Organizaciones sociales y ambientales alertan que el nuevo ciclo político puede profundizar el extractivismo y la criminalización de la protesta, mientras se consolida un modelo que prioriza la inversión y el negocio sobre la protección de los bienes comunes y los derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras. – Con el regreso del Partido Nacional al poder y el cogobierno del Partido Liberal, los movimientos sociales vuelven a colocarse en el centro de la escena nacional, llamados a defender derechos, territorios y democracia desde las calles y las comunidades.
Ante el inicio de un nuevo gobierno –liderado por el partido Nacional, marcado por presuntas irregularidades electorales y la injerencia directa del presidente estadounidense Donald Trump—, el sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, Ismael Moreno, más conocido como “Padre Melo”, advirte que el movimiento social no puede seguir al margen de las decisiones políticas que definen el rumbo del país.
“En estos últimos cuatro años, el movimiento social ha estado como observador, espectador de un escenario político conducido fundamentalmente por los partidos políticos y específicamente por las cúpulas partidarias”, cuestiona Moreno.
Moreno plantea que el periodo que comienza a partir del 27 de enero, con el inicio del nuevo periodo constitucional de cuatro años, debe marcar un giro en la participación ciudadana organizada. “El desafío es que para este próximo periodo es dejar de ser espectadores a convertirse en protagonistas”, subraya, al señalar que la crisis política y social puede convertirse en una oportunidad histórica para que las organizaciones populares recuperen iniciativa.
El religioso remarca, además, que la gravedad de la crisis exige respuestas desde abajo y no solo acuerdos entre élites. “Tiene que ser, en la medida que la crisis es tan profunda, la gran oportunidad para que el movimiento social emerja lanzado con propuestas que se conviertan en movilización nacional”, afirmó. A su criterio, esa movilización debe apuntar a “la construcción de una propuesta nacional transformadora desde los movimientos sociales”.
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ARRAIGO TERRITORIAL Y VISIÓN NACIONAL
El padre Melo advirtió que cualquier intento de articulación debe evitar estructuras sin base social real. Para ello, propone que una articulación genuina se construya “con arraigo territorial, visión nacional e internacional sin perder las demandas locales”.
Entre las prioridades, mencionó las demandas a la tierra y las causas agrarias, ambientales y de defensa de los bienes comunes de la naturaleza, así como la justicia y los derechos humanos. “Demandas definidas a la tierra, agrarias, ambientales, en defensa de los bienes comunes de la naturaleza y demanda de la justicia y de los derechos humanos”, precisó, insistiendo en que solo una articulación amplia y enraizada podrá enfrentar la crisis democrática y la desconfianza en las instituciones.
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TEMOR POR INCREMENTO DE AGRESIONES TERRITORIALES
Las organizaciones ambientales y territoriales ven con preocupación la llegada de un nuevo gobierno identificado con posiciones de derecha y cercano a los grandes grupos empresariales. Para el defensor ambiental Pedro Landa, este giro político implica “un temor fuerte” de que las agresiones contra los territorios se incrementen de manera desproporcionada, en un país donde comunidades indígenas, campesinas y urbanas ya cargan con décadas de conflictos socioambientales y territoriales.
Para Landa, el nuevo ciclo político no solo amenaza con ampliar la explotación de recursos naturales, sino que lo hace bajo un discurso maquillado de sostenibilidad. “Se avecina un proceso de incremento de la explotación de los recursos naturales y ahora con el riesgo de que todas estas prácticas están disfrazadas de energía verde, de energía azul, de proyectos amigables con el medio ambiente y orientados a garantizar la vida”, señaló.
En la práctica, dijo, detrás de muchos de estos proyectos se esconde “una privatización y una nueva forma de explotación de los recursos naturales”, donde se usan etiquetas como renovables, verdes o climáticamente responsables para legitimar concesiones, represas, parques eólicos, solares o iniciativas en zonas costeras sin consulta ni consentimiento de las comunidades.
Landa recordó que esta tendencia no es exclusiva de Honduras, sino parte de una dinámica global discutida recientemente en la COP30, realizada en Belém, Brasil, donde se ha denunciado el uso del discurso climático para profundizar la mercantilización de la naturaleza. Aseguró que Honduras ha asumido compromisos en esta línea, lo que, sin controles y participación social, puede traducirse en una expansión del “greenwashing” en nombre de la acción climática.
