boicot no es producto de la generación espontánea, sino más bien de algo planificado para que los hechos se registraran como sucedieron.
El jurista explicó que los tres consejeros que ejercen como propietarios tienen una responsabilidad en el tema de la cual no se pueden desligar, y que aunque ya hay requerimientos contra algunos señalados, es necesario que haya más investigación por parte del Ministerio Público para que los autores intelectuales de los hechos aparezcan.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, señaló la necesidad de que brinden un informe que detalle de qué manera la institucionalidad fue violentada estando ellos presentes, pues afirmó que por mandato de la Constitución poseen la responsabilidad de custodiar.
Sobre los delitos electorales, Gómez manifestó, que durante años han formado parte de la impunidad, y aunque señala que estos delitos han pasado al Código Penal, afirma que no ha visto sanciones que se puedan resaltar o recordar, lo que evidencia la impunidad de la que goza el país.
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¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LOS RETRASOS?
El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, explicó durante comunicaciones con Criterio.hn que el atraso del material electoral es la verdadera causa del caos que se generó el 9 de marzo, recalcó que no fue la contratación debido a que estaban los autobuses, que aunque según el CNE se estaba incumpliendo con el contrato, los materiales finalmente fueron cargados.
A criterio del exsecretario de Estado, el problema real no es como se está haciendo ver, remarcó que el verdadero problema fue el boicot del proceso de aquellos que impidieron que los buses llegaran a los centros de votación que es hacía donde el Ministerio Público debe apuntar.
Orellana señaló, que la deuda pendiente es identificar la identidad de los responsables que impidieron que los autobuses se movieran, los responsables de dejarlos sin custodios en la calle y quienes ordenaron que los buses deambularan por las calles para que no llegaran a los centros de votación, resalta que todo lo demás se trata de un asunto administrativo.
A criterio del abogado y analista político, Luis León, los impases registrados el pasado 9 de marzo poseen distintas aristas entre las que señaló la aprobación tardía del presupuesto, la aprobación y publicación tarde en el Diario La Gaceta, la extensión de espacios a los partidos políticos para la realización de cambios en las papeletas, que son solo algunas de las razones que obligaron a que en la madrugada del día de las elecciones continuarán imprimiendo papeletas.
El jurista señaló, que la manipulación política se da en este tipo de procesos y que dicha acción debería servir para reflexionar que no se puede dejar que Honduras siga siendo gobernada por tres partidos políticos.
En cuanto a la acción del Ministerio Público, el analista manifestó estar de acuerdo pues señala que la Comisión de Evaluación efectivamente cometió un error al recomendar la contratación de la empresa, sin embargo, apunta a que eso no resuelve el problema porque se debió verificar el contrato y vigilar la implementación y la calidad del cumplimiento, por lo que remarca que hay toda una investigación que debe hacerse y que deben ser los tres consejeros los encargados de dar la cara.
